El soldado que se suicidó en Olivos fue víctima de una extorsión digital

La investigación de la Justicia Federal, dio con una red que operaba desde la cárcel.
El Gobierno nacional y la Justicia Federal informaron este jueves los avances de una investigación que permitió establecer que el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue víctima de una red de extorsión digital que operaba desde cárceles bonaerenses. El joven, integrante del Regimiento de Granaderos, se quitó la vida el 16 de diciembre mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, residencia oficial del presidente Javier Milei.Los resultados de la causa fueron presentados en una conferencia conjunta encabezada por autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tiene a su cargo la investigación. Allí se confirmó que el suicidio estuvo precedido por un proceso de extorsión que afectó también a otras personas y que se articulaba a través de aplicaciones de citas y el uso ilegal de teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios.Según se detalló, la maniobra comenzaba con la creación de perfiles falsos que entablaban contacto con las víctimas. Luego, los integrantes de la organización simulaban la intervención de familiares y supuestas autoridades policiales, con el objetivo de generar temor y exigir transferencias de dinero para evitar consecuencias judiciales. En el caso de Gómez, la extorsión incluyó un audio intimidatorio y un llamado de una persona que se hizo pasar por un efectivo de la Policía de la Ciudad, utilizando datos reales de un agente cuya identidad había sido usurpada.La investigación se inició a partir de una carta que dejó el soldado y de la necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte, ocurrida en un contexto de alta sensibilidad institucional. A partir de tareas de análisis digital, cruces de información y allanamientos, se determinó que la organización funcionaba como una estructura sistemática dedicada a estafas y extorsiones, con base en al menos dos cárceles de la provincia de Buenos Aires. Como resultado de los operativos realizados en las últimas horas, se concretaron detenciones de personas vinculadas a la banda y se secuestraron teléfonos celulares utilizados para cometer los delitos. Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que el uso de dispositivos móviles en contextos de encierro representa un riesgo significativo, ya que facilita la comisión de delitos complejos a distancia.La jueza Arroyo Salgado explicó que la difusión pública de los detalles del caso también busca prevenir nuevas víctimas y alertar sobre esta modalidad delictiva. La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y el análisis del material secuestrado.