El debate en particular probablemente tenga lugar el próximo martes 10 de febrero, en medio de un clima de fuerte tensión política y social.
La propuesta del gobierno liderado por Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares está desatando una de las controversias más candentes en torno al equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Esta iniciativa ha ingresado en el Congreso, lista para ser debatida en las próximas sesiones extraordinarias, con un telón de fondo de fuertes tensiones políticas y un robusto rechazo de diversas organizaciones. El punto crítico gira en torno al artículo 41 de la Constitución Nacional, que indica que la Nación establece los presupuestos mínimos para la protección del ambiente, dejando a las provincias la capacidad de dictar normas complementarias. Algunos argumentan que la actual legislación de glaciares efectivamente representó un limbo, prohibiendo de manera tajante la instalación de actividades extractivistas en zonas de glaciar y periglacial.Desde el Ejecutivo, la percepción es que la legislación vigente, implantada en 2010, limita excesivamente la autonomía provincial sobre el manejo de sus recursos naturales. Esto, según las autoridades, ha generado fricciones innecesarias entre los niveles de gobierno, convirtiendo la normativa en un veneno para la productividad económica provincial.No obstante, la resistencia al cambio es considerable. Organizaciones como el Observatorio de lo Silvestre, así como la abogada ambientalista Valeria Brunone, argumentan que las enmiendas son un fallo estratégico. Denuncian que estas reformas repercuten en ‘desmantelar la esencia de las leyes de presupuestos mínimos’, permitiendo que las jurisdicciones desafíen el umbral de protección establecido por la Nación, arriesgando así un retroceso ambiental considerable.Con las modificaciones propuestas, se afectarían artículos esenciales de la ley. La referencia crítica está en la manera en que el texto retoca el artículo 1, trasladando el enfoque hacia la ‘utilización racional de los recursos’, una maniobra vista como análoga a abrirle la puerta al uso económico sobre el ecosistema.Además, la reconsideración del Inventario Nacional de Glaciares como instrumento consultivo ofrece margen para dobles lecturas, dejando un amplio margen para la gestión provincial. Aquí reside otra chispa en el conflicto – la redefinición del artículo 3 bis permitiría que cualquier glaciar considerado no indispensable para funciones hídricas pudiera ser removido de la protección legal.