La Justicia apartó a los querellantes de la causa $LIBRA y limita la investigación por la presunta estafa

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, una decisión que debilita significativamente la hipótesis acusatoria sostenida por los damnificados y concentra el avance de la investigación exclusivamente en la fiscalía.

La medida fue adoptada tras un planteo realizado el mes pasado por la defensa del empresario y lobbista Mauricio Novelli, quien sostuvo que el caso no reúne los elementos jurídicos necesarios para ser considerado una estafa en los términos del Código Penal.

La causa se originó luego de la promoción pública de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei en sus redes sociales, episodio tras el cual el valor del activo digital se desplomó abruptamente, provocando pérdidas económicas a numerosos inversores.

El argumento de la defensa de Novelli

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la defensa de Novelli argumentó que en el caso no se verifica la secuencia típica requerida para configurar el delito de estafa: la existencia de un ardid, un error inducido, una disposición patrimonial y un perjuicio derivado directamente de esa maniobra.

De acuerdo con esa postura, quienes adquirieron el token actuaron como inversores dentro de un mercado caracterizado por su alta volatilidad y riesgo, por lo que no podrían ser considerados «particulares ofendidos» por un delito penal.

A partir de este planteo, el magistrado resolvió excluir como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían en el expediente agrupados en dos querellas diferentes.

La investigación queda exclusivamente en manos del fiscal

La decisión implica que la investigación quedará a cargo únicamente del fiscal federal Eduardo Taiano, cuya actuación había sido cuestionada por los querellantes debido a la demora en la producción de medidas de prueba.

Según señalaron fuentes vinculadas al expediente, a más de un año y medio del inicio de la investigación todavía no se convocó a prestar declaración a ninguno de los principales involucrados.

Los abogados de los damnificados anticiparon que apelarán la resolución judicial.

Los fundamentos del juez

En su resolución, Martínez de Giorgi sostuvo que $LIBRA debe ser considerada una «memecoin», es decir, un tipo de criptomoneda caracterizada por su naturaleza especulativa, alta volatilidad y ausencia de respaldo económico tradicional.

El magistrado entendió que las pérdidas sufridas por los inversores estarían asociadas a los riesgos inherentes al propio mercado de criptoactivos y no necesariamente a la comisión de un delito.

Asimismo, destacó que los querellantes no lograron acreditar de manera concluyente la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para operar con el token ni el origen de los fondos invertidos, debido al carácter anónimo de la red blockchain Solana, sobre la cual fue emitida la criptomoneda.

«Las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad», señaló el juez en su resolución.

Este criterio ya había sido utilizado previamente para rechazar la incorporación como querellantes de dos ciudadanos bielorrusos que también habían reclamado ser víctimas del presunto fraude.

Un fallo que cambia el escenario judicial

Con esta decisión, los damnificados quedan impedidos de solicitar nuevas medidas de prueba, requerir citaciones a indagatoria, apelar resoluciones o intervenir directamente en el rumbo de la investigación.

La resolución representa un revés para quienes sostienen la existencia de una maniobra fraudulenta detrás del lanzamiento y promoción de $LIBRA y fortalece, al menos en esta etapa procesal, la posición de las defensas que sostienen que se trató de una operación financiera de alto riesgo y no de una estafa penalmente reprochable.