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Le dispararon en la cabeza y el acusado quedó libre: el fallo que sacude a Cipolletti
Dos hermanos resultaron gravemente heridos tras una disputa entre bandas en el barrio Anai Mapu. La Justicia sobreseyó al acusado por el disparo en la cabeza y lo condenó en suspenso por el segundo ataque.
La disputa entre dos bandas en el barrio Anai Mapu de Cipolletti, que el año pasado dejó a dos hermanos gravemente heridos a balazos, terminó en la Justicia con un resultado que generó impacto: el principal acusado quedó en libertad y no irá preso por los hechos más graves.
Los episodios más críticos se registraron a comienzos de mayo, en medio de una escalada de violencia entre grupos de jóvenes enfrentados. Según la investigación, el conflicto tenía como protagonistas a un sector liderado por Alan Jesús Fernández y otro encabezado por los hermanos VS y JES, quienes resultaron heridos.
Dos ataques que pusieron en riesgo la vida de los hermanos
El primer hecho ocurrió en la madrugada del 4 de mayo, minutos después de la 1:30. De acuerdo a la acusación inicial, Fernández habría llegado en un Volkswagen Bora armado con una pistola 9 milímetros, acompañado por otras personas no identificadas. Tras descender del vehículo, se dirigió hacia los hermanos que estaban en la vereda y efectuó un disparo en la cabeza de VS.
La bala le provocó una fractura de cráneo que puso en serio riesgo su vida. Fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde debió ser sometido a una cirugía de urgencia.
Dos días después, el 6 de mayo entre las 22 y 22:30, JES también fue baleado cuando estaba frente a su vivienda. El disparo impactó en el muslo izquierdo y el proyectil realizó un recorrido interno que le generó una lesión intestinal grave, que requirió intervención quirúrgica y la colocación de una bolsa de colostomía.
Por ambos hechos, Fernández fue imputado por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, además de lesiones graves agravadas y portación no autorizada.
Juicio abreviado y cambio en la acusación
La causa avanzó a juicio, pero a fines de diciembre la fiscal Alejandra Altamira y el defensor Michel Rischmann informaron al juez Guillermo Baquero Lazcano que habían alcanzado un acuerdo de juicio abreviado.
En relación al primer ataque, la fiscal solicitó el sobreseimiento al considerar que las pruebas reunidas no permitían acreditar la autoría. Un menor que declaró en cámara Gesell afirmó que no logró ver quién efectuó el disparo. Además, se destacó que el proyectil recuperado, aunque deformado, se presumió que era calibre 22 largo y no 9 milímetros, como se había indicado inicialmente.
La fiscal sostuvo que, ante la imposibilidad de incorporar nuevas evidencias, no se pudo acreditar que Fernández fuera el autor del disparo en la cabeza.
Respecto del segundo hecho, la investigación determinó que Fernández conducía la motocicleta tipo Tornado, pero que el disparo fue efectuado por el acompañante, cuya identidad no fue establecida. Incluso la propia víctima señaló que quien disparó no fue Fernández.
Aun así, el imputado aceptó haber participado en ese episodio y acordó una pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso, más pautas de conducta por dos años, que incluyen la prohibición de contacto y de acercamiento a la víctima en un radio de 100 metros.
Libertad inmediata
El juez homologó el acuerdo, sobreseyó a Fernández por el intento de homicidio y lo condenó por el segundo hecho bajo la modalidad de prisión en suspenso. Tras la audiencia, ordenó su inmediata libertad, ya que se encontraba cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti.
También dispuso la restitución del Volkswagen Bora secuestrado durante la investigación a su propietaria.
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Bombazo en el fútbol: Lionel Messi compró un club en España y lanza su nuevo proyecto
Lionel Messi adquirió la UE Cornellà, que compite en la quinta categoría. La operación refuerza su vínculo con Barcelona y apuesta al desarrollo de jóvenes talentos.
Lionel Messi dio un paso fuerte fuera de las canchas y se convirtió en propietario de la UE Cornellà, institución catalana que milita en la Tercera RFEF, equivalente a la quinta división del fútbol español.
La noticia fue confirmada por el propio club, que celebró la llegada del astro argentino como parte de un nuevo proyecto deportivo.
Un club histórico enfocado en la formación
Fundada en 1951, la UE Cornellà es reconocida en Cataluña por su trabajo en divisiones inferiores y su rol en la formación de futbolistas.
El club cuenta con el Estadio Nou Municipal de Cornellà, con capacidad para 1.500 espectadores, además de un predio con varias canchas y espacios de entrenamiento.
Por sus filas pasaron jugadores que luego llegaron a la élite, como David Raya y Jordi Alba.
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Un proyecto con foco en el desarrollo y el futuro
Según el comunicado oficial, la llegada de Messi busca potenciar el crecimiento institucional y fortalecer el desarrollo del talento joven.
El rosarino mantiene así su vínculo con la región de Barcelona, donde construyó gran parte de su carrera profesional.
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No es su primera experiencia como dueño
Esta no es la primera incursión de Messi como propietario de un club. En 2025, junto a Luis Suárez, fundó el Deportivo LSM en Uruguay.
Ese equipo logró un rápido ascenso en sus primeras competencias, consolidando la apuesta del capitán argentino por proyectos deportivos a largo plazo.
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Un nuevo desafío fuera de la cancha
Mientras continúa su carrera profesional, Messi amplía su perfil como empresario deportivo.
La adquisición del club español marca un nuevo capítulo en su trayectoria, ahora también como dirigente, con el objetivo de impulsar un modelo sustentable basado en la formación y el crecimiento institucional.
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Proponen capacitar a limpiavidrios y personas en situación de calle para insertarlos en el trabajo formal
Un proyecto en el Concejo Deliberante busca capacitar a limpia vidrios y personas en situación de calle para facilitar su inserción en el empleo formal.
La concejal Valeria Todero presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Neuquén que busca ofrecer una alternativa a quienes hoy trabajan como limpia vidrios en los semáforos, lava coches o atraviesan situaciones de calle, con el objetivo de facilitar su inserción en el empleo formal.
La iniciativa plantea la creación de un programa denominado “Promotores de Movilidad Urbana”, pensado como una instancia de transición laboral que combine capacitación, acompañamiento y articulación entre el Estado y organizaciones sociales. “El proyecto apunta a lograr la transición laboral de aquellas personas que hoy se encuentran en la calle trabajando de forma muy precaria hacia la posibilidad de un empleo formal”, explicó Todero en AM Cumbre 1400.
La propuesta se diferencia de otras iniciativas en debate dentro del Deliberante que buscan prohibir este tipo de actividades. En este caso, el enfoque está puesto en generar herramientas y oportunidades, sin recurrir a sanciones directas.
“La idea no es darle dinero, pero sí entender que si se prohíbe la actividad esas personas tienen que subsistir. No se puede prohibir y correr el problema de una esquina a la otra”, sostuvo la concejal.
El programa prevé capacitaciones en áreas como seguridad vial, primeros auxilios y tareas urbanas, además de un seguimiento individual que contemple la situación particular de cada persona, incluyendo casos atravesados por consumos problemáticos o contextos de vulnerabilidad social.
También se busca que quienes participen puedan desempeñar un rol activo en la ciudad, colaborando en tareas vinculadas al mantenimiento urbano, la detección de problemas en la vía pública y la mejora del entorno.
La iniciativa comenzará a ser debatida en comisión en los próximos días, en un contexto donde distintos bloques coinciden en la necesidad de abordar la problemática, aunque con miradas diferentes sobre cómo hacerlo.
Política
MUERTE DEL DEBIDO PROCESO: CÓMO EL EJECUTIVO LOCAL PISOTEA LA CARTA ORGÁNICA PARA DISCIPLINAR EMPLEADOS
Villa La Angostura atraviesa una crisis de institucionalidad que ya no puede ocultarse bajo la alfombra del discurso oficial. Documentos recientes emitidos por la Auditoría Municipal y la flamante Defensoría del Pueblo ponen al desnudo una preocupante realidad: el uso del aparato administrativo no como una herramienta de justicia y orden, sino como un mazo para golpear derechos laborales básicos, ignorando —por impericia o por diseño— las garantías constitucionales más elementales.
Un manual de «cómo no hacer las cosas»
Lo que revelan los informes sobre los sumarios administrativos de las agentes Rosa Orellana y Jesica Maldonado es, sencillamente, un escándalo jurídico. No se trata de errores menores; estamos ante «vicios graves» que parecen sacados de un manual de autoritarismo burocrático.
¿Cómo es posible que en un Estado de derecho se ignore el derecho a la defensa? La Auditoría Municipal ha sido tajante: la instrucción del sumario contra Orellana (Decreto N° 1408/2025) fue calificada de «deficiente, desproporcionada e irracional». Se castigó a una trabajadora sin permitirle el descargo correspondiente, vulnerando el Estatuto del Personal Municipal. Aquí no hubo justicia, hubo una decisión tomada de antemano que buscó un expediente que la justificara a posteriori.
La Defensoría contra el atropello
El informe del Defensor del Pueblo en la Nota N° 42/2026 es aún más demoledor. El organismo señala una confusión procesal que roza lo absurdo: se citó a las agentes como «testigos» cuando en realidad eran las «acusadas», privándolas de la posibilidad de defenderse con asistencia letrada y de producir pruebas.
Más grave aún es la ligereza con la que se dispuso la exoneración de Maldonado por «notoria indignidad moral», un concepto subjetivo que la Municipalidad utilizó sin fundamentar ni explicar. ¿Quién define la moral en el Ejecutivo local? ¿Con qué vara se mide la dignidad de un trabajador cuando los propios procesos municipales carecen de integridad legal?
El costo de la negligencia
Este accionar no es gratuito. El incumplimiento de los plazos, las notificaciones mal cursadas a abogados sin personería y la violación de la Carta Orgánica Municipal tienen una consecuencia directa: la nulidad.
La gestión actual, encabezada por el Intendente Javier Murer, y la JACAD (Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina), parecen haber olvidado que la administración pública debe ser la primera en cumplir la ley. Al forzar sumarios viciados, no solo se comete una injusticia contra los trabajadores, sino que se expone al erario público a futuras demandas judiciales y resarcimientos que terminaremos pagando todos los vecinos.
Conclusión
La Auditoría y la Defensoría han cumplido su rol: advertir el desastre antes de que sea irreversible. Ahora, la pelota está en la cancha del Ejecutivo y de la JACAD. Si no hay una rectificación inmediata y un archivo de estas actuaciones viciadas, quedará confirmado que en la Municipalidad de Villa La Angostura, la ley es apenas una sugerencia opcional para quienes ostentan el poder.
Es hora de que la prolijidad administrativa deje de ser una excepción y vuelva a ser la norma.
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