el oficialismo firmó dictamen tras ceder ante los pedidos de EE.UU. y aliados

La Libertad Avanza finalmente consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la llamada Ley Malvinas. Lo hizo este martes en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, después de cinco reuniones y de que el oficialismo aceptara buena parte de las modificaciones que le exigían sus aliados. Firmaron el despacho los libertarios, el PRO, Karina Banfi (UCR) y cuatro integrantes de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, Pablo Farías y José Núñez.Antes del plenario, la mesa chica del bloque libertario recibió a los aliados del PRO, el MID, Producción y Trabajo y Adelante Buenos Aires, además de los jefes de bancada de Argentina Federal y de Provincias Unidas, para cerrar el texto. Desde LLA le atribuyeron el logro a la diputada Silvana Giudici, que fue la encargada de negociar. Pero el camino no está despejado. Legisladores que estuvieron en la reunión del oficialismo con los aliados contaron a PERFIL que está latente la posibilidad de que el tema llegue al recinto recién el 18 de noviembre, junto con la Ley de Presupuesto 2027, aunque los más optimistas dejaron abierta la chance del 11, al terminar la visita del Papa León XIV. Giudici lo resumió así: “Todavía hay tiempo hasta llegar al recinto, se necesitan 129 votos porque es una modificación electoral”.
Plenario de Comisiones por la Ley Malvinas.
Hubo, además, cinco dictámenes en minoría. Presentaron uno Lourdes Arrieta y otro Esteban Paulón junto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge. Unión por la Patria elevó el suyo, como el Frente de Izquierda con la firma de Myriam Bregman, y también lo hicieron los misioneros de Argentina Federal, Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.Los cambios que LLA hizo a su “Ley Malvinas”Los cambios que PERFIL anticipó este fin de semana quedaron reflejados en el texto del dictamen, aunque algunos con matices. El más importante para Washington es el de las sanciones. El artículo 3 prohíbe desarrollar actividades de aprovechamiento de recursos en Malvinas sin habilitación argentina, y ahora el alcance se organiza por escalones: quien realiza la actividad, quien provee bienes o servicios “esenciales e indispensables” sabiendo, o pudiendo razonablemente saber, el destino, y quién es socio o accionista directo. Quedan excluidas las personas humanas con hasta el 2% del capital y los vehículos de inversión cuya participación no implica discreción sobre los valores que poseen, siempre que no designen miembros de los órganos de administración. Es el punto que deja afuera a los fondos pasivos. Pero el inciso d) mantiene la figura del controlante, directo o indirecto, y el máximo de 20 años de prisión que tenía el proyecto original sigue en los artículos 21 y 22.Giudici rechazó que se trate de una rebaja. “No son reducciones de penas. Nosotros revisamos a toda la cadena: proveedor, ejecutor, accionista. Y es novedoso, son cuestiones financieras. Entonces, es una delimitación del alcance”, explicó a este medio. Dio como ejemplo el cuidado de “proveedores que actuaron de buena fe sin saber lo que hacía una empresa” y se preguntó: “¿Voy a sancionar a un ciudadano extranjero que es accionista de una empresa? Eso no puede ser así”. Y fue tajante sobre el origen de los cambios: “Lo revisamos y delimitamos así, no hubo ninguna injerencia de Estados Unidos”. La explicación convive con las palabras que el vicecanciller Christopher Landau dijo en Buenos Aires, cuando aseguró que desde Washington estaban “viendo los intereses de nuestras empresas”.
Santiago Caputo, autor material de la Ley Malvinas.
El segundo punto era el Consejo de Seguridad Nacional. El despacho incorpora al Ministerio de Seguridad y Giudici dijo a PERFIL que se suma porque “él puede convocar a las fuerzas en un caso de infraestructura crítica, que, dicho sea de paso, quedó mucho mejor definida que cómo estaba”. Sin embargo, el texto del dictamen no lo convierte en miembro permanente. El artículo 53 deja como permanentes al Presidente, al jefe de Gabinete, a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, al secretario Legal y Técnico y al titular de la SIDE, y prevé que el Ministerio de Seguridad Interior pueda ser convocado como miembro no permanente. El artículo 52 agrega que el Consejo “en ningún caso” podrá intervenir en cuestiones de seguridad interior, salvo en la protección de infraestructuras críticas y en la vigilancia marítima, fluvial y lacustre, y que en esos casos debe darse intervención a ese ministerio.La presencia del Congreso quedó a mitad de camino. El artículo 53 permite que el Presidente convoque, también como miembros no permanentes, al presidente de la Cámara de Diputados y al provisional del Senado, igual que a gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, pero no les reserva un lugar fijo. Tampoco aparece la presencia de dos diputados de la oposición que habían pedido algunos aliados.Lo que sí se concretó es la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, con cuatro diputados y cuatro senadores designados en proporción a las representaciones políticas. Podrá requerir informes sobre las sanciones y las medidas urgentes del Consejo, y formular observaciones y recomendaciones. El Consejo deberá darle cuenta en un plazo que no supere las 48 horas, y el Ejecutivo tendrá que comunicarle los rechazos de inversiones y las medidas de desinversión. Es un control posterior: no tiene facultad de autorizar ni de frenar nada. Y queda excluida la información reservada por secretos industriales, comerciales, financieros o tecnológicos.El pedido del diputado del MID Eduardo Falcone, el control del Congreso sobre eventuales acciones bélicas, tuvo una respuesta parcial. El dictamen establece que el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques requieren la orden expresa del Presidente, que puede delegarla en el ministro de Defensa, y que la bicameral debe ser informada dentro de las 48 horas de ejecutada la medida. Solo cuando se trate de aeronaves o buques militares extranjeros y haya riesgo inminente de guerra o de represalias, el artículo 60 dice que el Congreso actuará según los incisos 25 y 26 del artículo 75 de la Constitución, los que se refieren a permitir el ingreso de tropas extranjeras y a autorizar al Ejecutivo a declarar la guerra o hacer la paz.Las críticas más duras al Consejo, que muchos especialistas en defensa expusieron en la segunda reunión del plenario, tampoco desaparecen. El texto mantiene que pueda restringir operaciones cambiarias, bloquear fondos y subir hasta un 75% los aranceles al Estado extranjero involucrado ante una amenaza grave e inminente. Lo que se agregó son límites: las medidas deben tener plazo, guardar relación directa con la amenaza y poder ser revisadas, y las sanciones se recurren ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Además, el artículo 99 prohíbe ponderar la conveniencia económica al decidir.El artículo 111 pasa al Código Penal: injerencia extranjera, ya no desinformaciónEl artículo más conflictivo cambió de lugar y de redacción. Las penas de 5 a 12 años de prisión ya no están en el artículo 111, que ahora regula la revisión de inversiones extranjeras en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, sino en un artículo 225 bis que se incorpora al Código Penal. Castiga a quien, sabiendo que actúa por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, ejecute, organice, dirija o financie “una campaña de injerencia extranjera” o actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino. La pena sube de 8 a 15 años si se hace mediante amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.El cambio central es la definición. Ya no se habla de “campañas coordinadas de desinformación masiva”, sino de acciones planificadas y sistemáticas, “mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas”, que oculten su origen o su vínculo con el Estado o la organización extranjera, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar la libre formación de la voluntad política o condicionar a las autoridades. Y el texto excluye de manera expresa la actividad diplomática, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el periodismo, la investigación académica y la representación de intereses hecha de forma abierta. “El periodismo quedó protegido de las sanciones, y quitamos lo de que sean campañas masivas de desinformación”, dijo Giudici a este medio.Con los aliados el tema no está cerrado. En LLA incluso reconocieron a PERFIL que el artículo, aunque cambió y “mejoró”, “va a volver a cambiar, en el recinto” y que “no quedó del todo bien todavía”. Giudici también dijo que “ese artículo se sigue trabajando”. Hace unos días Oscar Zago, del MID, había advertido que sin modificarlo por completo o sin eliminarlo no acompañarían en el recinto.La otra pata electoral es la reforma a la ley de financiamiento de partidos. El texto prohíbe las contribuciones de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, y les impide financiar, organizar, dirigir o ejecutar actividades de campaña o propaganda electoral, con una multa de igual monto y hasta el décuplo. Giudici explicó que el punto “queda orientado a estados extranjeros y específicamente en campañas electorales” y se preguntó “qué estado puede financiar a un partido político en elecciones”. Pero la redacción alcanza a cualquier persona jurídica extranjera, y en el oficialismo admitieron que todavía no quedaba claro dónde quedaban paradas las ONG.Las críticas de Martínez y Grabois La discusión también tuvo momentos ásperos. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le apuntó a Santiago Caputo, a quien señalan como el artífice del proyecto: “Podríamos estar votando con unanimidad sobre un tema tan importante como Malvinas, pero por un capricho de un pendejo, genera estas cosas, para que le vaya a vender a no sé qué amiguito de los Estados Unidos, le genera un problema al Congreso argentino. Me cago en ese pendejo”.Otro momento tenso lo protagonizó Juan Grabois, del mismo espacio, que ya había tenido insultos y forcejeos con libertarios semanas atrás en este mismo plenario. En este caso, le preguntó a Carlos Zapata, diputado de LLA y presidente del plenario, si el proyecto había tenido intervención de los Estados Unidos, algo que Zapata lo tomó a mal y le dijo que no lo podía responder, y que no estaba en ese lugar para “ser interrogado”.
Juan Grabois.
Por su parte, Jorge Taiana (UxP) cuestionó el diseño del Consejo. Dijo que el oficialismo se basó en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, “donde funciona como una asesoría del Presidente”, y que lo que se diseñó acá no es un consejo operativo, con “una concentración del poder en la figura presidencial”. Habló de tipos penales abiertos (“nos dicen que no va a ser usado contra la prensa, pero si los quieren mandar a la hoguera”) y de una “mala mezcla” de Seguridad, Defensa e Inteligencia. Sobre la bicameral, sostuvo que “no soluciona los problemas que tiene el proyecto” y recordó el antecedente del Consejo de Seguridad Nacional de Onganía: “La experiencia no fue buena”.La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, abrió su intervención con otro tema. Exigió que el Presidente conteste “si su amigo, el criminal Bolsonaro, pasó por nuestro país”, en referencia a Flávio Bolsonaro y al avión retenido en Puerto Iguazú, y pidió que las máximas autoridades expliquen “si hubo una apertura clandestina de las fronteras”. Después relacionó la discusión con la soberanía: “¿De qué soberanía están hablando si este país va a ser el que protege a los Cerimedo, a los Bolsonaro y todos los criminales de América Latina?”. Hubo murmullos desde el sector libertario.Más cerca del oficialismo, el diputado de Provincias Unidas Pablo Farías planteó que quieren fortalecer la defensa de la soberanía y que el proyecto “puede ser un buen paso”, pero que “se tiene que tener en cuenta modificaciones necesarias”. Pidió una semana más para que se constituya la comisión nacional de excombatientes, cuya asamblea de veteranos para elegirla está convocada para este jueves. “Estamos aquí por ellos. Ellos reivindicaron este tema. Fueron a dar su vida”, dijo. Aun así, firmó el dictamen del oficialismo, en disidencia.