¿Habrá cámaras en las escuelas de Neuquén? El proyecto que avanzó en la Legislatura y los lugares donde está prohibido filmar

El debate sobre la seguridad en las escuelas neuquinas tomó forma legislativa. La comisión de Educación de la Legislatura de Neuquén dio despacho al proyecto que busca instaurar un sistema de videovigilancia en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia, habilitando su avance hacia el recinto tras incorporar una serie de modificaciones que acotaron su alcance original.

La iniciativa fue presentada por las diputadas Mercedes Tulián (PRO) y Gisselle Stillger (Arriba), aliadas del oficialismo de Rolando Figueroa, en el contexto de la ola de amenazas e intimidaciones que en abril sacudió a varias escuelas del país, incluidas instituciones neuquinas. Tulián, presidenta de la comisión, recordó que ya había existido un primer intento en 2024 y que se decidió insistir para prevenir nuevos hechos de violencia, que el año pasado también derivaron en una ley que penaliza las agresiones contra el personal docente.

Qué dice el proyecto: dónde sí y dónde no

El texto establece que el objetivo de la ley es «establecer un régimen de videovigilancia en los establecimientos educativos destinado a prevenir hechos de violencia y garantizar la protección de la integridad física y psicológica de los estudiantes, docentes y personal no docente».

Sin embargo, el proyecto fija límites precisos. La instalación de cámaras estará estrictamente prohibida en sanitarios y en todo espacio que afecte de manera directa la intimidad personal. Además, la nueva redacción prohíbe el uso de sistemas de reconocimiento facial y ordena que los dispositivos que capten imágenes fuera de los establecimientos estén conectados al centro de monitoreo del ministerio de Seguridad. También se establece como obligación la colocación de cartelería visible que informe sobre la existencia del sistema.

Implementación progresiva y 180 días para reglamentar

La cobertura seguirá un criterio gradual: el punto de partida será la totalidad de las aulas del nivel medio, extendiéndose luego a los restantes niveles hasta alcanzar todos los establecimientos. La autoridad de aplicación será el ministerio de Educación, en coordinación con el ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación (CPE). La ministra Soledad Martínez habría pedido expresamente esa implementación progresiva, según informaron las diputadas autoras del proyecto.

Otro cambio relevante en la nueva redacción fue la extensión del plazo para reglamentar la ley, que pasó de 90 a 180 días. La legisladora Brenda Buchiniz (Cumplir), que acompañó el proyecto, señaló que el despacho incorporó algunos de sus aportes.

El texto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde deberá obtener despacho antes de llegar al recinto. Respecto a la posición de ATEN, el gremio docente neuquino, Tulián aclaró que —como en otras iniciativas anteriores— «se les pidió opinión a todas las partes, por escrito. De hecho, están a tiempo de hacerlo todavía».