Allanamientos a Bertolini: la fiscalía dio detalles sobre la investigación al intendente de Plottier

En diálogo con AM Cumbre, el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada en enero, en la que se pusieron en conocimiento dos situaciones concretas. Por un lado, un decreto municipal mediante el cual Bertolini eximió del pago de tasas municipales, durante el primer semestre de 2025, a un grupo determinado de propietarios de terrenos baldíos del barrio privado “Los Canales”.Según detalló Vignaroli, el beneficio no alcanzó a todos los vecinos en igual condición, ni se extendió al resto de la ciudad. “Entendemos que el único órgano con facultades para eximir tasas es el Concejo Deliberante. Bajo ningún punto de vista un intendente puede hacerlo por decreto”, señaló el fiscal jefe, al remarcar que se trata de una atribución indelegable del cuerpo legislativo local.Contrataciones bajo sospechaEl segundo eje de la denuncia apunta al manejo de contrataciones municipales con una empresa privada denominada Valco, presuntamente integrada por el hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio. Para la fiscalía, este punto abre la hipótesis del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que se configura cuando un funcionario tiene intereses en ambos lados de una contratación estatal.Vignaroli indicó que, al avanzar con las primeras verificaciones, se constató que la empresa existe y cuenta con dos socios, uno de ellos vinculado directamente a una alta funcionaria municipal. Sin embargo, también se detectó una irregularidad clave: la firma no posee CUIT, requisito indispensable para facturar servicios al Estado.A partir de esa situación, la fiscalía observó que los trabajos eran facturados por uno de los socios a título personal, aunque las facturas incluían el logo y nombre de Valco. “Entendemos que esta modalidad podría estar orientada a ocultar el interés contrapuesto existente”, explicó el fiscal jefe.De acuerdo con la información preliminar relevada por el MPF, el volumen de facturación detectado en los expedientes analizados rondaría los 200 millones de pesos, aunque aclararon que ese monto es provisorio y surge de un primer relevamiento de documentación.Documentación secuestradaLos allanamientos —autorizados por la jueza de garantías Carina Álvarez y ejecutados con personal policial— tuvieron como objetivo secuestrar documentación física y digital, además de teléfonos celulares, que ahora deberán ser peritados para reconstruir comunicaciones y circuitos administrativos.Vignaroli precisó que algunos procedimientos no pudieron concretarse por cambios recientes de domicilio, pero destacó que se logró acceder a expedientes municipales que se encontraban en el despacho del intendente y a otros documentos vinculados a las contrataciones investigadas.“El objetivo es llegar a una formulación de cargos, pero primero debemos analizar en profundidad todo lo secuestrado y verificar cómo se instrumentaron los contratos: si hubo licitaciones, contrataciones directas y si se respetó la normativa vigente”, indicó el fiscal jefe. En ese sentido, recordó que la ley provincial establece como regla general la licitación pública, con excepciones debidamente justificadas.La causa continúa en etapa de investigación y, una vez sistematizada la información obtenida en los allanamientos, la fiscalía definirá si avanza con imputaciones formales. Mientras tanto, desde el MPF señalaron que el análisis será “técnico y exhaustivo”, y que se evaluará la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados.