El Gobierno confía en aprobar la ley de extranjerización de tierras, pero las presiones no ceden

Comenzó la cuenta regresiva para la votación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo capítulo más conflictivo es la liberación total de la venta de tierras a privados extranjeros. El Senado volverá a la carga el próximo 6 de agosto y en Casa Rosada confían en tener los votos para aprobar la iniciativa después de cuatro intentos fallidos, aunque las presiones alrededor del tema no ceden.

Patricia Bullrich mantiene la esperanza de lograr la media sanción después del cuarto intermedio que tuvo que pedir a último momento el pasado 16 de julio. Ese día, el proyecto entró en zona de peligro por dos ausencias imprevistas de aliados y un desentendimiento con el Ministerio de Desregulación, al mando de Federico Sturzenegger. La jefa del bloque oficialista tuvo que postergar la votación.

Con el supuesto fin de atraer inversiones, el Gobierno quiere barrer con todas las restricciones para la venta de tierras vigentes desde 2011, como el límite del 15% de la superficie nacional (o su equivalente provincial y municipal). Actualmente ninguna provincia supera ese límite, pero sí sucede en más de 30 departamentos, según el Registro de Tierras Rurales.

La semana pasada, Bullrich le explicó a Sturzenegger, en una reunión en su despacho del Senado, los cambios que había negociado con dialoguistas. El que generaba más ruido en la cartera desreguladora era la posibilidad de que las provincias generen su propio marco jurídico para la venta de tierras, más allá del régimen general.

Bullrich habría logrado convencer a Sturzenegger y todo indica que en el recinto se votará esa versión del texto (la número 15), sin nuevos cambios hasta el momento. Desde Casa Rosada aclaran que después del cortocircuito interno, ahora están “plenamente de acuerdo” y en sintonía con la presidenta del bloque libertario, quien lleva adelante las tratativas con senadores.

Entre los votos favorables no estará el de la peronista cordobesa Alejandra Vigo. Incluso antes de que se pospusiera el debate, la senadora se encaminaba a rechazar el proyecto. Por el contrario, lo apoyan Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, de La Libertad Avanza. En Córdoba, el 1,21% de las hectáreas rurales está extranjerizado y ningún departamento se excede de lo permitido.

Presiones

Aunque en el oficialismo ven la negociación más encaminada, siguen las presiones. En los últimos días, el titular de la UCR nacional, Leonel Chiarella, entabló contactos con senadores radicales para pedirles que voten en contra. En la cúpula partidaria no aceptan siquiera la instancia de modificaciones y trabajan para un rechazo liso y llano.

Esa fue la posición que expresó el partido el día de la sesión del Senado, en un comunicado titulado “La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra”. Consideraron que la reforma “elimina limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

“Para la UCR, defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país, y ya existen más de 30 zonas que ya pasaron el límite permitido del 15%”, advirtió la UCR. Además, señaló que países como Estados Unidos, Canadá y Francia tienen regulaciones.

Con diez senadores, el radicalismo es clave en cualquier votación. En el último intento, afirmaban que al menos seis estaban dispuestos a votar a favor. La mayoría tiene terminales en gobernadores de buena sintonía con el presidente Javier Milei, mientras que el presidente del partido construyó un perfil opositor.

La tensión atraviesa los muros del Congreso: organizaciones políticas, sociales, ambientales y sindicales, comunidades indígenas y figuras públicas, como la cantante Lali Espósito, convocaron a una movilización para el 6 de agosto, con epicentro en el Palacio Legislativo y réplicas en distintos puntos del país. “Argentina no está en venta”, “Pueblo argentino vs. $enadores vendepatria” y “Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también” son algunas de las consignas.

La defensa de Ravier

“Los extranjeros que quieran venir a trabajar en suelo argentino son bienvenidos, y es el espíritu de nuestra Constitución”, remarcó este martes en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier. Aclaró que los Estados foráneos seguirán teniendo prohibida la compra de tierras y que la habilitación regirá para privados, que podrán “comprar tierra, invertir, producir, eventualmente ser residentes argentinos y hasta pedir la ciudadanía”.

Ravier tuvo que explicar por qué el Gobierno quiere darle vía libre a los extranjeros para adquirir tierras y al mismo tiempo evalúa permitirle a las universidades que les cobren por recibir educación. “El 40% de nuestros estudiantes en facultades de Medicina son extranjeros, y eso genera un costo. Estamos destinando una cantidad de dinero destinada a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países de origen”, advirtió.

La cifra del 40% fue puesta en duda, y aunque Ravier salió a ratificarla en redes sociales, el vicerrector de la UBA (Universidad de Buenos Aires), Emiliano Yacobitti, aportó datos muy diferentes: dijo que de los más de 70.000 ingresantes a la UBA en 2026, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan tan solo el 2,5%, y en la Facultad de Medicina, apenas el 6,1%.

Corresponsalía Buenos Aires.