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Deuda argentina: el Gobierno busca aprobar un acuerdo con fondos buitre en el Congreso
El Gobierno firmó un acuerdo con fondos que litigaban contra el país y prevé enviarlo al Congreso para su aprobación, en busca de cerrar un frente histórico de la deuda.
A más de dos décadas del default de 2001, el Gobierno nacional busca cerrar uno de los últimos frentes abiertos de la deuda externa. El presidente Javier Milei planea enviar al Congreso un acuerdo con fondos buitre, con el objetivo de resolver litigios que aún generan costos para el país.
La iniciativa apunta a avanzar en la regularización de compromisos pendientes que se arrastran desde la crisis económica, y que a lo largo de los años implicaron canjes de bonos, pagos millonarios y procesos judiciales en el exterior.
Un acuerdo que depende del Congreso
Según trascendió, el estudio jurídico que representa a la Argentina en Estados Unidos notificó a la jueza Loretta Preska, quien centraliza las causas en Nueva York, que el 1 de abril se firmó un acuerdo definitivo con los fondos.
El entendimiento, sin embargo, está sujeto a la aprobación del Congreso, donde será enviado en los próximos días para su tratamiento.
Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el contenido del acuerdo ni el monto final a pagar, aunque desde el Gobierno adelantaron que no se abonará el total de la deuda reclamada.
Juicios, embargos y montos en disputa
El país enfrenta reclamos de grupos que no participaron en los canjes de deuda posteriores al default y que cuentan con sentencias firmes a su favor.
Uno de los bloques está liderado por Attestor, junto a otros fondos, con reclamos cercanos a los 500 millones de dólares. Otro grupo, encabezado por Bainbridge, reclama alrededor de 95 millones de dólares.
En 2025, estos acreedores lograron embargar 310 millones de dólares que Argentina mantenía en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York. De ese total, una parte ya fue transferida a los fondos, mientras que otra quedó bloqueada por decisión judicial.
En ese contexto, se estima que el acuerdo que será enviado al Congreso podría implicar un pago inferior a los 200 millones de dólares, teniendo en cuenta los montos ya ejecutados.
El acuerdo alcanzado en marzo de 2026 incluyó un pedido conjunto de las partes para suspender la causa en curso, lo que permitió frenar medidas más severas.
Entre ellas, se encontraban solicitudes para que el país entregara activos como acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF, en el marco de los litigios.
