Habrá examen toxicológico para funcionarios provinciales

Fue reglamentada la Ley 3531 a través de un decreto del gobernador Rolando Figueroa. El objetivo y los alcances. Los exámenes se realizarán en forma sorpresiva, mediante un sorteo y garantizando imparcialidad y transparencia en la selección de los funcionarios. Foto: archivo
A través de un decreto del gobernador Rolando Figueroa, quedó reglamentada la Ley 3531 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para los funcionarios provinciales en Neuquén.Según se informó oficialmente, “la norma busca fortalecer la ética, la idoneidad y la transparencia institucional en el ejercicio de la función pública, garantizando que quienes ocupan responsabilidades en el Estado provincial se desempeñen en condiciones compatibles con sus funciones, libres del consumo de sustancias”.La Ley se enmarca en los principios establecidos en el artículo 153 de la Constitución provincial, que fija criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y publicidad en la administración pública, y también incorpora los procedimientos a seguir ante eventuales detecciones positivas en los análisis, resguardando el debido proceso administrativo.Cómo se implementará la LeyLa reglamentación de la Ley 3531 establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva, mediante un sorteo trimestral administrado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), garantizando imparcialidad y transparencia en la selección de los funcionarios. Cada sorteo abarcará un 12,5% del universo de personas alcanzadas por la ley.Los análisis se llevarán a cabo sobre muestras de orina y estarán orientados a detectar sustancias psicoactivas prohibidas, incluyendo opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras. Los funcionarios deberán informar previamente sobre medicamentos o suplementos que puedan alterar los resultados, y, en caso de resultar positivo, tendrán derecho a una contraprueba en laboratorio distinto, así como a la asistencia de un perito bioquímico de su elección. Todo el procedimiento se desarrollará bajo estrictos principios de confidencialidad, protección de datos personales y debido proceso.Asimismo, la reglamentación define que la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud, que se encargará de supervisar los protocolos, garantizar la trazabilidad de los exámenes y mantener un registro confidencial de los procedimientos. Este marco institucional refuerza la transparencia, la ética y la integridad en la función pública.