Dos fallos sobre faltantes de drogas en Cruz del Eje: mientras confirman condena a policía, dictan falta de mérito al fiscal

En 24 horas, salieron dos fallos referidos al faltante de drogas detectado en agosto de 2023 en Cruz del Eje. Marihuana y cocaína secuestradas en procedimientos, que miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) apartaban para plantarla y generar procedimientos. Los hechos fueron confesados en juicio abreviado, donde siete efectivos fueron condenados. Uno de ellos, el exjefe de la Brigada Néstor Javier Márquez, fue en casación y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia.

Queda en trámite la investigación que tiene imputados al fiscal de Narcotráfico, Raúl Ramírez -en uso de licencia desde hace meses-, el secretario de la Fiscalía del fuero especial de Cruz del Eje, Patricio Bazán y el exjefe de la FPA de esa jurisdicción, Mauricio Loyola. Sobre este expediente, la Cámara de Acusación acaba de producir un giro sorprendente. Dictó la falta de mérito de Ramírez, no confirmó la elevación a juicio y ordenó tomar nuevas medidas en la investigación.

Cómo comenzó la investigación

La causa se originó tras detectarse el faltante de cantidades significativas de droga (aproximadamente 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana) que debían estar bajo custodia. Por este hecho, el fiscal Ramírez fue acusado de incumplimiento de la obligación de promover la persecución, encubrimiento por omisión de denuncia agravado y abuso de autoridad, bajo la hipótesis de que habría intentado ocultar la pérdida del material para beneficiar a terceros.

El fallo de la Sala Penal del TSJ

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la sentencia contra el excomisario Néstor Javier Márquez, condenado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en la asociación ilícita. El máximo tribunal provincial rechazó el recurso de casación presentado por su defensa, validando el procedimiento de juicio abreviado y la proporcionalidad de la pena impuesta.

La investigación, que sacudió a la FPA, reveló un sistema de acopio ilegal de estupefacientes (cocaína y marihuana) que funcionaba como una verdadera “moneda de cambio” dentro de las brigadas de investigaciones de Cruz del Eje y Deán Funes. Según la resolución, los agentes utilizaban las sustancias secuestradas para pagar a informantes —conocidos como “deltas”— o para financiar “compras simuladas” que aseguraran resultados positivos en los operativos.

El TSJ destacó que Márquez, en su carácter de jefe de brigada, no solo aprobaba estas prácticas, sino que intervenía activamente coordinando la entrega de “regalos” (eufemismo para la droga). Las pruebas técnicas, que incluyeron chats y audios donde Márquez manifestaba preocupación cuando la brigada se quedaba “sin stock”, fueron determinantes para acreditar su rol jerárquico.

El fallo tiene las firmas de los vocales Sebastián Cruz López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati.

La defensa de Márquez había intentado anular el juicio abreviado alegando que el consentimiento fue obtenido bajo presión y coacción derivada de una prolongada prisión preventiva, calificando la situación como “tortura”. El TSJ rechazó de plano este argumento, señalando que las actas demuestran que el imputado prestó su conformidad de manera libre, voluntaria e informada ante el magistrado de garantías.

JUICIO ABREVIADO. Siete expolicías de la FPA confesaron haber integrado la asociación ilícita y recibieron condenas en junio del año pasado.

El fallo de la Cámara de Acusación

Por decisión unánime de los vocales Patricia Farías, Maximiliano Davies y Carlos Salazar la Cámara dictó “falta de mérito” del fiscal de Instrucción de Narcotráfico Raúl Ramírez, magistrado que dirigía las investigaciones de los policías condenados. El tribunal de Alzada sostuvo que no hay elementos suficientes ni para acusar formalmente ni para sobreseer a Ramírez.

El tribunal remarcó que los delitos atribuidos requieren probar el conocimiento cierto y la voluntad deliberada de no actuar. Para la Cámara, los indicios actuales son “anfibológicos” (ambiguos) y no permiten alcanzar el estándar de probabilidad necesario para someter a un fiscal a juicio oral, diferenciando la condición de magistrado del de un ciudadano común.

La Cámara subrayó que gran parte de la acusación se apoyaba en chats entre el secretario Bazán y el investigador Oyola, donde se mencionaba al fiscal. Los jueces advirtieron que no se puede descartar que el secretario haya usado el nombre de Ramírez para presionar a otros sin que realmente supiera lo que ocurría.

¿Estuvo o no en la Fiscalía el día en que se descubrió todo?

Si bien Ramírez estuvo presente en la sede en fechas donde se realizaban búsquedas intensas de la droga (agosto y septiembre de 2023), su defensa sostiene que su agenda oficial —que incluía subrogancias en Familia y Cámara— pudo haberlo mantenido ajeno al “revuelo” en la oficina.

Con la decisión de Acusación, el expediente volverá al Juzgado de Control para adoptar una serie de medidas técnicas y testimoniales solicitadas por el defensor de Ramírez, Gustavo Núñez. Entre otras, una pericia informática para verificar si el fiscal consultó los expedientes de drogas faltantes, la declaración del exjefe de la FPA Adrián Salcedo, un informe técnico para determinar si el teléfono de Ramírez impactó en antenas cercanas a la sede de Cruz del Eje en los horarios en que se realizaban las búsquedas del material extraviado.

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En este punto, el fallo de la Cámara aparece contradictorio porque por un lado admite que estuvo en la fiscalía y por otro procura que se localice su teléfono para verificar dónde estaba.

Pese a revocar la elevación a juicio, la Cámara rechazó el planteo de nulidad de la defensa, que pretendía que la causa fuera girada al Fuero Anticorrupción. Los magistrados señalaron que no se demostró un “perjuicio concreto” por el hecho de que la investigación fuera llevada adelante por un fiscal de distrito.

Sigue en funciones

Mientras sigue la indefinición sobre si debe ser juzgado, Ramírez continúa en funciones, y está de licencia. En la jurisdicción de su competencia -Narcotráfico de Punilla- fueron designados nuevos fiscales para Cruz del Eje y Villa Carlos Paz. Su situación virtualmente está en un limbo, a decir de magistrados del interior sobrepasados de trabajo, que cuestionan la extensa licencia mientras es investigado.

No renunció al cargo, tampoco hay pedidos de juicio de destitución en su contra. En el interín continúa sumando años de aportes para jubilarse en el cargo de fiscal de Instrucción; y así lograr un haber mejor al que ya le fue concedido como expolicía.