Reforma laboral y baja de imputabilidad: el oficialismo pone en marcha el debate

El Congreso comenzará esta semana a conformar las comisiones que debatirán la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, dos proyectos clave impulsados por el Gobierno nacional.
El próximo martes 10 de febrero comenzará en el Congreso Nacional la constitución de las comisiones que abordarán dos de las iniciativas legislativas más relevantes del Gobierno de Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad. La agenda estará enfocada en la conformación de los espacios de debate y la designación de sus autoridades, en el marco del período de sesiones extraordinarias.El tratamiento de la reforma laboral, que había sido postergado durante 2025, finalmente se iniciará en el Senado a partir del 11 de febrero. Desde La Libertad Avanza, el oficialismo busca alcanzar acuerdos con los bloques denominados “dialoguistas”, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Estas negociaciones continúan luego de los encuentros mantenidos entre funcionarios nacionales y gobernadores en los últimos meses.Entre los ejes centrales de la reforma laboral se plantea una revisión integral del marco normativo vigente. El proyecto propone modificar el sistema de indemnizaciones, crear un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos y reducir las cargas patronales para incentivar la contratación formal. Además, introduce la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un régimen sin relación de dependencia tradicional.La iniciativa también incorpora el denominado “Banco de Horas”, un esquema de flexibilidad horaria que permitiría compensar jornadas extendidas en días posteriores, en lugar de abonar horas extras. Desde el sindicalismo manifestaron un fuerte rechazo a estas propuestas, al considerar que implican una pérdida de derechos adquiridos. En ese contexto, anticiparon movilizaciones frente al Congreso a partir de esta semana.En paralelo, la Ley Penal Juvenil propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un régimen especial con medidas socioeducativas y penas alternativas. El proyecto descarta la prisión perpetua y fija un máximo de 20 años de condena para menores, aunque prevé sanciones más severas para adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves. Para hechos de menor gravedad, se priorizan medidas educativas, libertad asistida y tareas comunitarias, con el objetivo de reducir la reincidencia y evitar la impunidad.