Connect with us

Ultimas Noticias

Imputaron al encargado del depósito de La Anónima por apagar cámaras y sacar mercadería



La Justicia de Neuquén formuló cargos por defraudación. El perjuicio económico supera los tres millones de pesos y hay cuatro meses de investigación por delante.

Los hechos ocurrieron en la sucursal de La Anónima de San Martín y Paraguay, en Plottier.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó al encargado del depósito de la sucursal 182 de La Anónima, en Plottier, acusado de defraudación por administración fraudulenta. Según la fiscalía, el hombre aprovechó su posición en el local —ubicado en San Martín y Paraguay— para organizar el retiro irregular de mercadería en al menos dos oportunidades.

La acusación fue presentada este martes por la asistente letrada Nadia Pérez ante la jueza de garantías Natalia Pelosso. El imputado, identificado como C.J.P.T., habría desactivado las cámaras de seguridad del sector de carga y descarga para que una tercera persona pudiera retirar los productos sin dejar registro.

El primer hecho se habría producido el 27 de julio de 2025: el trabajador apagó la vigilancia, coordinó la entrega por teléfono y una camioneta retiró la mercadería. El perjuicio económico de ese episodio rondó los 700 mil pesos. El segundo ocurrió el 10 de agosto y fue interrumpido por la policía, que interceptó el vehículo cargado con cortes de carne, quesos y bebidas; en ese caso el daño estimado supera los 2,5 millones de pesos.

Cámaras apagadas y celulares: las pruebas clave de la investigación

La fiscalía presentó como evidencia las denuncias de los responsables del supermercado, registros de cámaras, informes policiales, documentación del secuestro de mercadería y el análisis de teléfonos celulares. En esas comunicaciones, según la acusación, el imputado y su cómplice coordinaban las entregas y acordaban los precios de los productos sustraídos.

Los hechos fueron calificados provisionalmente como defraudación en concurso real: uno consumado y otro en grado de tentativa. La jueza Pelosso tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía avance con la investigación y determine el alcance total del perjuicio a la empresa.