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\n\t\t\t\t\t\t\tEl diputado provincial Santiago P\u00e9rez Pons present\u00f3 una denuncia penal contra el intendente de la localidad chaque\u00f1a Presidencia Roque S\u00e1enz Pe\u00f1a Bruno Cipolini, la secretaria de Econom\u00eda Alejandra Mar\u00eda Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos p\u00fablicos destinados a inversiones financieras.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n judicial sostiene que el Ejecutivo municipal habr\u00eda colocado recursos estatales en instrumentos burs\u00e1tiles de alto riesgo dentro del Mercado Argentino de Valores (MAV), a trav\u00e9s de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin respaldo presupuestario espec\u00edfico ni autorizaci\u00f3n formal del Concejo Municipal. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos, incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico y negociaciones incompatibles con la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Fuentes cercanas al Ejecutivo municipal consultadas por PERFIL se\u00f1alaron que la administraci\u00f3n considera haber actuado dentro del marco legal vigente y, seg\u00fan reconstruy\u00f3 este medio, se encontrar\u00edan preparando una respuesta institucional a la denuncia.<\/p>\n
Inversiones municipales bajo sospecha<\/p>\n
El planteo penal describe una presunta operatoria financiera en la que el Municipio habr\u00eda adquirido cheques de pago diferido en segmentos no garantizados del mercado burs\u00e1til, lo que implicaba asumir el riesgo crediticio directo de empresas privadas emisoras.<\/p>\n
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Seg\u00fan surge del escrito judicial, varias de esas operaciones habr\u00edan derivado en rechazos de pago al vencimiento, lo que podr\u00eda haber comprometido recursos del erario p\u00fablico. En la denuncia se mencionan estimaciones period\u00edsticas que ubican el posible perjuicio econ\u00f3mico municipal en torno a los $2.500 millones, dentro de una operatoria general del mercado que habr\u00eda generado p\u00e9rdidas cercanas a los $12.000 millones.<\/p>\n
El documento sostiene que parte de los fondos invertidos podr\u00edan haber tenido afectaci\u00f3n espec\u00edfica, es decir, recursos destinados por normativa a servicios esenciales, programas sociales u obras p\u00fablicas. Bajo esa hip\u00f3tesis, el desv\u00edo hacia inversiones burs\u00e1tiles podr\u00eda configurar una aplicaci\u00f3n distinta a la prevista legalmente.<\/p>\n
Sin embargo, la comuna sostiene que tambi\u00e9n result\u00f3 afectada por la operatoria financiera investigada y que analiza avanzar con acciones legales orientadas al recupero de los fondos comprometidos, al igual que otros actores del mercado que habr\u00edan resultado perjudicados.<\/p>\n
El presupuesto municipal<\/p>\n
Uno de los aspectos m\u00e1s sensibles de la denuncia se apoya en el an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las Ordenanzas Presupuestarias 9263 y 9406, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.<\/p>\n
De acuerdo con la documentaci\u00f3n incorporada, el Presupuesto 2025 fij\u00f3 un c\u00e1lculo general de recursos superior a los 57.459 millones de pesos, incluyendo un esquema de financiamiento por m\u00e1s de 14.235 millones, mientras que para 2026 ese financiamiento proyectado se elevar\u00eda a cifras cercanas a los 27.170 millones, lo que representar\u00eda un crecimiento cercano al 91%.<\/p>\n
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El planteo judicial destaca que los propios cuadros presupuestarios reflejar\u00edan un escenario de d\u00e9ficit estructural, con proyecciones de desequilibrio financiero que alcanzar\u00edan aproximadamente los $9.222 millones en 2025 y superar\u00edan los $19.000 millones en 2026.<\/p>\n
Dentro de ese contexto, la denuncia plantea una pregunta: c\u00f3mo un municipio que proyecta d\u00e9ficit y prev\u00e9 cubrir gastos mediante endeudamiento podr\u00eda disponer de excedentes para realizar inversiones burs\u00e1tiles especulativas de alto riesgo.<\/p>\n
El escrito sostiene adem\u00e1s que en la estructura presupuestaria no existir\u00eda una partida espec\u00edfica que habilite inversiones financieras no bancarias ni resoluciones administrativas que documenten individualmente cada colocaci\u00f3n de fondos, su monto, su destino ni la evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica del riesgo econ\u00f3mico.<\/p>\n
Seg\u00fan informaci\u00f3n recabada por PERFIL, se pudo confirmar que la relaci\u00f3n operativa con la Bolsa de Comercio del Chaco no es reciente, el Municipio realiza operaciones financieras a trav\u00e9s de ese \u00e1mbito desde al menos el a\u00f1o 2018, bajo mecanismos que, seg\u00fan sostienen, contaron hist\u00f3ricamente con controles administrativos y validaciones de los organismos de control correspondientes.<\/p>\n
El alcance de las facultades del Ejecutivo municipal<\/p>\n
Otro de los ejes del conflicto judicial gira en torno a los l\u00edmites legales de las atribuciones del intendente para modificar partidas presupuestarias. Si bien la normativa municipal autoriza al Ejecutivo a realizar compensaciones internas para garantizar el funcionamiento administrativo, la denuncia sostiene que esas facultades no habilitar\u00edan la realizaci\u00f3n de operaciones financieras fuera del sistema tradicional de administraci\u00f3n p\u00fablica, ni la colocaci\u00f3n de fondos en instrumentos burs\u00e1tiles sin respaldo normativo expreso.<\/p>\n
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El planteo remarca que la Resoluci\u00f3n 14\/96 del Tribunal de Cuentas establece que los administradores p\u00fablicos deben mantener un perfil de inversi\u00f3n conservador, orientado a la preservaci\u00f3n del patrimonio estatal.<\/p>\n
Fuentes del Ejecutivo remarcaron que las decisiones financieras del Municipio se encuadraron en instrumentos tradicionalmente utilizados para la administraci\u00f3n de excedentes temporales de liquidez, con el objetivo de generar respaldo financiero frente a compromisos estacionales como el pago de aguinaldos y obligaciones salariales.<\/p>\n
La explicaci\u00f3n de la Bolsa del Chaco y el debate sobre el riesgo financiero<\/p>\n
En medio de la pol\u00e9mica, el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, brind\u00f3 explicaciones p\u00fablicas sobre la operatoria. En declaraciones al medio Diario Chaco, el directivo sostuvo que \u201clos inversores sab\u00edan que eran instrumentos negociados en tramos no garantizados\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 Barrios Cima, las operaciones se habr\u00edan realizado dentro del segmento conocido como NOGA (No Garantizado), que ofrece mayores tasas de retorno justamente porque el inversor asume el riesgo directo del librador de los cheques. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que este tipo de operatorias suele estar destinado a inversores calificados, es decir, actores con conocimiento t\u00e9cnico suficiente para evaluar los riesgos de la inversi\u00f3n.<\/p>\n
La denuncia judicial sostiene, sin embargo, que la existencia de un mercado regulado por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores no exime a los funcionarios p\u00fablicos de cumplir con las normas espec\u00edficas que rigen la administraci\u00f3n de fondos estatales.<\/p>\n
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Los delitos que podr\u00eda analizar la Justicia<\/p>\n
El escrito presentado ante el Ministerio P\u00fablico Fiscal solicita investigar si la conducta de los funcionarios encuadra dentro del delito de incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico, que sanciona la ejecuci\u00f3n de actos contrarios a la ley.<\/p>\n
Tambi\u00e9n plantea la posible configuraci\u00f3n de malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos, que contempla la aplicaci\u00f3n de fondos estatales a destinos distintos de los establecidos legalmente. Incluso menciona la eventual aplicaci\u00f3n del delito de distracci\u00f3n de fondos si se comprobara perjuicio patrimonial concreto para el Municipio<\/p>\n
En la denuncia se requiri\u00f3 la producci\u00f3n de diversas medidas probatorias, entre ellas pedidos de informes a la Bolsa de Comercio del Chaco, al Nuevo Banco del Chaco y al Tribunal de Cuentas provincial, adem\u00e1s del secuestro de documentaci\u00f3n contable y financiera municipal. El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero p\u00fablico invertido, identificar los instrumentos adquiridos, analizar los niveles de garant\u00eda, determinar el monto comprometido y establecer si existi\u00f3 un perjuicio econ\u00f3mico para el Estado municipal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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