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Piden imputar a funcionarios de un municipio de la región por presunta defraudación
La acusación alcanza al presidente del Concejo Deliberante, a tres concejales —dos en ejercicio— y a una particular. La audiencia quedó suspendida tras la exclusión de la querella y una reserva de impugnación.
Foto archivo.
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó formular cargos contra el actual presidente del Concejo Deliberante de Campo Grande, tres concejales —dos de ellos en funciones— y una particular por el presunto delito de defraudación contra la administración pública agravada por haber sido cometido por funcionarios públicos, en carácter de coautores.
La audiencia se realizó este lunes en el Foro Penal de Cipolletti, donde el fiscal jefe expuso los detalles de la acusación. Sin embargo, la formulación de cargos quedó suspendida luego de que el juez de Garantías hiciera lugar al pedido de las defensas para excluir a la querella, representada por un exconcejal, y ante la posterior reserva de impugnación presentada por la parte acusadora.
La operación cuestionada
De acuerdo con la teoría fiscal, en septiembre de 2024 el presidente del Concejo, junto a tres concejales —uno de los cuales se desempeñaba en ese momento como secretario de Gobierno y Hacienda del Municipio— iniciaron la ejecución de un acto que calificó como defraudatorio mediante la adquisición de 14 lotes destinados a la construcción del edificio de la Escuela Primaria N° 300 en la localidad de San Isidro.
El monto abonado por el predio fue de 204 millones de pesos, equivalentes a 165.182 dólares al momento de la operación.
Según el fiscal, la mujer imputada vendió los lotes como propios cuando solo contaba con un boleto de compraventa, lo que consideró una primera maniobra irregular. Además, indicó que el inmueble fue comercializado como si estuviera subdividido en 14 parcelas, cuando en realidad figuraba registralmente como un único lote.
“El acto fue defraudatorio porque se violaron los deberes que tenían a su cargo. La adquisición no fue tratada en el Concejo Deliberante, no fue debatida ni votada. Debía haberse declarado de utilidad pública y no se hizo. Tampoco hubo tasación previa ni informes de dominio”, sostuvo el fiscal jefe.
Perjuicio económico
La Fiscalía señaló que el valor de mercado del inmueble, considerado como un único bloque, sería de 28 mil dólares. En caso de tomarse como 14 lotes subdivididos, ascendería a 96.400 dólares.
En ese contexto, estimó que el perjuicio económico para el Municipio alcanzaría los 137.182 dólares si se toma el valor del bloque único, o 68.782 dólares considerando la subdivisión.
Además, el fiscal afirmó que existió un “lucro indebido” en favor de la supuesta vendedora, quien habría impulsado reclamos sociales —incluido el corte de ruta— para exigir un terreno destinado a la construcción de la escuela, posicionándose como vocera de padres y luego ofreciendo el predio cuestionado.
Suspensión de la audiencia
Durante la audiencia, los defensores particulares y el defensor oficial solicitaron la exclusión del querellante, un exconcejal de la localidad, al considerar que no reunía la condición de particular damnificado.
El juez de Garantías hizo lugar al planteo. Frente a esa decisión, la parte acusadora presentó una reserva de impugnación.
Hasta tanto un nuevo magistrado revise la resolución y se expida sobre la validez de la querella, la formulación de cargos permanecerá suspendida.
