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La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei recibi\u00f3 el rechazo de m\u00e1s de 500 intendentes de todo el pa\u00eds, quienes, a trav\u00e9s de un documento, aseguraron que \u00abno tiene nada de moderno\u00bb.<\/p>\n
La reciente propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei ha levantado una oleada de cr\u00edticas por parte de m\u00e1s de 500 intendentes de diversas regiones del pa\u00eds. Agrupados bajo la Federaci\u00f3n Argentina de Municipios (FAM), estos l\u00edderes comunitarios han expresado su profundo desacuerdo a un proyecto que consideran retr\u00f3grado y desfavorable para las condiciones laborales y el bienestar social.<\/strong><\/p>\n En su declaraci\u00f3n conjunta, los intendentes fueron categ\u00f3ricos al calificar la reforma de Milei como un retorno a las pr\u00e1cticas laborales arcaicas del a\u00f1o 1900. Expresaron que, lejos de crear empleo, el proyecto podr\u00eda facilitar despidos y desmantelar los derechos laborales arduamente conquistados por los trabajadores argentinos. Seg\u00fan el documento, la implementaci\u00f3n de esta ley implicar\u00eda una precarizaci\u00f3n absoluta de las relaciones laborales, debilitando significativamente la posici\u00f3n de los empleados dentro del marco laboral nacional.<\/strong><\/p>\n El ministro de Transformaci\u00f3n y Desregulaci\u00f3n, Federico Sturzenegger, es la figura detr\u00e1s de esta iniciativa, elaborada como parte del Consejo de Mayo. Desde la FAM, se critica la reforma por promover lo que describen como una \u00abmodificaci\u00f3n laboral anticuada\u00bb, trayendo a la memoria anteriores intentos fallidos de modernizaci\u00f3n que resultaron en la erosi\u00f3n de la seguridad laboral, como la controvertida ‘Ley Banelco’ en la d\u00e9cada de los noventa.<\/strong><\/p>\n Los l\u00edderes municipales est\u00e1n especialmente preocupados por el impacto econ\u00f3mico que podr\u00eda derivarse de una reducci\u00f3n general en la masa salarial formal, lo cual consideran que podr\u00eda desestabilizar el consumo y descarrilar la actividad econ\u00f3mica de las provincias y municipios. Esto, advierten, limitar\u00eda la capacidad de los gobiernos locales para atender necesidades esenciales en \u00e1reas como educaci\u00f3n, salud y seguridad.<\/strong><\/p>\n De forma paralela, el gobierno nacional contin\u00faa con las negociaciones para lograr la aprobaci\u00f3n de esta reforma en el Congreso, una tarea que enfrenta resistencia no solo de los intendentes, sino tambi\u00e9n de algunas provincias que manifiestan su preocupaci\u00f3n por los cambios fiscales propuestos. Mientras tanto, se contin\u00faan planificando encuentros para discutir posibles modificaciones al marco tributario e identificar formas de mitigar los impactos adversos en la poblaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n