Denuncian a Ramón “Cañito” Flores por hacer ingresar a la Legislatura a un condenado y cesanteado por Epec

Con el patrocinio del abogado Javier Antonio Foresi, ingresó a la Justicia una denuncia penal contra el exlegislador Ramón “Cañito” Flores por la incorporación como asesor legislativo de Ariel Alejandro Rodríguez.

La sospecha sobre esta presunta designación ilegal surgió de las propias palabras del beneficiario durante un proceso judicial reciente. En el marco de un juicio oral ante la Cámara del Crimen de Deán Funes, en abril de este año, Rodríguez confesó que, tras quedarse sin trabajo, recurrió a su vínculo de amistad con el entonces legislador Ramón Flores. “Es mi amigo y me dio una mano”, declaró ante el tribunal, admitiendo que gracias a esa influencia logró desempeñarse como empleado de la Legislatura provincial. También reconoció que posteriormente fue apartado de su puesto cuando las autoridades tomaron conocimiento de sus antecedentes.

En ese proceso, Rodríguez fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado y usurpación.

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El antecedente oculto de la expulsión de Epec

El impedimento de Rodríguez para ingresar a la Legislatura era de carácter insalvable, según el texto de la denuncia. Antes de su designación, Rodríguez se había desempeñado como empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, desde julio de 2014. Sin embargo, esa relación laboral finalizó de forma abrupta tras un sumario administrativo por graves irregularidades vinculadas con la utilización de bienes de la empresa, medida que derivó en su cesantía.

Este antecedente administrativo se convirtió en un obstáculo legal directo -a decir de los denunciantes-.porque el Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo (Ley Provincial N.° 9.880) establece en su artículo 12 (inciso f) una prohibición taxativa: no pueden ingresar a la Legislatura quienes hayan sido declarados cesantes o exonerados en la administración pública nacional, provincial o municipal, a menos que hayan obtenido previamente una rehabilitación administrativa. Además, el mismo artículo bloquean el ingreso de personas condenadas por delitos contra la administración, con procesos penales pendientes o con condenas por delitos dolosos.

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Los delitos bajo investigación

La denuncia solicita a la fiscal Cepede que investigue la responsabilidad penal tanto del beneficiario como de los funcionarios públicos que propusieron, gestionaron o autorizaron su nombramiento, con especial énfasis en el rol que desempeñó el exlegislador Flores.

La nueva denuncia es investigada por la misma Fiscalía que avanza en las gravísimas pesquisas por grooming y abuso sexual infantil. Hasta ahora fueron identificadas cuatro víctimas, todas niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años. La causa tiene 15 personas detenidas. Uno de los nombres más resonantes es el de José Villarreal, también asesor legislativo de Flores hasta que cayó preso.