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La Justicia levantó el secreto bancario de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Incluye a su esposa y a una empresa vinculada, con acceso a cuentas, movimientos financieros y datos fiscales desde 2022.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, y a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a ambos.
La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de la pareja. El objetivo es determinar si existieron irregularidades en el incremento de sus bienes desde antes del ingreso de Adorni a la función pública.
Con esta resolución, la Justicia podrá acceder sin restricciones a información bancaria, impositiva y financiera, incluyendo cuentas, transferencias, inversiones, préstamos, tarjetas y movimientos de dinero. También se habilitó el análisis de datos protegidos por la normativa de lavado de activos.
El alcance de la medida
El alcance de la medida incluye el período desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidad, lo que permitirá comparar la evolución patrimonial antes y después de la llegada del funcionario al Gobierno. Además, se solicitó información al Banco Central sobre productos financieros, cuentas y operaciones vinculadas a los investigados.
En paralelo, la resolución incorpora a seis personas identificadas como posibles prestamistas o acreedoras, cuyos datos fiscales también serán analizados en el expediente.
El levantamiento del secreto bancario y fiscal es una medida excepcional que requiere autorización judicial y se utiliza para rastrear el flujo de fondos, detectar operaciones no declaradas y verificar eventuales inconsistencias en causas de delitos económicos. En este caso, la fiscalía apunta a determinar si existieron maniobras compatibles con enriquecimiento ilícito, evasión o lavado de activos.
