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Qué implica reformar la Ley de Tierras: el análisis de un especialista
El abogado ambientalista Lucas Micheloud cuestionó -por AM Cumbre 1400- la iniciativa que impulsa el Gobierno. También vinculó la propuesta con el RIGI y otras reformas que se debaten en el Congreso.
El abogado ambientalista Lucas Micheloud fue entrevistado en el programa “Nada sucede dos veces”, por AM Cumbre. Foto: captura de video Cumbre Stream
La reforma de la Ley de Tierras volvió a encender una discusión que atraviesa temas sensibles para la Argentina: la soberanía territorial, el acceso al agua, los recursos naturales y el control de áreas consideradas estratégicas.
Mientras el Gobierno busca avanzar con modificaciones a la normativa vigente, distintos sectores expresaron preocupación por el alcance del proyecto. Entre ellos se encuentra el abogado ambientalista Lucas Micheloud, quien advirtió que la iniciativa podría habilitar la compra de zonas de frontera y de superficies que contienen cuerpos de agua, además de eliminar límites que hoy regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Durante una entrevista en el programa Nada sucede dos veces, por AM Cumbre 1400, el especialista sostuvo que la discusión no puede analizarse de manera aislada y que forma parte de un proceso más amplio de desregulación económica impulsado por el oficialismo.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Tierras
La legislación actual fue sancionada en 2011 con el objetivo de establecer límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. Entre otras restricciones, prohíbe la compra de inmuebles ubicados en zonas de frontera y de propiedades que incluyan lagos, ríos, lagunas o arroyos.
Además, fija un límite del 15 % para la titularidad extranjera sobre tierras rurales y establece restricciones sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir una persona extranjera.
Según Micheloud, la reforma impulsada por el Gobierno elimina buena parte de esas limitaciones.
“Se levantan los topes existentes y se habilita la posibilidad de adquirir superficies que hoy están protegidas por la legislación vigente”, señaló durante la entrevista.
Para el abogado, uno de los aspectos más sensibles es la posibilidad de que vuelvan a quedar disponibles para la compra privada áreas vinculadas a recursos estratégicos como el agua.
La disputa global por los recursos naturales
El especialista en derecho ambiental aseguró que el debate no puede separarse del contexto internacional.
En los últimos años, la competencia global por recursos como el litio, los minerales críticos, el agua dulce y otras materias primas consideradas esenciales para la transición energética se convirtió en uno de los principales ejes de la geopolítica mundial.
“Quien controla la tierra controla también los ecosistemas y los recursos que esa tierra contiene”, planteó.
En ese sentido, consideró que la discusión excede el mercado inmobiliario y se vincula con cuestiones de seguridad hídrica, ambiental y estratégica.
La Patagonia, los Esteros del Iberá, la cuenca del Paraná y otras regiones con alto valor ecológico aparecen entre los territorios que podrían adquirir una importancia creciente en ese escenario internacional.
El dato que genera preocupación
Uno de los argumentos centrales expuestos por Micheloud está relacionado con la concentración de tierras en determinadas regiones del país.
Aunque el Gobierno incorporó modificaciones para elevar del 15 % al 25 % el límite de tierras extranjerizadas por provincia, el abogado sostuvo que el análisis debe realizarse a nivel departamental.
Según explicó, existen departamentos argentinos que ya superan ampliamente los porcentajes establecidos por la ley vigente.
Por ese motivo, consideró que observar únicamente los promedios provinciales puede ocultar situaciones de fuerte concentración territorial.
La conexión con el RIGI y el nuevo esquema de inversiones
Para Micheloud, la reforma de la Ley de Tierras constituye una pieza central dentro de un paquete más amplio de iniciativas impulsadas por el Gobierno.
Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el denominado “Super RIGI” que actualmente se discute en el Congreso y otras modificaciones vinculadas al funcionamiento de sociedades, la titularidad de inversiones y distintos mecanismos regulatorios.
A su entender, todas estas medidas apuntan a facilitar el desembarco de grandes capitales en sectores estratégicos de la economía.
“La tierra es la base sobre la que se desarrollan los proyectos extractivos, energéticos y tecnológicos. Por eso ocupa un lugar central dentro de este esquema”, sostuvo.
Un debate que excede la propiedad de la tierra
Más allá de las diferencias políticas, la discusión promete ocupar un lugar relevante en la agenda pública durante los próximos meses.
La posibilidad de flexibilizar los controles sobre la compra de tierras por parte de extranjeros reabre interrogantes históricos sobre la administración de recursos naturales, el rol del Estado y el modelo de desarrollo que busca impulsar la Argentina.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad de atraer inversiones y dinamizar la economía, los sectores críticos advierten que la decisión podría tener consecuencias de largo plazo sobre territorios considerados estratégicos para el futuro del país.
