Dictamen jurídico advierte que el Concejo Deliberante avanzó sobre facultades propias del Ejecutivo

Estimados vecinos/as,

La Asesoría Legal Municipal emitió un dictamen en el que concluye que la Ordenanza N.º 4381/2026, que autoriza la continuidad de locaciones de servicio, excede el alcance previsto por el artículo 8° de la Ordenanza 4274/2025, al incorporar disposiciones que invaden competencias propias del Departamento Ejecutivo Municipal.

Según el análisis jurídico, el rol del Concejo Deliberante en este caso debía limitarse exclusivamente a verificar si existía o no intención de desdoblamiento en las contrataciones municipales. Sin embargo, la ordenanza fue más allá de esa función de control e incorporó facultades para autorizar contrataciones, disponer renovaciones, fijar plazos, exigir concursos, solicitar informes de desempeño y establecer condiciones para futuras contrataciones, cuestiones que, de acuerdo con el dictamen, corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo en su carácter de jefe de la administración municipal.

El informe sostiene que una cosa es controlar y otra muy distinta es administrar. Así como el Ejecutivo no puede sancionar ordenanzas, el Concejo Deliberante tampoco puede asumir decisiones que la Carta Orgánica y la Constitución Provincial reservan al Departamento Ejecutivo. En ese sentido, advierte que la ordenanza genera una superposición de funciones que afecta el principio republicano de división de poderes y recomienda el veto parcial de aquellas disposiciones que exceden las atribuciones legislativas.

Desde el Ejecutivo señalamos además que este tipo de intervenciones incorpora nuevos pasos administrativos, condiciona decisiones propias de la gestión diaria y termina demorando la contratación de servicios, la continuidad de programas y la respuesta que el Municipio debe brindar a los vecinos. Más burocracia y superposición de funciones no significan más transparencia; significan menos capacidad de respuesta para la comunidad.

Asimismo, recordar que hace más de 90 días el Departamento Ejecutivo presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para crear un Régimen de Eficiencia, Simplificación y Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos Municipales, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica, agilizar la gestión y evitar precisamente este tipo de conflictos de competencias. La iniciativa recibió observaciones favorables de la Auditoría Municipal en gran parte de su contenido; sin embargo, no obtuvo el acompañamiento necesario para avanzar en su tratamiento.

En contraste, se optó por mantener vigente un esquema normativo que, según el dictamen de la Asesoría Legal, genera una indebida superposición de funciones entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Pero esto no es solo una discusión jurídica: es una realidad que vivimos todos los días desde el Ejecutivo. Existe una pretensión de cogobernar desde el ámbito legislativo que termina condicionando decisiones administrativas que la Carta Orgánica asigna al Intendente. El resultado es más burocracia, demoras y una menor capacidad de respuesta frente a las necesidades de los vecinos.

Finalmente, considerar que esta interpretación también desdibuja el rol institucional de la Auditoría Municipal. En lugar de fortalecer su función técnica e independiente como órgano de control, traslada decisiones al ámbito político del Concejo Deliberante, alterando el esquema de controles previsto por la Carta Orgánica y debilitando el equilibrio institucional.

“El objetivo no es reducir controles, sino que cada institución ejerza las funciones que le asignan la Constitución y la Carta Orgánica. Controlar fortalece la transparencia; administrar corresponde al Ejecutivo. Cuando esos límites se confunden, se perjudica la gestión y, en consecuencia, a los vecinos.”

Javier Murer – Intendente