Venezuela anunció su retiro de la Corte Penal Internacional y deja de reconocer su jurisdicción

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes el inicio del proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), al comunicar formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, tratado constitutivo del tribunal con sede en La Haya. El canciller Félix Plasencia informó que la notificación fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y aseguró que se trata de una decisión “firme e irrevocable”, adoptada conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, que regula el procedimiento de retiro de los Estados miembros. Un mes después del doble terremoto en Venezuela, reconstruir vidas es el desafío pendiente

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De esta manera, Venezuela dejará de reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en medio de una prolongada disputa con el organismo por las investigaciones abiertas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a funcionarios del Estado venezolano. El Gobierno denunció un “sesgo” de la Corte Al anunciar la medida, Plasencia afirmó que la CPI ha concentrado de manera desproporcionada sus investigaciones en países de América Latina y África, lo que, según sostuvo, evidencia un funcionamiento parcial del sistema de justicia internacional. El canciller aseguró que el tribunal ha sido utilizado como una herramienta política que vulnera la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En ese sentido, remarcó que Venezuela mantiene su compromiso con una justicia internacional “equitativa”, pero rechazó la legitimidad de la Corte para intervenir en asuntos que considera de jurisdicción interna. La salida se produce tras años de enfrentamientos con la CPI La decisión llega después de varios años de tensiones entre Caracas y la Corte Penal Internacional. La investigación sobre Venezuela fue abierta en 2018, luego de una remisión impulsada por varios países, para analizar denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, principalmente durante la represión de manifestaciones y la persecución de opositores. El gobierno venezolano intentó frenar el avance del expediente argumentando que la Justicia nacional ya estaba investigando esos hechos, en línea con el principio de complementariedad previsto en el Estatuto de Roma. Sin embargo, la CPI concluyó que no existían elementos suficientes para considerar que esas investigaciones fueran efectivas y en 2023 autorizó la continuidad del proceso. Años antes, el entonces fiscal de la Corte, Karim Khan, había señalado que existían fundamentos razonables para avanzar con una investigación formal sobre presuntos delitos cometidos por autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas. La Asamblea Nacional ya había aprobado la salida La decisión anunciada este viernes había comenzado a gestarse meses atrás. En diciembre, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley para derogar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma. En ese momento, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, justificó la medida al afirmar que la Corte Penal Internacional había perdido credibilidad y actuaba subordinada a intereses políticos. Posteriormente, la Fiscalía de la CPI resolvió cerrar su oficina técnica en Caracas al considerar que no se registraban avances suficientes por parte del Estado venezolano en el cumplimiento de sus obligaciones para investigar los hechos denunciados. El contexto político detrás de la decisión El anuncio también se produce en un escenario político marcado por cambios en la conducción del país. La comunicación oficial fue realizada por Plasencia por instrucciones de Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El juicio contra Nicolás Maduro ya tiene fecha: Estados Unidos lo llevará ante un tribunal federal en junio de 2027 Desde el Gobierno sostuvieron que el retiro busca impedir lo que consideran una utilización de la justicia internacional con fines políticos y reiteraron que Venezuela continuará defendiendo los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención. La salida del país sudamericano representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Caracas y la Corte Penal Internacional, organismo que mantiene abiertas investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos años en territorio venezolano. LB