Ciberespionaje a la carta: procesan a Zanchetta y a la banda que hackeó a los jueces más poderosos del país

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el procesamiento de Ariel Zanchetta, Ezequiel Nuñes Pinheiro y Tomás Hválica, señalados como los engranajes principales de una asociación ilícita dedicada a rastrear, hackear y espiar a ministros de la Corte Suprema y jueces federales clave. El fallo dejó en claro que no se trató de un par de intrusiones aisladas o de simple curiosidad cibernética, sino de una maquinaria criminal perfectamente aceitada que operó al menos entre febrero de 2022 y mayo de 2023. En el centro aparece Zanchetta, un ex policía y agente inorgánico de la ex SIDE que intentó escudarse bajo el disfraz de periodista. Sin embargo, la Justicia comprobó que funcionaba como un proveedor mayorista de información sensible: sólo durante el año 2022 realizó más de dos mil búsquedas de datos patrimoniales y migratorios de funcionarios de alto perfil. Ariel Zanchetta, uno de los procesados La lista de víctimas de esta organización parece el “quién es quién” del Poder Judicial argentino. La red apuntó sus cañones hacia la cúpula de la Justicia, creando líneas falsas a nombre de los supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Además, vulneraron la privacidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (de la Cámara de Casación), y hackearon directamente a Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los magistrados que tuvieron en sus manos el explosivo juicio de la causa Vialidad.

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Para entrar en los teléfonos de sus objetivos, la banda utilizaba una coreografía delictiva dividida en tres pasos. Primero, Hválica entraba en escena aportando acceso ilimitado a su plataforma “Dark PFA”, una base de la deep web donde conseguían hasta el número de trámite del DNI de las víctimas. Con esos datos en la mano, Nuñes Pinheiro ejecutaba la segunda fase: una maniobra conocida como “sim swapping”, donde se hacían pasar por los jueces ante la empresa de telefonía Movistar para tomar el control total de sus líneas. Una vez clonado el chip, el tercer paso completaba el asalto digital: el acceso sin restricciones a los chats de WhatsApp y Telegram de los magistrados. El propio Nuñes Pinheiro reconoció en su indagatoria que operaba bajo las órdenes de un usuario misterioso de Telegram llamado “ElJuanxd”, quien le hacía los encargos a medida, le pagaba por el trabajo sucio y luego desaparecía sin dejar rastro, consolidando así “el carácter estable y continuo de la estructura criminal”, tal como remarcó el magistrado en su resolución. Ciberdelitos: Estados Unidos habilita a empresas privadas a contraatacar a los hackers Más allá del espionaje: el negocio de la extorsión virtual La intrusión en los dispositivos de los jueces no solo tenía como objetivo el robo de información confidencial o la inteligencia política, sino que también abrió la puerta a las estafas virtuales. El expediente judicial reveló que los piratas informáticos buscaron sacarle un rédito económico inmediato al hackeo, utilizando la propia agenda de las víctimas para armar pedidos de dinero fraudulentos. El caso más evidente lo sufrió el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Una vez que los ciberdelincuentes tomaron el control absoluto de su línea, comenzaron a enviar mensajes a sus contactos de WhatsApp y Telegram haciéndose pasar por el magistrado. Alegando falsas emergencias, solicitaban a los conocidos del juez que realizaran transferencias urgentes de dinero. Lejos de ser una operación fantasma e irrastreable, la investigación logró seguir la ruta de los fondos exigidos. El dinero de las estafas terminaba aterrizando directamente en una cuenta de la billetera virtual Mercado Pago registrada a nombre de Julián Matías Bellido, bajo el alias “julian.01”. Este último eslabón de la cadena ya había sido identificado y también se encuentra procesado dentro de la misma causa, cerrando el círculo de una de las redes de ciberespionaje más impresionantes de los últimos tiempos. TC/MSS