Aprender de la historia – Diario Río Negro

Esta semana el Congreso comenzará a discutir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central  que envió el presidente Javier Milei. El debate trasciende la coyuntura económica, ya que lo que está en juego no es solo cómo combatir la inflación, sino qué instituciones necesita la Argentina para romper con una historia de inestabilidad y desconfianza en su propia moneda.

El proyecto propone modificar aspectos centrales del funcionamiento del BCRA: convertir la estabilidad de la moneda en su objetivo prioritario eliminando los “objetivos múltiples” introducidos en 2012, prohibir el financiamiento directo del Tesoro y reforzar su independencia frente al Ejecutivo. Son cambios estructurales que reabren una discusión que lleva décadas: hasta dónde debe llegar la autonomía de la autoridad monetaria y los límites del poder político sobre ella.

La historia argentina explica por qué ese debate vuelve una y otra vez. Pocos países acumulan semejante sucesión de crisis monetarias. Cinco signos diferentes, trece ceros eliminados, devaluaciones recurrentes y largos períodos de inflación marcan una incapacidad de construir reglas que resistan los cambios de gestión. En distintos momentos, el Central dejó de ser el garante de la estabilidad para convertirse en una herramienta para resolver urgencias fiscales, con costos que terminaron pagando la economía y la sociedad. Hubo uso y abuso de nombramientos de autoridades por decreto y “en comisión”, eludiendo al Legislativo.

Esa lección histórica le da sentido a esta reforma, que busca fijar límites claros a una práctica usual de la política argentina: financiar el gasto público mediante emisión monetaria. La mayor autonomía de sus autoridades busca reducir el predominio de las urgencias electorales sobre los objetivos de largo plazo.

En ese aspecto, el proyecto se acerca al modelo adoptado por la mayoría de los países de América Latina. Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Brasil avanzaron, con distintos tiempos y matices, hacia bancos centrales con autonomía y restricciones al financiamiento de los gobiernos. La estabilidad monetaria que consolidaron esos países difícilmente pueda explicarse sin esa evolución institucional. Sin embargo, esas experiencias también demuestran que la independencia no es un dogma. Un banco central fuerte necesita autonomía para tomar decisiones técnicas, pero también mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. La calidad institucional no depende solo de limitar al Ejecutivo; exige además que quienes administran una herramienta tan decisiva respondan ante la sociedad y el Congreso.

Aquí aparecen observaciones formuladas esta semana por economistas de distintas corrientes. Mientras algunos destacan el mandato único de preservar el valor de la moneda y la prohibición de financiar al Tesoro, otros advierten que la autonomía debe convivir con mecanismos efectivos de coordinación con el resto de la política económica y con instrumentos que permitan actuar frente a circunstancias excepcionales. El desafío será encontrar un equilibrio entre independencia y responsabilidad institucional.

Hay un argumento fuerte en favor de buscar consensos para esta iniciativa. Ninguna ley es irreversible. La estabilidad institucional no vendrá solo de una nueva Carta Orgánica, sino de la capacidad del sistema político para respetar esas reglas si cambian las mayorías circunstanciales. Argentina ha demostrado demasiadas veces que instituciones creadas para perdurar terminaron alteradas por los cambios de signo político. Esa es una de las razones por las cuales le ha costado tanto reconstruir la confianza. Para provincias productivas como Río Negro y Neuquén, este debate no es abstracto. La previsibilidad monetaria y financiera es una condición para sostener inversiones de largo plazo, desarrollar infraestructura y generar empleo. Proyectos estratégicos como los de Vaca Muerta demandan horizontes de inversión que se miden en décadas y necesitan instituciones económicas estables tanto como rutas en buen estado, energía o seguridad jurídica.

El Congreso tiene la responsabilidad de discutir, mejorar el proyecto y transformarlo en una verdadera política de Estado. La discusión no debería limitarse a la confrontación entre oficialismo y oposición ni en la evaluación del programa económico del Gobierno.

Este proyecto redefine las normas que organizan la relación entre el Estado, la moneda y el poder político. Después de décadas de soluciones transitorias, quizá haya llegado el momento de discutir reglas permanentes. Porque la fortaleza del peso no depende únicamente de un banco central, si no de la fortaleza de las instituciones que lo sostienen.