Actualidad
Denunciaron a María Tettamanti y Eduardo Rodríguez Chirillo por habilitar a una petrolera inhabilitada por operar en Malvinas

Una fiscalía especializada en corrupción denunció penalmente a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y a su antecesor en el cargo, Eduardo Rodríguez Chirillo, por haber permitido que operara en el país una empresa que estaba inhabilitada por haber desarrollado actividades hidrocarburíferas en zonas próximas a las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino.
María del Carmen Tettamanti y Eduardo Javier Rodriguez Chirillo
Se trata de la compañía Harbour Energy, continuadora de Premier Oil, firma a la que se le prohibió por 15 años (hasta 2028) desarrollar actividades en la Argentina. Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que presentó la denuncia, Harbour Energy y Premier Oil son “la misma persona” y la Secretaría de Energía contaba con documentación que lo acreditaba. No obstante, a Harbour Energy se le permitió hacer “negocios de una magnitud extraordinaria” en el sector hidrocarburífero; controlar “indirectamente participaciones en licencias de explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y en la Cuenca Marina Austral” y beneficiarse con contratos con empresas públicas, afirmó el organismo.El Gobierno lleva la Ley Malvinas a Diputados sin certezas y con el apuro por el fallo del Tribunal del MarLa denuncia fue presentada el 29 de septiembre pasado por Sergio Rodríguez, titular de esta fiscalía especializada, quien sostuvo que “en el estado actual de la investigación no se cuenta con elementos que permitan afirmar la existencia de pagos, promesas o beneficios indebidos” recibidos por los funcionarios a cambio de la habilitación para la empresa. Sin embargo, advirtió que “el carácter reiterado de las irregularidades detectadas, su aptitud para remover impedimentos legales concretos y la extraordinaria significación económica de los negocios posibilitados justifican que la investigación penal procure determinar si existió algún tipo de contraprestación o acuerdo indebido entre funcionarios públicos y representantes de las empresas beneficiadas”.En esa línea, la presentación judicial remarcó: “No resulta lógico suponer que los funcionarios de la Secretaría de Energía hayan incumplido su deber de aplicar la ley 26.659 de manera flagrante y reiterada para favorecer a una empresa extranjera sin recibir nada a cambio”. Los otros dos delitos de funcionarios en los que podrían encuadrarse los hechos denunciados son, según la PIA, el de incumplimiento de los deberes y el de negociaciones incompatibles con el cargo.La lista de los denunciados incluye también a Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Nación, quien el 26 de diciembre de 2024 otorgó el certificado de reinscripción de Harbour Energy Argentina Limited S.E.E. en el Registro de Empresas Petroleras, y a un apoderado de Harbour Argentina que, según la fiscalía, omitió información clave para habilitar la inscripción.La PIA abrió esta investigación a raíz de una presentación de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández. También expuso esta situación el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien a principios de septiembre les pidió explicaciones públicamente a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, advirtiendo que la continuadora de Premier Oil había sido beneficiada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).Días antes, el 3 de septiembre, por cadena nacional y rodeado por todo su gabinete, el presidente Javier Milei había anunciado un plan para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en la zona de las Malvinas. “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, advirtió el mandatario en aquella oportunidad.Patricia Bullrich: “Yo soy una socia de este proyecto. El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”La denuncia de la PIA ingresó en los tribunales de Comodoro Py y, por sorteo, quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo. A pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli, el magistrado ya ordenó una serie de medidas de prueba para hacerse de documentación sobre Harbour Energy y sus actividades en el país. Por su parte, desde sectores que defienden la actuación de la compañía sostienen que no es una mera continuación de Premier Oil bajo otro nombre, argumentando que cuenta con una trayectoria propia anterior y que se constituyó una nueva firma con nuevos accionistas, control y dirección, además de alegar que Harbour se retiró definitivamente del proyecto de Malvinas tras la intimación de las autoridades argentinas en 2021.De Premier Oil a Harbour Energy: cómo operó la fusión que la Justicia investiga por la inhabilitación en MalvinasEl conflicto jurídico alrededor de Harbour Energy se remonta a 2013, año en que la firma británica Premier Oil fue inhabilitada para desarrollar actividades en la Argentina hasta el 9 de octubre de 2028 mediante la resolución 481/13 de la Secretaría de Energía. Aquella sanción posee un alcance amplio, ya que impide que la compañía realice cualquier tipo de operación en el territorio nacional, tanto de forma directa como a través de otras sociedades controladas o de las cuales perciba beneficios económicos.
Harbour Energy
En su presentación judicial, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió que Premier Oil posee una empresa continuadora, Harbour Energy, que en los últimos años logró participar de grandes negocios con el Estado argentino. “Premier Oil plc y Harbour Energy plc son la misma persona”, sostuvo el organismo fiscal al detallar la ingeniería societaria detrás de la firma.Cómo golpeó a Sea Lion y sus socios comerciales el anuncio de Javier MileiDe acuerdo con la reconstrucción de la procuraduría, Premier Oil “conservó su número de registro, su identificador internacional LEI y su fecha de admisión bursátil”, con el propósito expreso de mantener la inscripción (listing) para continuar cotizando en la Bolsa de Valores de Londres. En los hechos, la firma se fusionó con Chrysaor Holdings Limited y modificó su razón social a Harbour Energy plc, “pero este cambio de nombre no tuvo ningún efecto sobre sus obligaciones, conforme al derecho británico que rige su constitución”. Por ese motivo, el dictamen remarca que “la inhabilitación impuesta en 2013 resulta, por lo tanto, plenamente aplicable a la sociedad con su nueva denominación”.El expediente relata además que, en 2021, la propia Secretaría de Energía inició actuaciones administrativas contra Harbour Energy y contra Navitas Petroleum por infracción a la ley 26.659 de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. “En esos expedientes se incorporaron los antecedentes de la fusión con Chrysaor Holdings Limited y la Secretaría de Energía calificó a Harbour Energy plc como ‘continuadora de Premier Oil plc’”, puntualizó el fiscal Sergio Rodríguez.Finalmente, la denuncia recuerda que el 23 de septiembre de 2021, la entonces titular de la Dirección Nacional de Malvinas, Sandra Rosa Pitta, informó a la cartera energética que Harbour Energy había anunciado en su sitio institucional el abandono del proyecto Sea Lion como resultado de una “revisión estratégica de su cartera” de activos, una decisión que medios especializados vincularon con las sanciones administrativas que enfrentaba en el país. Sin embargo, el expediente nunca se cerró: “Luego del anuncio del retiro de Harbour Energy plc de Sea Lion, las actuaciones seguidas en su contra quedaron paralizadas y hasta la fecha no se dictó una resolución definitiva”, concluyó la fiscalía.El desembarco de Harbour Energy en Vaca Muerta y el proyecto de GNL: los negocios que cuestiona la JusticiaDe acuerdo con la presentación judicial de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el desembarco operativo de Harbour Energy en los principales yacimientos del país se concretó el 3 de septiembre de 2024, fecha en la que adquirió Wintershall Dea Argentina S.A. A partir de esa operación, la compañía “pasó a controlar participaciones en los bloques Aguada Pichana Este y San Roque de Vaca Muerta, y en la Cuenca Marina Austral 1 de Tierra del Fuego”, convirtiéndose además en “beneficiaria final de contratos de provisión de gas con Cammesa y Enarsa”.En su relato de los hechos, la fiscalía precisó el cronograma administrativo que rodeó la transferencia societaria: “La reinscripción de Wintershall Dea Argentina S.A. en el Registro de Empresas Petroleras fue otorgada el 16 de agosto de 2024, antes de que Harbour Energy plc adquiriera el control indirecto de la sociedad. Sin embargo, una vez perfeccionada la operación, Wintershall informó expresamente a la Secretaría de Energía que Harbour Energy se había convertido en su controlante final”. Según sostuvo la PIA, pese a contar con esos antecedentes oficiales, los funcionarios intervinientes no actuaron y esa omisión “permitió que Wintershall Dea Argentina S.A. continuara registrada bajo el control de una empresa legalmente inhabilitada”.Asimismo, la denuncia advierte sobre la participación de la firma en proyectos estratégicos de exportación energética a gran escala. “Harbour Energy plc posee, a través de SE Argentina Holdings B.V., una participación del 15% en Southern Energy S.A. (SESA), consorcio que lidera uno de los proyectos de exportación de GNL más grandes del país”, detalló el organismo fiscal. En ese marco, cuestionó que “la Secretaría de Energía otorgó a SESA dos certificados de autorización de libre exportación de GNL por treinta años (Resoluciones SE 165/2025 y 353/2025), sin considerar los efectos de la sanción administrativa que pesaba sobre su accionista Harbour Energy plc”.Quiénes son María del Carmen Tettamanti y Eduardo Rodríguez Chirillo, los referentes energéticos denunciados por el caso Malvinas María del Carmen Tettamanti, actual titular de la Secretaría de Energía de la Nación desde octubre de 2024, es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con un máster en Economía por la Universidad del CEMA. Antes de desembarcar en la función pública, construyó una carrera de más de tres décadas en puestos ejecutivos de primera línea dentro de empresas privadas del sector energético argentino. Se desempeñó como directora general de la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana hasta 2023, fue gerente general de NRG Energía S.A. y ocupó cargos directivos y comerciales en firmas como Total Austral, Metrogas y Albanesi. En el plano político, trabajó en los equipos técnicos de campaña de Patricia Bullrich en 2023, mantuvo cercanía con el expresidente Mauricio Macri y asesoró en agenda energética al diputado José Luis Espert antes de ser convocada por el ministro Luis Caputo.Por su parte, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo fue el primer secretario de Energía de la gestión de Javier Milei, cargo que ocupó entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, cuando presentó su renuncia alegando motivos de salud en medio de reestructuraciones internas del área. Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), se especializó en regulación energética y procesos de privatización de empresas estatales. En los años noventa fue consultor de la Secretaría de Energía durante la gestión de Domingo Cavallo y asesor del entonces Ministerio de Infraestructura, participando activamente en las privatizaciones de esa década. Posteriormente residió más de veinte años en España, donde colaboró en el plan de privatizaciones del gobierno de José María Aznar, asesoró al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fundó su propia consultora internacional (ERC & Asociados). Antes de asumir en el Ejecutivo, fue uno de los principales redactores de los capítulos energéticos y de desregulación económica de la Ley Bases y del DNU 70/2023 junto a Federico Sturzenegger.