El 20 de octubre iniciará un nuevo juicio de lesa humanidad: entre las víctimas hay dos docentes de la UNRC

La Justicia federal de Córdoba se prepara para un nuevo juicio sobre el accionar represivo en el sur de Córdoba durante los años previos y posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La causa, identificada originalmente como “Gutiérrez” y denominada actualmente “Di Santo”, reúne 62 hechos que tuvieron como víctimas a 70 personas y por los que deberán responder 20 imputados. Había 37, pero fueron falleciendo.

Los episodios ocurrieron casi en su totalidad en la ciudad de Río Cuarto. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado el 6 de junio de 2025 por los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción Córdoba.

El tribunal estará integrado por los jueces Carolina Prado, Noel Costa y Julián Falcucci.

La acusación comprende privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual. Entre los hechos se investigan secuestros, interrogatorios bajo tortura y asesinatos cometidos durante el funcionamiento del aparato represivo estatal.

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Las fuerzas de seguridad bajo investigación

Entre las estructuras señaladas figuran la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina y la Unidad Regional Sur de la Policía de Córdoba. Según el requerimiento, es la primera vez que integrantes de ambas dependencias son imputados en esta investigación.

También hay exintegrantes del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía provincial, del Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”, de sus secciones Primera y Tercera, y personal militar de la Infantería Aerotransportada 2.

La acusación incluye, además, a personal de la Policía Militar que cumplía funciones en la Unidad Penitenciaria 1 “General San Martín”, en la ciudad de Córdoba.

Para determinados hechos, la responsabilidad también alcanza a integrantes del Estado Mayor del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV.

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Dependencias oficiales que funcionaron como centros clandestinos

El expediente reconstruye el funcionamiento de lugares de detención y tortura que, pese a pertenecer a instituciones estatales, habrían sido utilizados para mantener cautivas ilegalmente a personas perseguidas por razones políticas.

Entre ellos se encuentran la sede de la Policía Federal entre Lamadrid y Vélez Sarsfield y la de la Unidad Regional Sur de la Policía de Córdoba, en Belgrano 50, ambas en Río Cuarto. También aparece el Batallón de Arsenales José María Rojas, en Holmberg, donde funcionaba la estructura militar de la Subárea 3115.

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La persecución a estudiantes y docentes de la UNRC

La relación de numerosas víctimas con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) constituye otro de los ejes de la causa. Entre los afectados había estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

La acusación sostiene que las fuerzas de seguridad realizaban tareas de inteligencia sobre las actividades desarrolladas en la institución. Los testimonios incorporados recuerdan, entre otros episodios, el secuestro simultáneo de entre 16 y 18 personas, en su mayoría estudiantes a quienes se vinculaba con la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y el Peronismo de Base.

Uno de los casos más relevantes es el de Ernesto Silber y Juana Josefa Chessa, un matrimonio de docentes de la universidad que fueron secuestrados y torturados. Silber fue asesinado y se presentó su muerte como un suicidio.

Otro de los episodios de trascendencia pública en Río Cuarto es el de Gabriel Braunstein Maiden, propietario de la estación de servicio General Mosconi.

El 10 de junio de 1976 fue secuestrado en su domicilio particular, ubicado en la planta alta del establecimiento. El operativo se desarrolló ante la presencia de empleados, de su pareja y de dos mujeres invitadas.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, Braunstein Maiden fue trasladado a un descampado, donde lo asesinaron mediante disparos de armas de fuego. Posteriormente, su cadáver fue quemado y abandonado en Calamuchita, a unos 100 kilómetros de Río Cuarto.