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Vecinos de un barrio privado reclaman prisión efectiva para un empresario condenado por abuso sexual
El Tribunal de Impugnación mantuvo el arresto domiciliario con tobillera al considerar que no había motivos suficientes para modificar la medida cautelar.
Reclaman que sea alojado en una unidad penitenciaria hasta que la sentencia quede firme.
Vecinos de un barrio privado de Neuquén capital realizaron protestas frente a la vivienda donde un empresario condenado por abuso sexual cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. La manifestación comenzó el jueves, luego de que se conociera su regreso al domicilio. Los residentes reclamaron que permanezca detenido en una unidad penitenciaria hasta que la sentencia quede firme.
Durante la primera jornada, los manifestantes hicieron sonar bocinas y arrojaron huevos y bolsas de basura contra la vivienda como expresión de repudio. El viernes, la convocatoria sumó más participantes y se llevó adelante un cacerolazo con carteles cuestionando la resolución judicial. En el lugar se desplegó un operativo policial para custodiar la propiedad y prevenir incidentes mayores.
El pedido de los residentes y la decisión judicial
Los vecinos manifestaron su preocupación por la presencia del condenado dentro del barrio, donde residen numerosas familias con niños. También cuestionaron que el dispositivo de seguridad estuviera centrado en la casa donde cumple el arresto. Según relataron, la Policía les pidió evitar daños materiales durante la protesta.
La prisión domiciliaria fue dispuesta luego de que el Tribunal de Impugnación revocara la preventiva que el hombre cumplía en una dependencia policial. Los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer y Liliana Deiub consideraron que no había fundamentos suficientes para sostener que el arresto domiciliario hubiera dejado de ser adecuado. El tribunal tuvo en cuenta que el acusado había cumplido esa modalidad durante el proceso sin registrar incumplimientos.
La condena y la pena pendiente
El empresario fue declarado culpable por unanimidad por un jurado popular por abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y corrupción de menores. De acuerdo con la acusación, los abusos contra su hijastra se habrían extendido desde que ella tenía 7 años y durante aproximadamente 19 años. La Fiscalía y la querella anticiparon que pedirán una pena superior a 30 años de prisión, que podría llegar a los 35 en la audiencia de cesura.
