Eduardo Casal irá por primera vez al Congreso para defender su gestión

Después de ocho años ocupando el cargo de forma interina, y sabiendo que hay varios “pesos pesados” con ganas de quedarse con su silla, Eduardo Casal decidió mover las fichas. El Procurador General de la Nación se presentará este martes 14 ante la comisión Bicameral de Control del Ministerio Público en el Congreso. La excusa oficial es mostrar los números de su gestión, pero de fondo hay un objetivo claro: demostrar que sigue firme en el poder frente a los crecientes rumores de reemplazo. No es una visita más para el mundo judicial. Como bien remarcó el titular de la comisión, Sebastián Galmarini, esta es la primera vez en la historia que un jefe de los fiscales pisa el Palacio Legislativo para cumplir con la rendición de cuentas que manda la ley. Para semejante evento, Casal no irá solo: estará escoltado por el secretario de la Procuración, Juan Manuel Casanovas, y el de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.

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A la hora de repasar su trabajo, el Procurador pondrá sobre la mesa un informe estadístico diseñado para reflejar la eficacia de su equipo. El documento detalla que, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, entraron casi 1300 expedientes al área de dictámenes. El texto subraya que lograron emitir más de 1500 resoluciones, un número que supera el rendimiento operativo de años anteriores como el 2020, 2021 y 2023. Pero la contabilidad es solo una parte de la historia. Esta visita al Congreso se da justo en un momento donde suenan cada vez más fuerte los nombres del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del juez Ariel Lijo para adueñarse de la Procuración. A pesar de la presión externa, Casal dejó trascender que está dispuesto a dar pelea para mantener el puesto que ocupa de manera provisoria desde que renunció Alejandra Gils Carbó en 2017. Según confirmaron fuentes judiciales, el Procurador llevará bajo el brazo el borrador de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le pide al Ejecutivo solucionar, de una vez por todas, un enredo de competencias que hoy tiene trabados a los tribunales porteños. La Corte Suprema rechazó la apelación del Gobierno y dejó vigente la cautelar por el financiamiento universitario El limbo en la Ciudad y el impacto del fallo “Levinas” ¿De qué se trata este borrador de decreto? Básicamente, busca tapar un hueco legal. Actualmente, la ley del Ministerio Público Fiscal no les permite a sus funcionarios intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que quiere Casal es que el Gobierno habilite formalmente a los fiscales a actuar en las causas de las Cámaras Nacionales que terminen en el máximo tribunal porteño, una jugada que ya le notificaron al propio Mahiques. Todo este laberinto judicial arrancó a fines del 2024 por una decisión disruptiva que tomó la Corte Suprema un día antes de que tres de sus jueces se jubilaran. Fue por el famoso caso “Levinas”, una demanda de la familia del artista León Ferrari contra el periodista por vender unos dibujos sin permiso. En ese fallo, la Corte dijo que la palabra final para los trámites de la Justicia Nacional en Capital la tenía el TSJ porteño. El problema es que dejó a los fiscales en el aire, sin una ley que regule cómo tienen que participar. Esa decisión generó un dolor de cabeza enorme en los tribunales. Desde la Procuración ya le hicieron saber al Congreso su preocupación por este gris legal que tiene a abogados, fiscales y defensores rebotando sin reglas claras entre la Justicia federal y la porteña. Como dato de color que le suma temperatura a la interna, aquel fallo de la Corte no solo desordenó el mapa judicial, sino que en su momento fue muy festejado por Mauricio Macri, ya que el ex presidente buscaba exactamente lo mismo para su defensa en la causa Correo. TC