La Corte Suprema discutirá nuevamente la ley de Tierras y convocó a dos conjueces

La discusión por la ley de Tierras vuelve a quedar en el centro de la escena judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una movida que ha vuelto a destacar su papel crucial en la interpretación de las normativas que rigen las leyes de tierras en Argentina, decidió convocar a dos conjueces para abordar una causa compleja relacionada con el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Este decreto derogó la Ley 26.737, una disposición legal que había establecido restricciones sobre la tenencia de tierras rurales por extranjeros, poniendo límites a la concentración de propiedad. Lee también: Ley de Tierras: marcha en contra del fallo de la Corte Suprema La elección de incluir a conjueces en este caso se produce en un contexto en el que los tres magistrados actuales de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no lograron alcanzar un consenso sobre cómo proceder con el caso. Ante tal desacuerdo, se decidió llevar a cabo un sorteo para la selección de dos conjueces, que tendrá lugar entre los presidentes de las Cámaras Federales en un plazo muy breve.Uno de los aspectos que hacen relevante este nuevo análisis es su origen y motivación. La acción judicial fue promovida por Árbol de Pie, una reconocida organización civil que se enfoca en temas ambientales. La organización defiende que la Ley 26.737 ayudaba en la protección del medio ambiente y preservación del patrimonio territorial argentino y argumenta, por lo tanto, en contra de su derogación.Lo que confiere a este caso una perspectiva especial es el detalle de que previamente una causa similar gestionada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) fue descartada por un tecnicismo procesal. En aquel caso, la Corte consideró que la organización no tenía legitimación activa para avanzar con el reclamo, optando por no pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154. La actualidad del caso abordado por Árbol de Pie ofrece, pues, una oportunidad renovada y una mirada fresca para que el más alto tribunal del país finalmente delibere sobre el nudo del asunto. Además, pone en evidencia la importancia del cumplimiento con los requisitos procesales adecuados para escalar una cuestión potencialmente transformadora en la jurisprudencia ambiental y territorial de la nación.La derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU firmado por la actual administración representa un cambio de paradigma significativo en la política de distribución y control de tierras en Argentina. Dicho marco normativo, al entrar en vigor, eliminó limitaciones previas como el límite del 15% de capital extranjero en la titularidad de tierras rurales y restringió el acceso de inversores que podrían focalizarse dentro de la misma nacionalidad. Estos cambios, lejos de ser meros procedimientos legislativos, tocan fibras sensibles del debate sobre derechos territoriales, soberanía y el impacto potencial sobre las comunidades locales y el medio ambiente natural del país.