Llaryora presiona a Milei por el Pami y la oposición le apunta al Apross en el interior

Ante la ausencia del Estado nacional —un eje que el PJ en el poder en Córdoba agitó con fuerza en medio de la crisis del PAMI—, el cuadro de situación de las prestaciones escala con intensidad en la agenda pública. Impulsado por las quejas de afiliados, el malestar de prestadores e incluso un paro de médicos, la realidad sanitaria “en terapia intensiva”, con foco en el interior, ganó volumen en la discusión política.

Frente a este escenario, el reclamo del gobernador Martín Llaryora al poder libertario por el “abandono” a los abuelos amplificó un debate que ya venía creciendo en territorio: el deterioro del sistema sanitario en localidades alejadas de la capital. La salud está “en terapia intensiva”, alertó la oposición en su crítica al peronismo.

En este contexto, cuatro legisladores provinciales —médicos y con arraigo en el interior— trazaron un diagnóstico convergente: atraso en pagos, caída de ingresos, menos prestadores y cobertura cada vez más limitada. Sin embargo, el análisis también abre una disputa política de fondo entre Nación y Provincia sobre responsabilidades y modelos de gestión.

El legislador Juan Pablo Peirone (Frente Cívico), médico cardiólogo de Río Tercero, advirtió que las recientes modificaciones contractuales del PAMI encendieron “una enorme preocupación” entre prestadores. Según señaló, la reducción cercana al 50% en los ingresos de médicos de cabecera “se traducirá sin dudas en una menor calidad prestacional”, en un contexto ya deficitario.

Asimismo, cuestionó la incorporación de instituciones públicas como prestadoras, al afirmar que podría acelerar la desaparición de clínicas privadas en el interior. “Estas medidas empeorarán la ya alicaída salud en el interior provincial perjudicando al único destinatario que es el paciente”, remarcó.

Por su parte, el legislador oficialista Cristian Frías, médico de San Carlos Minas, profundizó el diagnóstico desde la práctica diaria. De hecho, describió un esquema de pagos en caída libre: “Las cápitas se recortaron primero un 50% y ahora otro 50% más. Pasamos de valores cercanos a los 8.000 o 9.000 pesos a 4.500, y ahora a unos 2.100 pesos por paciente” del PAMI.

Pero, también, si se observa la dinámica del sistema, el cambio es estructural. “Antes se pagaba por prestación, con seguimiento y atención domiciliaria. Hoy es una cápita fija mensual que no cubre la demanda real”, cuestionó. A esto se suman demoras de hasta tres meses en los pagos, lo que —según dijo— vuelve inviable la continuidad de muchos profesionales.

Apross bajo la lupa

Sin embargo, el foco de las críticas no se limita al PAMI. El jefe del bloque juecista Walter Nostrala cargó contra el Apross, en paralelo a los cuestionamientos de Llaryora al organismo nacional. Sostuvo que la obra social provincial está “quebrada”, con más de 600 mil afiliados que “cada vez aportan más, pero reciben menos prestaciones”.

Asimismo, denunció demoras de hasta cuatro meses para acceder a especialistas y un aumento de coseguros. “El servicio es muy malo y en el interior es prácticamente inexistente”, afirmó, al redoblar su embate contra el discurso oficial.

No obstante, desde el gobierno provincial relativizan ese diagnóstico. El titular del Apross, Pablo Venturuzzi, admitió que el sistema “está en terapia intensiva hace años”, aunque rechazó las comparaciones con el PAMI. “Es incomparable la situación”, aseguró, al tiempo que remarcó que se trabaja para sostener el acceso a la salud.

Por otro lado, el legislador Carlos Briner (UCR) fue categórico: “Residir en el interior y depender de PAMI o Apross es hablar de precariedad asistencial”. De igual modo, planteó que la calidad varía desde servicios aceptables hasta escenarios “primitivos o casi inexistentes” en zonas alejadas.

En ese marco, el médico emergentólogo alertó que “el cierre de instituciones privadas parece no encender alarmas” y reclamó auditorías de calidad “haciendo seguimientos estrictos de procesos” bajo la premisa “del sano gasto público”. “La salud en Córdoba está gravemente enferma”, sintetizó.

Su par de bancada José Bria profundizó la crítica estructural. “El sistema es deficitario y mal administrado, y el hilo se corta por lo más fino: el paciente”, expresó. En ese sentido, el médico otorrinolaringólogo vinculó el cierre de clínicas —como en Marcos Juárez— con la baja remuneración, el atraso en pagos y la alta dependencia de PAMI y Apross.

Pero, sobre todo, puso números a la crisis: médicos de cabecera que perciben unos $2.100 por paciente en PAMI y prácticas muy por debajo del sector privado. “Una cesárea o un parto el Apross paga $680.000 para todo el equipo, cuando una prepaga paga 2 millones”, graficó. Con lo cual, el resultado es escasez de profesionales, turnos prolongados y derivaciones constantes hacia la capital.

El Apross como sostén

Al salir al cruce de las críticas opositoras, Frías introdujo una variable clave. Según dijo, en el interior el sistema se sostiene por el Apross. “Hoy la salud en Córdoba se mantiene en gran parte por la obra social provincial, no por el PAMI”, declaró.

De hecho, marcó una diferencia en la disponibilidad de prestadores: “En mi localidad soy el único médico de PAMI en todo el departamento, mientras que para Apross hay varios profesionales”. Asimismo, aseguró que en ciudades como Cruz del Eje “duplica o triplica” la cantidad de prestadores.

En su defensa, planteó que incluso hay médicos interesados en sumarse al Apross que no logran hacerlo por falta de cupo, lo que —según su visión— demuestra que, pese a las dificultades, el sistema sigue siendo elegido.

No obstante, advirtió que el equilibrio es frágil. La caída de ingresos del PAMI impacta en clínicas privadas, que enfrentan una devaluación de recursos frente a aumentos insuficientes. “Si hoy a las clínicas les sacan el Apross, no podrían sostenerse”, sentenció.

Nación vs Provincia

La discusión sanitaria se convirtió en un nuevo frente de confrontación política. Llaryora endureció su discurso contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de “abandonar a los abuelos” y desfinanciar el PAMI. Mientras tanto, la oposición agitó sus críticas sobre las falencias del Apross.

“En Córdoba hay 60.000 jubilados con doble cobertura de PAMI y Apross y un convenio para financiarlos al 50%. El 90% elige Apross. Son $3.500 millones mensuales, de los cuales PAMI debería aportar la mitad y no paga hace más de un año”, subrayó el ministro de Comunicación Daniel Pastore, quien cruzó a los libertarios con tonada: “Lo poco que gestionan en Córdoba lo chocan”.

Frente a este escenario, el diagnóstico converge en un punto: sin correcciones urgentes en financiamiento, previsibilidad y distribución de recursos, la brecha entre capital e interior seguirá ampliándose. Y, como coinciden todos los actores, el costo final volverá a recaer sobre el mismo de siempre: el paciente.