Defensor del Pueblo de Neuquén: «El transporte gratuito para personas con discapacidad está garantizado por ley»

l Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra, salió a aclarar el panorama tras el revuelo generado por el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer. Su mensaje fue directo: la gratuidad no desaparece porque está consagrada por ley, y ninguna disposición puede anularla.

Pereyra explicó en AM Cumbre 1400 que lo que el Estado eliminó —mediante la disposición 28/26— no es el beneficio en sí, sino el subsidio que recibían las empresas para cubrir ese costo. Esa compensación había surgido históricamente como respuesta al congelamiento de tarifas: si el gobierno les impedía actualizar los precios, les transfería fondos para que pudieran absorber la gratuidad exigida por ley. «Como ahora las tarifas están actualizadas, el Estado les dice: ya no tiene sentido que les sigamos dando esa plata. Cumplan con lo que marca la ley», sintetizó.

Las normas que sostienen ese derecho son antiguas y sólidas: la ley 22.431, que data de la época del gobierno militar, garantiza el transporte gratuito para personas con discapacidad; y la ley 27.674 amplió ese beneficio a niñas, niños y adolescentes con cáncer. Ninguna de las dos fue derogada. «La única manera de que ese beneficio deje de existir es que salga una nueva ley que lo elimine, y eso no ha sucedido», subrayó Pereyra.

Sin denuncias en Neuquén y con el sistema funcionando

El defensor confirmó que en la provincia el sistema se mantiene operativo: consultó a la Municipalidad de Neuquén y le informaron que las empresas están acatando la ley. Hasta el momento, la Defensoría no recibió ninguna denuncia de personas con discapacidad a quienes se les haya negado el pasaje gratuito. «Eso no quiere decir que no pueda pasar. Si alguien se encuentra con esa situación, tiene las puertas abiertas de la Defensoría», aclaró.

Pereyra también se desmarcó del pronunciamiento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que había expresado preocupación por la medida. Sin desconocer su pertenencia a la asociación, fue crítico: señaló que en algunos casos el organismo tiene un sesgo político que no se condice con la objetividad e imparcialidad que le exige la función de defensor. «Acompaño todo lo que sea objetivo y esté respaldado por la legislación. Pero cuando veo pronunciamientos que no están avalados por la totalidad de los defensores y que tienen un tinte ideológico, me corro», afirmó.