Tras la Ley Joaquín Córdoba, abre otra discusión sensible: la adecuación del régimen penal juvenil

La sanción unánime de la Ley Joaquín abrió otra discusión con plazos que corren. Apenas aprobado el Régimen de Protección de Víctimas de Delitos, oficialismo y oposición comenzaron a mirar hacia el próximo desafío: la adecuación del procedimiento penal juvenil de Córdoba a la nueva ley nacional 27.801, que entrará en vigencia el 5 de septiembre.

Detrás del notable consenso que permitió aprobar la norma que lleva el nombre de Joaquín Sperani, asesinado en Laboulaye en 2023 por otro menor de edad, quedó sellado además un compromiso político para avanzar en una revisión de la legislación juvenil provincial. Aunque el régimen fue reformado en marzo de 2025, esa modificación fue previa a la sanción de la norma nacional.

La discusión apareció durante el abordaje de la Ley Joaquín. La radical Brenda Austin impulsó la incorporación de modificaciones vinculadas a los derechos de las víctimas dentro del régimen penal juvenil y logró que el PJ aceptara incluir una cláusula específica con principios rectores y una disposición transitoria que reconoce la necesidad de la adecuación.

El punto no es menor. Más allá de la repercusión pública que tuvo la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la ley aprobada por el Congreso redefine el sistema penal juvenil, incorporando nuevos principios, garantías, procedimientos y obligaciones para las provincias.

Plazo fatal

La ley nacional (el nuevo Régimen Penal Juvenil) comenzará a regir el 5 de septiembre y en la Unicameral ya hacen cuentas. Junio aparece prácticamente descartado por la “pausa” que provocará el Mundial, por lo que julio y agosto quedarían como las únicas ventanas efectivas para discutir y aprobar una reforma de complejidad técnica. «Hay un plazo fatal», advirtió durante el debate en comisión Oscar Agost Carreño, uno de los primeros en plantear la necesidad de acelerar el abordaje de la adecuación.

En esa misma línea, Austin sostuvo que “Córdoba está obligada a revisar su actual régimen penal juvenil” porque la reforma nacional no sólo amplió el universo de adolescentes alcanzados por la responsabilidad penal al reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, “sino que además introdujo cambios que impactan sobre todo el funcionamiento del sistema”.

La opositora advirtió que la adecuación excede una mera modificación legal. Entre otros aspectos, mencionó la necesidad de adaptar los espacios de alojamiento para adolescentes imputados, garantizar que no compartan establecimientos con adultos y revisar las condiciones institucionales bajo las cuales opera actualmente el sistema penal juvenil provincial.

Aporte radical

La parlamentaria también destacó que durante el debate de la Ley Joaquín la oposición logró instalar el reclamo de la familia Sperani para que los derechos de las víctimas tengan un reconocimiento explícito dentro de los procesos donde intervienen menores de edad.

Según explicó, el compromiso asumido por el oficialismo apunta a realizar una revisión integral de la normativa “para incorporar esos derechos en cada una de las instancias del procedimiento, desde los mecanismos de mediación hasta las distintas etapas judiciales”, replicando la lógica aplicada en la reciente reforma del Código Procesal Penal.

En la oposición creen que la experiencia que permitió construir la Ley Joaquín debería replicarse en esta nueva etapa. Por eso insisten en que el debate se abra cuanto antes en las comisiones de la Unicameral y no quede en manos de la Mesa de Coordinación en materia penal juvenil, que funciona bajo la órbita del Ejecutivo.

«No debería llegar un proyecto cocinado desde El Panal. Hay una usina de iniciativas dentro de la Legislatura y hay que aprovecharla», sintetizó una fuente opositora que participó del tratamiento de la Ley Joaquín.

Ley Joaquín: Las claves de la reforma judicial que amplía los derechos de las víctimas en Córdoba

El planteo se apoya en la dinámica legislativa que tuvo esa norma. Hasta los halcones opositores destacaron el esquema de trabajo que encabezó Juan Manuel Llamosas junto al equipo técnico del Ministerio de Justicia, liderado por Pablo Sánchez Latorre. Ese método permitió incorporar aportes de distintos bloques y arribar a una aprobación por unanimidad.

“Este nuevo régimen busca garantizar más acompañamiento, protección y acceso a información para víctimas de delitos y sus familias durante todo el proceso judicial”, dijo el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, tras la sanción de la Ley Joaquín.

Voluntad política

Desde el oficialismo aseguran que existe voluntad política para avanzar. Llamosas recordó que durante el debate se acordó incorporar parte de los planteos opositores y que la futura adecuación del régimen juvenil ya forma parte de los compromisos asumidos por la Legislatura.

«Claramente hay que adecuar y modificar la ley provincial. Hay una voluntad de hacerlo y una comisión que ya viene trabajando sobre estos temas», sostuvo el oficialista al mencionar la mesa de seguimiento en la órbita del Ejecutivo.

La discusión, además, excede el plano político. Desde la cúpula del Tribunal Superior de Justicia ya bajaron el mensaje al Panal. «La ley del año pasado mejoró el sistema, pero no fue una adecuación a la ley nacional porque todavía no existía. Ahora tiene que haber una nueva ley», resumió una fuente con llegada tanto al ámbito judicial como legislativo.

Iniciativa amarilla para iniciar la discusión

En ese escenario, Agost Carreño fogonea su proyecto que propone crear un Sistema Provincial de Supervisión Penal Juvenil, fortalecer los mecanismos de seguimiento de adolescentes sometidos a medidas judiciales, incorporar programas específicos de prevención de reincidencia, reforzar la participación de las víctimas y establecer mayores controles institucionales sobre el funcionamiento del sistema.

“El Congreso Nacional aprobó una profunda reforma del régimen penal juvenil y ahora las provincias deben adecuar sus sistemas para que la ley pueda aplicarse de manera efectiva. Córdoba tiene una buena base normativa, pero todavía existen vacíos importantes en materia de seguimiento, control, prevención de reincidencia y acompañamiento de víctimas”, declaró el legislador del PRO.

El proyecto busca fortalecer la respuesta del Estado frente al delito juvenil sin abandonar el objetivo de la reinserción social, con herramientas para intervenir tempranamente, reducir la reincidencia y evitar la captación de adolescentes por organizaciones criminales.

Después de la unanimidad que alumbró la Ley Joaquín, el desafío para la política cordobesa será demostrar si ese clima de consenso puede sostenerse en otra reforma compleja del sistema penal juvenil y con un reloj que ya empezó a correr.