Causa AFA: apelan a la Corte Suprema para evitar que la investigación por la mansión de Pilar salga de Comodoro Py

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentó este lunes un pedido formal para que la Corte Suprema de Justicia revoque el fallo que permitió el traslado de la causa vinculada a la AFA por la mansión de Pilar a los tribunales de Campana y disponga que la investigación continúe en Comodoro Py. Para ello, el funcionario presentó un “recurso extraordinario” ante la sala de la Cámara Federal de Casación que tomó esa decisión, con el objetivo de que lo remita al máximo tribunal y defina qué juzgado tendrá la competencia definitiva.

El caso que generó la disputa jurisdiccional investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una imponente casaquinta en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. La propiedad, de 105.000 metros cuadrados, se encuentra a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte, a quienes la Justicia investiga como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Las sospechas radican en que los ingresos de los imputados no corresponderían con el valor del inmueble, el cual fue tasado en 17 millones de dólares, cifra a la que se sumarían otros 4 millones por una flota de autos de colección hallada en el lugar durante un allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas.

Desde que se presentó la denuncia inicial —impulsada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— ya transcurrieron nueve meses de conflicto entre diferentes juzgados para determinar quién debe investigar el origen de los fondos. La defensa de Pantano pretende que el expediente tramite en Campana, mientras que la fiscalía busca retenerlo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, Villar aguarda la decisión de la Cámara de Casación; si los mismos jueces deciden no conceder el recurso, al fiscal solo le quedará ir en una queja directa ante la Corte para intentar que la pesquisa vuelva al ámbito porteño.

La competencia territorial por la mansión de Pilar

En su escrito, el fiscal busca impugnar la sentencia de la Cámara que le dio la competencia al juez de Campana, Adrián González Charvay, por considerarla “arbitraria”. Villar argumentó la postura del Ministerio Público Fiscal y advirtió: “Se otorgó competencia a un tribunal que no es el juez natural de la causa, argumentando sólo sobre la base de la competencia material y sin discutir la competencia territorial, por lo que se niega la jurisdicción federal competente”.

El representante de la fiscalía cuestionó que el fallo de Casación se basó solamente en el domicilio donde está ubicada la mansión, “sin atender a la hipótesis delictiva total objeto de investigación”. Para profundizar este punto, el escrito reclamó: “Si se hubiera discutido correctamente el territorio, la resolución estaría admitiendo su atribución por la mera existencia de un inmueble (la quinta de Villa Rosa), sin atender a la hipótesis delictiva total objeto de investigación. La que determina, sin lugar a dudas, la competencia del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Villar remarcó que la investigación está estructurada sobre una pluralidad de actos jurídicos, financieros y societarios que solo adquieren significado al analizarse de manera conjunta y no como un hecho aislado en Pilar.

“Cuando los hechos presentan puntos de conexión con diversas jurisdicciones, corresponde identificar aquella que guarda una relación más directa con el núcleo de la actividad investigada y permite su conocimiento integral. En el caso, ese centro de gravedad se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, subrayó el fiscal, basándose en la hipótesis de que el supuesto lavado de activos comenzó con maniobras en financieras porteñas y envíos de dólares en efectivo a domicilios en CABA.

El largo derrotero judicial del expediente involucró hasta el momento a cuatro jueces de primera instancia en los fueros federal y penal económico, además de tribunales superiores. La causa pasó por tres Cámaras de Apelaciones —la Federal porteña, la de San Martín y la Penal Económico— y por Casación. Esta última resolvió semanas atrás que la investigación debía volver al juzgado federal de Campana porque el lavado de activos es un delito de competencia federal y no penal económico, coincidiendo en este último punto con la disidencia del camarista Alejandro Slokar, quien se había pronunciado por declarar el recurso “inadmisible” por motivos formales.

Frente a la decisión de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, Villar postuló que el fallo de Casación produjo “un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior” al asignar el caso a González Charvay. En el recurso, el fiscal advirtió que lo dictaminado “no constituyó una derivación razonada del derecho vigente, en la medida en que no atendió a la totalidad del objeto de investigación y no respetó debidamente los estándares establecidos por la Corte en materia de conflictos de competencia”.

Las conexiones con la AFA que busca comprobar el fiscal

En su apelación, Villar sumó como argumento central que el caso no es un hecho aislado. Durante la pesquisa, se descubrió que muchos gastos de la mansión y de los autos que allí se guardaban eran solventados con una tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano, cuyo resumen llegaba cada mes a la sede de la calle Viamonte.

Al respecto, el fiscal remarcó que la causa mantiene una conexión directa con expedientes por presunta defraudación a la entidad rectora del fútbol, entre otras investigaciones que involucran a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y al propio Toviggino. “Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas son varias y no se limitan a las presentes actuaciones. Ello determina la necesidad de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se reclama, ya que la diversidad de expedientes y conflictos de competencia suscitados entre distintos tribunales, incluso algunos que ya se encuentran tramitando ante el cimero tribunal, determinan la grave afectación a la garantía del juez natural de la causa que exige una tutela inmediata”, agregó en su escrito.

Para fundamentar la urgencia de que el máximo tribunal tome el control del expediente, Villar concluyó que la “situación amerita, por su naturaleza y gravedad, una consideración inmediata” por parte de la Corte, “en tanto ésta constituye la única oportunidad para la adecuada tutela de la garantía constitucional de juez natural”.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas.