El Gobierno rechazó fragmentar la “Ley Malvinas” y justificó los cambios en defensa

El Gobierno nacional justificó este miércoles los profundos cambios en defensa y seguridad propuestos en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y rechazó dividir el proyecto en partes, tal como reclama la oposición para poder separar las reformas de fondo de las sanciones a empresas petroleras y pesqueras que operen ilegítimamente en las inmediaciones de las Islas Malvinas.

El Gobierno rechazó fragmentar la “Ley Malvinas”

Esa fue la posición que llevó a la Cámara de Diputados María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica y funcionaria del ala de Santiago Caputo, en un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. El oficialismo avanza en el debate con el objetivo de aprobar el proyecto del presidente Javier Milei el próximo 21 de octubre.

Ibarzábal Murphy se mostró abierta a consensuar algunos puntos del proyecto, pero rechazó un pedido de Unión por la Patria para fragmentarlo. El kirchnerismo acepta discutir el capítulo 1 (sanciones a empresas que explotan recursos naturales en la zona de Malvinas), pero rechaza el resto de los capítulos.

En particular, el que crea un nuevo Consejo de Seguridad Nacional donde el presidente tendrá todo el poder para decidir la estrategia frente a amenazas externas.

“El capítulo 1 no es suficiente para defender nuestra soberanía con la contundencia con la que el Estado argentino debe hacerlo. Podemos establecer un régimen sancionatorio fuerte, pero si no establecemos las competencias y herramientas necesarias para defendernos, es muy difícil que nos tomen en serio. El mundo cambió. Hoy es un mundo más peligroso. El entramado jurídico debe estar a la altura porque nuestra legislación ha quedado obsoleta”, argumentó la secretaria Legal y Técnica.

Sobre la operación ilegal de empresas, precisó que con la actual ley, que lleva el nombre de “Ley Pino Solanas”, se llevaron adelante 11 procedimientos sancionatorios, de los cuales 7 terminaron en sanción, pero advirtió que “la ley tiene fallas técnicas que hacen compleja la aplicación práctica”.

Por otra parte, reconoció que el Congreso fue soslayado en el proyecto y aceptó crear una comisión bicameral para controlar las medidas de defensa, pero no se mostró tan convencida cuando el diputado Eduardo Falcone (MID) propuso que sea el Parlamento el que tenga que autorizar las acciones militares, ya sea antes o después de su ejecución. La funcionaria se comprometió a analizarlo.

Por otra parte, descartó que el artículo que penaliza las “campañas de desinformación” sea un ataque a la prensa. “No tiene nada que ver con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. No criminaliza la difusión falsa o el error periodístico”, sostuvo sobre uno de los puntos que difícilmente obtenga los votos en el recinto. “Si es necesario haremos ajustes para que no queden dudas”, informó.

En otro orden, defendió el “Régimen de Desistimiento y Regularización” que también se crea en el proyecto. Este esquema, que el kirchnerismo llamó “blanqueamiento del saqueo”, les permitiría a las empresas responsables evadir la pena si cesan la actividad ilegal, si se comprometen a no repetirla y si pagan la multa correspondiente o reconvierten sus inversiones hacia actividades lícitas en territorio argentino.

“Bajo ningún concepto se quiere beneficiar a las ilegítimas licenciatarias. Muy por el contrario, el objetivo es poner los incentivos en los lugares correctos. Establecer sanciones de inhabilitación está muy bien, pero si no permitimos algún régimen de desistimiento, no estamos poniendo los incentivos en los lugares adecuados. No creemos que esto sea un blanqueo o una amnistía”, respondió.

En la oposición hay desconfianza sobre las intenciones del Gobierno. “Es poco creíble este ataque de pasión malvinera de un presidente que se declaró admirador de Margaret Tatcher. Quedaron muy expuestos con la bandera de Malvinas y tuvieron que inventar esta ley”, ironizó la kirchnerista Florencia Carignano. “No estamos ni cerca de estar en guerra. ¿Cuál es la amenaza que de repente hace que tengamos que rediseñar el aparato institucional argentino?”, se preguntó su par Matías Molle.

Proyectos petroleros y pesqueros en la mira

El proyecto de ley fue presentado como parte de una “estrategia integral” que también incluye el procedimiento de arbitraje internacional iniciado por el Gobierno contra el Reino Unido para detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las inmediaciones de las islas.

Ibarzábal Murphy explicó que ese desarrollo produjo un “quiebre” porque es el primer proyecto que intenta pasar a la fase de explotación hidrocarburífera. “De no lograr frenar esto, podrán avanzar con muchos otros proyectos que vienen detrás”, advirtió la funcionaria.

También recordó que el gobierno isleño no solo otorga licencias para la explotación de petróleo, sino también para la pesca. “Si bien no es un hecho nuevo, es cierto que el otorgamiento de estas licencias consolida un andamiaje jurídico que favorece a los ocupantes de las islas”, planteó.

La secretaria Legal y Técnica confesó que primero evaluaron modificar la ley actual, pero se encontraron con dificultades técnicas y por eso decidieron derogarla y hacer una nueva. En este sentido, le aclaró al diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que las sanciones vigentes no caerán porque se derogue la norma. Por el contrario, dijo, serán más duras.