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El Gobierno explicó la militarización de la Quinta de Olivos y el dato de los “terroristas expulsados”

Adrián Ravier habló de amenazas a funcionarios de primer nivel y de la visita del papa León XIV. También buscó despegar la medida de las denuncias de Pagano.
El vocero presidencial Adrián Ravier explicó este martes que la militarización de la Quinta de Olivos responde a dos factores: amenazas recibidas contra funcionarios de primer nivel y la próxima visita del papa León XIV. La aclaración llegó en medio de las dudas que generaron declaraciones del presidente Javier Milei el domingo, cuando afirmó que en 2025 el Gobierno expulsó a “10 mil terroristas” y que en lo que va de este año ya fueron 20.000.
Según fuentes de la Casa Rosada el presidente estaría convencido de que existe un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desvincular la decisión sobre Olivos de las filtraciones vinculadas a las denuncias de la exdiputada Marcela Pagano por presuntos desvíos de fondos en la compra de carne para la residencia, que según fuentes oficiales no llegaron a comprobarse. En cambio, mencionaron una presunta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz, atribuida por esas fuentes a la organización Hezbollah, y hechos de amenazas de bomba en la Casa Rosada, sin que estos episodios estuvieran confirmados de manera independiente.
Controversia por la cifra de “20.000 terroristas expulsados”
Ravier no precisó los perfiles de las personas a las que Milei calificó de terroristas, aunque habría hablado de personas que podrían representar un riesgo para la seguridad nacional o que no cumplen requisitos para ingresar al país. Según los datos que aportó, la mayor parte de los rechazos correspondería a personas de países limítrofes, y un 72,3% del total a extranjeros no admitidos por perfiles de riesgo, condenas o incumplimientos migratorios. La diferencia entre esa cifra y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explicaría, según el vocero, por unas 10.000 personas bloqueadas antes de diciembre de 2025, un período que el informe oficial no contabilizaría.
Las declaraciones de Milei generaron cuestionamientos en la oposición: la diputada radical Karina Banfi anticipó que pedirá información oficial sobre esas cifras a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.