Comienza a develarse la otra corrupción planera de Gutiérrez

La investigación judicial que analiza el presunto desvío de fondos públicos durante el gobierno del ex gobernador Omar Gutiérrez comienza a exponer lo que muchos ya describen como la otra “corrupción planera” de aquella gestión. A medida que avanza la causa aparecen indicios de un posible circuito de dinero que habría sido utilizado para financiar organizaciones sociales y evitar protestas callejeras que pudieran desgastar la imagen del gobierno.

El dato político que más ruido genera es la diversidad de los nombres involucrados. Entre los sospechosos aparecen dos ex ministros del propio gobierno y también una ex diputada de la oposición. Esa combinación alimenta la hipótesis de que pudo haber existido un circuito de transferencias millonarias que funcionaba como una suerte de sistema de contención social financiado con recursos públicos. (Con la nuestra, como se dice ahora).

La ex legisladora bajo investigación es Gabriela Suppicich, dirigente del Partido Obrero que hasta hace poco integraba la bancada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Según trascendió en la causa, habría recibido una serie de transferencias entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 que ahora están siendo analizadas por la fiscalía.

El expediente también tiene en la mira a los ex ministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino. Ambos fueron imputados en la causa que investiga el destino de fondos públicos otorgados a organizaciones sociales a través de programas oficiales que debían destinarse a capacitación y asistencia comunitaria.

Para los analistas, el hecho de que aparezcan en el mismo expediente funcionarios del gobierno y una dirigente que públicamente se presentaba como opositora abona la sospecha de que pudo haber existido un sistema de pagos para evitar conflictos sociales. De comprobarse esa hipótesis, no sólo se trataría de una inmoralidad política, sino también de un delito grave: el desvío de recursos del Estado provincial, es decir, dinero que pertenece a todos los neuquinos.

La causa es impulsada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y tienen bajo la lupa los fondos destinados a la cooperativa Viento Sur (integrada por organizaciones sociales) mediante un programa oficial creado en 2022. Según la investigación, el perjuicio económico para el Estado provincial superaría los 1.200 millones de pesos a valores históricos.

En el caso de Di Luca, además, el expediente adquiere un peso político todavía mayor. El ex ministro ya fue condenado a cinco años de prisión en otra causa judicial por el desvío de planes sociales que nunca llegaron a familias de bajos recursos. En aquel proceso fue considerado uno de los cabecillas de una banda que se apropiaba de esos fondos. Aunque se trata de un expediente distinto, el protagonista vuelve a ser el mismo, y eso refuerza las sospechas sobre un sistema que, poco a poco, comienza a quedar al descubierto.