El Gobierno intenta blindar el mega DNU 70/2023 con una nueva Ley de Tierras “light”

El dictamen que impulsan La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados respetaría los límites del 15% de tope a la extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminará el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo del país.
En las instancias decisivas del Congreso, el Gobierno enfrenta un momento crucial relacionado con el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La atención está centrada en la sesión plenaria de comisiones de Diputados donde se discutirá la propuesta de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo, encabezado por Javier Milei, propone avanzar con un dictamen que ya ha obtenido media sanción en el Senado y busca ciertas flexibilidades respecto a la Ley de Tierras Rurales. Lee también: La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras La discusión primordial gira en torno a una cláusula que busca implementar un límite a la extranjerización de tierras, manteniendo un tope del 15% a nivel nacional, sin embargo, dejando de lado el límite de las 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas más productivas del país. Este punto, discute el oficialismo, es esencial para lograr un consenso que permita que el DNU, que tan vigorosamente se discutirá este jueves, se mantenga sin alteraciones significativas en el Congreso.El presidente del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca sortear los bloques en contra dentro del Congreso. Durante los debates en el Senado recrudecieron las dificultades cuando se rindieron a remover ciertos componentes de otras leyes significativas como la de Manejo del Fuego y la de Integración Socio-Urbana. Enfrentada a las críticas y usando la estrategia de control de daños, el oficialismo se orienta hacia una posición más pragmática evidenciada en la moderación del proyecto presentado.Las ideas centrales del nuevo texto legislativo inciden en el reajuste de la normativa implicada en procesos de expropiación y desalojos. De acuerdo con el proyecto, cualquier declaración de obra pública deberá gozar de fundamentaciones claras y restrictivas, buscando proteger tanto la propiedad privada como los derechos públicos nacionales. Les indemnizaciones pretendidas en estos casos satisfacen montos objetivos y utilizan un criterio uniforme, muy alejado de valoraciones afectivas o especulaciones de ganancias.Con la vista puesta en los desalojos específicos, la normativa establece nuevas disposiciones donde la figura del juez recae en realizar entregas inmediatas de inmuebles sujetos a usurpación, atendiendo a tenedores precarios bajo pruebas preliminares convincentes. El objetivo, afirma el gobierno, es dar solución efectiva a situaciones de usurpación, pero con protocolos adecuados para situaciones que incluyan sectores vulnerables de la sociedad.Este proyecto, sin embargo, pertenece solo a uno de los muchos desafíos en la estructura legislativa que el gobierno enfrenta con suma urgencia. Sin despliegue presidencial programado directamente, el gobierno utiliza toda la maquinaria parlamentaria para evitar una potencial derrota este jueves.