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Cristina Kirchner: embargan el departamento de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria
La medida es cautelar: no implica remate inmediato ni cambia la titularidad. Integra el decomiso de 685.000 millones de pesos por la Causa Vialidad.
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), a cargo de la ejecución de la condena por la Causa Vialidad, dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el departamento de San José 1111 donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.
El propio tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta ni la realización inmediata de los bienes, y que tampoco modifican por ahora su titularidad registral. Según los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, las cautelares buscan garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras se define el decomiso definitivo, con intervención de las partes.
Causa Vialidad: en qué etapa está el decomiso
La resolución integra una segunda etapa de ejecución patrimonial de la condena, que quedó firme con el aval de la Corte Suprema e incluyó seis años de prisión, inhabilitación perpetua y un decomiso por unos 685.000 millones de pesos. Esta nueva tanda comprende 144 bienes —entre inmuebles y vehículos— y participaciones accionarias en distintas sociedades, además de unos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia.
La primera etapa había abarcado 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani: 20 vinculadas a la familia Kirchner, 85 a Lázaro Báez y sus empresas y otras seis de los restantes condenados. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese criterio en febrero, pero Cristina Kirchner y Báez recurrieron, por lo que la definición final sobre ese primer grupo quedó en manos de la Corte Suprema.
Para extender las medidas a bienes de Máximo y Florencia Kirchner, el TOF2 se apoyó en la sentencia condenatoria, que concluyó que la maniobra en la obra pública produjo beneficios directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner entre 2003 y 2015. En ese esquema, el tribunal señaló que parte de los fondos quedó asentada en activos de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., e invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a sociedades beneficiadas por el producto de un delito.
