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Política

Trump apuntó contra los jueces de la Corte Suprema y anticipó nuevos aranceles tras el fallo en contra

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WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota que lo llevó a arremeter contra el tribunal que él ayudó a moldear.

Trump dijo que estaba “sumamente avergonzado” de algunos jueces que votaron 6-3 en su contra, calificándolos de “desleales a nuestra Constitución” y de “perros falderos”. En un momento incluso llegó a insinuar cierto nivel de influencia extranjera, aunque sin presentar evidencia alguna.

La decisión podría tener efectos en cadena en las economías de todo el mundo después de que Trump tomó medidas para remodelar las alianzas comerciales posteriores a la Segunda Guerra Mundial al usar los aranceles como un arma.

Pero Trump no se amilanó y prometió imponer un nuevo arancel global del 10% en virtud de una ley que los limita a 150 días y que nunca se ha utilizado anteriormente en la aplicación de impuestos sobre importaciones.

“Su decisión es incorrecta”, dijo. “Pero no importa porque tenemos alternativas muy poderosas”.

La decisión se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios gravámenes “recíprocos” que implementó sobre casi todos los países.

Trump nombró a tres jueces para el máximo tribunal del país durante su primer mandato, y se ha anotado una serie de victorias a largo plazo que le han permitido avanzar con políticas clave.

Los aranceles, sin embargo, fueron la primera gran pieza de la amplia agenda de Trump que llega de lleno ante la Corte Suprema para un fallo definitivo, después de que tribunales de menor instancia también fallaron en contra de la política arancelaria del mandatario.

La mayoría de los jueces concluyó que es inconstitucional que el presidente fije y cambie aranceles de manera unilateral, porque la facultad tributaria claramente le pertenece al Congreso. “Los redactores de la Constitución no depositaron ninguna parte del poder tributario en el Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del máximo tribunal, John Roberts.

Los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon

“Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política acertada. Pero, como cuestión de texto, historia y precedente, son claramente legales”, escribió Kavanaugh. Trump elogió su disenso, diciendo que fue una “genialidad”.

La mayoría no abordó si las empresas podrían obtener reembolsos por los miles de millones de dólares que han pagado en aranceles. Muchas compañías, entre ellas Costco, la cadena de grandes almacenes, ya han acudido a tribunales inferiores para reclamar reembolsos. Kavanaugh señaló que el proceso podría ser complicado.

“La corte no dice nada hoy sobre si, y en tal caso cómo, el gobierno debería proceder para devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero es probable que ese proceso sea un ‘desastre’, como se reconoció en los alegatos orales”, escribió.

Hasta diciembre, el Departamento del Tesoro había recaudado más de 133.000 millones en aranceles en virtud de los poderes de emergencia, según datos federales. Se calcula que su impacto durante la próxima década sea de unos 3 billones de dólares.

La decisión no impide que Trump imponga gravámenes en virtud de otras leyes. Aunque esas normas imponen más límites a la rapidez y magnitud de las medidas del mandatario. Trump afirmó que aun así le permitirían “cobrar mucho más” que antes.

El vicepresidente JD Vance calificó la decisión del máximo tribunal de “anárquica” en una publicación en X.

Qué puede hacer Trump a continuación

Aun así, la decisión es una “victoria absoluta y total” para los impugnadores, dijo Neal Katyal, quien argumentó el caso a nombre de un grupo de pequeñas empresas.

“Es una reafirmación de nuestros valores constitucionales más profundos y de la idea de que el Congreso, no un solo hombre, controla la facultad de gravar al pueblo estadounidense”, afirmó.

Hasta el momento, se desconoce cómo la decisión que restringe el poder de Trump para fijar y cambiar aranceles de manera unilateral podría afectar los acuerdos comerciales con otros países.

“Seguimos en estrecho contacto con el gobierno de Estados Unidos mientras buscamos claridad sobre los pasos que pretenden dar en respuesta a este fallo”, dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, y añadió que el organismo seguirá presionando para que haya aranceles más bajos.

El fallo del máximo tribunal se produce a pesar de una serie de victorias a corto plazo en el expediente de emergencia de la Corte, que han permitido que Trump mantenga demostraciones extraordinarias de poder ejecutivo en asuntos que van desde la aplicación de leyes migratorias hasta importantes recortes de fondos federales.

El presidente se ha pronunciado con firmeza en el caso, calificándolo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y asegurando que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país. Pero la oposición legal cruzó el espectro político al incluir a grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Según las encuestas, los aranceles no gozan de una amplia popularidad entre la población en medio de una creciente preocupación entre los votantes por el costo de vida.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Pero el gobierno de Trump argumentó que una ley de 1977 que permite que el presidente regule las importaciones durante emergencias también lo faculta para fijar aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley en decenas de ocasiones, a menudo para imponer sanciones, pero Trump ha sido el primero en invocarla para gravar las importaciones.

“Y el hecho de que ningún presidente haya encontrado nunca ese poder en la IEEPA es una evidencia sólida de que no existe”, escribió Roberts, usando el acrónimo en inglés de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump estableció lo que denominó aranceles “recíprocos” para la mayoría de los países en abril de 2025 con el fin de abordar los déficits comerciales, a los que declaró una emergencia nacional. Esos aranceles llegaron tras imponer gravámenes a Canadá, China y México, supuestamente para abordar una emergencia por tráfico de drogas.

Como consecuencia, se produjo una serie de demandas, entre ellas, un caso presentado por una docena de estados mayoritariamente de tendencia demócrata, y otros interpuestos por pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta ropa de ciclismo para mujeres.

Los demandantes sostuvieron que en la ley de poderes de emergencia ni siquiera se mencionan los aranceles, y que el uso que Trump hace de ella no supera varias pruebas legales, incluida una que frustró el programa de condonación de créditos estudiantiles por 500.000 millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

Los jueces rechazan el uso de poderes de emergencia para aranceles

Los tres jueces conservadores de la mayoría señalaron ese principio, que se denomina doctrina de cuestiones mayores. Sostiene que el Congreso debe autorizar claramente acciones de gran importancia económica y política.

“No hay excepción a la doctrina de cuestiones mayores por estatutos de emergencia”, escribió Roberts. Los tres jueces liberales formaron el resto de la mayoría, pero no se sumaron a esa parte de la opinión.

El gobierno de Trump ha argumentado que los aranceles son diferentes porque son una parte importante del enfoque del presidente hacia los asuntos exteriores, un área en la que los tribunales no deberían cuestionar al mandatario.

Pero Roberts, junto con los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, desestimaron el argumento y escribieron que las implicaciones para las relaciones internacionales no modifican el principio legal.

Las pequeñas empresas celebraron el fallo, y la Federación Nacional de Minoristas dijo que la decisión proporciona “una muy necesaria certidumbre”.

Learning Resources, una empresa de juguetes de Illinois, fue una de las compañías que impugnó los aranceles ante los tribunales. Su director ejecutivo, Rick Woldenberg, dijo que anticipa nuevos aranceles, pero que confía en que pueda haber más restricciones en el futuro, tanto legales como políticas. “Alguien tiene que pagar esta cuenta. Quienes pagan la cuenta son los votantes”, señaló.

“Bailé de felicidad” dijo Ann Robinson, propietaria de Scottish Gourmet en Greensboro, Carolina del Norte, cuando se enteró de la noticia.

El arancel base del 10% sobre los productos de Reino Unido puso el negocio de Robinson bajo presión y le costó alrededor de 30.000 dólares durante la temporada de otoño. No está segura de los próximos pasos del gobierno de Trump, pero dijo que, por ahora, está encantada. “¡Hora de programar mi venta de ‘Dile adiós a los aranceles’!”.

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Los periodistas de The Associated Press Mae Anderson y Steve Peoples en Nueva York, Mark Sherman en Washington y David McHugh en Fráncfort contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

 

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Política

Chevron expande su participación en el petróleo venezolano en un nuevo acuerdo de mutuo beneficio

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Chevron Corporation (NYSE:CVX) anunció que, a través de sus filiales con intereses en Venezuela, ha acordado un intercambio de activos con Petróleos de Venezuela, S. A. («PDVSA») y las filiales de PDVSA en un acuerdo mutuamente beneficioso que consolida el enfoque de todas las partes en los activos  estratégicos del país.

Bajo el acuerdo, Chevron recibirá 13,21% adicional de participación en la empresa mixta Petroindependencia, S.A., aumentando su participación total al 49%. Además, la empresa mixta Petropiar, S.A., en la cual la filial de Chevron posee 30% de participación, ha recibido los derechos para desarrollar el bloque Ayacucho 8 situado en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

Venezuela recibirá de las filiales de Chevron sus participaciones operadas del 60% y 100% en las licencias de los activos de gas costa afuera Plataforma Deltana Bloque 2 y  Bloque 3, respectivamente, y su participación no operada del 25,2% en la empresa mixta Petroindependiente, S.A. situada en el oeste de Venezuela.

«Este acuerdo amplía la posición de Chevron en la producción de crudo pesado en dos empresas mixtas clave en Venezuela, y refleja nuestro desarrollo disciplinado de los importantes recursos del país. Ayacucho 8 es un campo en producción muy cercano a Petropiar, lo que mejora el desarrollo eficiente«, afirmó Javier La Rosa, presidente de la unidad de Activos Base y Países Emergentes de Chevron. 

«Este intercambio de activos supone otro paso importante en la larga historia de Chevron en Venezuela, y refuerza nuestro rol en el apoyo a la seguridad energética regional», sostuvo. 

Chevron es una de las principales empresas energéticas de Venezuela, con una presencia que se remonta a 1923. Petroindependencia y Petropiar operan petróleo extrapesado en proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Chevron tiene una amplia presencia de producción y exploración en toda América Latina, con operaciones activas que abarcan activos convencionales, no convencionales y aguas afuera. La empresa produce petróleo y gas en países clave como Argentina, Guyana y Venezuela, apoyados por activos operados y no operados. 

En paralelo, Chevron mantiene una sólida cartera de exploración con unos 35 bloques activos en Brasil, Surinam, Uruguay y Perú, posicionando a la empresa para un crecimiento a largo plazo mientras mantiene una mezcla equilibrada de producción y oportunidades futuras en toda la región.

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Política

«Fue una chiquilinada» dijo el juez que abandonó la audiencia tras maltratar a una defensora

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“Fue una chiquilinada, en efecto le falté respeto a todos los que estaban en la audiencia, inclusive a la doctora Delgado». Así lo expresó el juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, para referirse al episodio que ocurrió el 10 de septiembre del año pasado cuando abandonó la audiencia que dirigía, disgustado porque la defensora oficial Celia Delgado le había pedido un cuarto intermedio de cinco minutos.

Como informó diario RÍO NEGRO en esa oportunidad, Greca abandonó la audiencia por 18 minutos sin haber dispuesto un cuarto intermedio. Amenazó con expulsar a la defensora Delgado de la sala, se fue él, regresó, e hizo un discurso amenazante hacia la abogada, quien lo denunció.

La jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, le impuso a Greca una prohibición de dirigir audiencias en las que Delgado interviniera como defensora. Tras un período de armonía la situación se repitió el 19 de marzo último, y otra vez dictaron una cautelar que incluyó prohibición de acercamiento.

Ahora todas las actuaciones fueron elevadas al Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene facultades para revisar y eventualmente sancionar a los jueces federales.

«Voy a tener que pedir disculpas»

Según pudo saber este diario, en octubre Greca se presentó ante la jueza Pandolfi para hacer su descargo por el incidente de septiembre del 25: “En definitiva, la verdad, no deja de ser una chiquilinada eso de levantarme, porque el que tiene que dar coherencia en estas circunstancias es el juez y no las partes, así que en definitiva voy a tener que pedir disculpas a todos los que estaban presentes, público, fiscales y defensoras».

Luego se realizó una especie de audiencia de conciliación a la que asistieron Greca y Delgado, pero se interrumpió cuando el juez «decidió irse para atender compromisos contraídos con anterioridad».

La negociación se reanudó a su regreso y en un tramo de su intervención Greca le dijo a la jueza Pandolfi: «Yo me veo mucho en usted a veces, en esa personalidad inquisitiva (…) Somos muy parecidos en personalidad y además la vez anterior que usted me interrumpió, yo le digo una cosa, yo le interrumpo a la doctora Delgado y cuando usted me interrumpió me sentí como yo la trataba a la doctora Delgado en esa condición y no me gustó para nada (…) Es inevitable que uno vea la realidad ajena en la propia (…) Son cosas que voy a ir modificando (…) Es una enseñanza ver lo que le pasa a los ajenos».

El nuevo episodio

Pero meses después sucedió el nuevo incidente, y la defensora Delgado lo denunció por violencia de género.

Greca, sobre el particular, respondió: «No son hechos de maltrato los que se denuncian, sino una serie de sentimientos que a la letrada le generan las decisiones adversas a sus requerimientos jurídicos o posicionamientos procesales». También dijo que a la jueza Pandolfi la colocaban en el rol de «policía moral».

«Lamento profundamente que el Dr. Greca se sienta amenazado -respondió Pandolfi- por el ejercicio sincero e intelectualmente honesto que procuro hacer de mis facultades jurisdiccionales. Fui llamada a intervenir en un conflicto delicado tanto en su dimensión institucional como humana. Intento hacerlo con toda la prudencia y equilibrio que la situación amerita».

«Ridiculización»

La magistrada aclaró que no valoraba los fundamentos de las decisiones del juez en las audiencias, «sino la ridiculización a la que la somete a la defensora». Añadió que Greca «tiene derecho a apreciar que un planteo de la defensa fue formulado de mala fe», pero «no tiene derecho a sermonear a quien lo formula, pues incurre en violencia psicológica».

«No es, como sostiene el denunciado (Greca), el sentido de las decisiones que adopta lo que le provoca a Delgado el daño emocional, sino el modo en que ellas son transmitidas y las descalificaciones hacia su tarea profesional con que son acompañados sus fundamentos, configurativo de la violencia psicológica contemplada por el artículos 5 inciso 2 de la ley 26.485″ de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Pandolfi también lo cuestionó porque en una audiencia en la que la defensora Delgado se descompensó «el juez en ningún momento (al menos mientras se mantuvo activa la grabación) le ofreció auxilio o asistencia de ningún tipo ni se preocupó para que la obtuviera por parte de ningún funcionario de la oficina judicial».

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Política

Fullone cruzó a Weretilneck y pidió un cambio de rumbo urgente en Río Negro

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El Senador nacional Enzo Fullone cuestionó la gestión provincial tras su participación en el AmCham Summit 2026 y apuntó contra el gobernador Alberto Weretilneck por la falta de medidas para reducir el gasto estatal.

Fullone asistió al encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde se desarrollaron exposiciones de funcionarios nacionales y provinciales. En ese marco, planteó que existe una contradicción entre el respaldo político a las políticas del Gobierno nacional y la falta de acciones concretas en la provincia.

“En el actual contexto nacional, donde se impulsan medidas orientadas a la modernización económica, la reducción de impuestos y el desarrollo productivo, resulta contradictorio observar la falta de acciones concretas a nivel provincial para acompañar este proceso”, sostuvo.

Fullone remarcó que, si bien Weretilneck ha apoyado públicamente iniciativas del Ejecutivo nacional, “en la práctica no se evidencia un esfuerzo en Río Negro para reducir el elevado gasto estatal que afecta las finanzas provinciales”.

Críticas al gasto público y a la presión impositiva por parte del Gobierno provincial

El senador también cuestionó la falta de medidas para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado. En particular, señaló que no se avanzó en la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, al que consideró clave para incentivar la inversión y el empleo.

“No se han impulsado medidas para aliviar la carga impositiva sobre comerciantes, emprendedores y empresarios”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el crecimiento del aparato estatal y el uso ineficiente de los recursos públicos pueden limitar el potencial de desarrollo de la provincia, incluso en un contexto favorable por el impulso del sector energético.

Proyección política hacia 2027

Fullone también proyectó un cambio político en Río Negro de cara a las próximas elecciones. “La provincia en 2027 va a cambiar de rumbo”, aseguró, al señalar que La Libertad Avanza buscará gobernar el distrito.

“El desafío es avanzar en reformas en empleo público, política fiscal y áreas esenciales como salud, educación y seguridad. Para lograrlo, es indispensable contar con voluntad política y una firme convicción de transformar el Estado”, concluyó.

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