Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia concedió la apelación del Gobierno y el conflicto escala a la Cámara Federal

La decisión del juez Martín Cormick elevó el expediente al tribunal de alzadas tras el recurso presentado por el Poder Ejecutivo contra el fallo que frenaba el DNU 759/2025. Pese al trámite judicial, la cautelar que exige la recomposición de los fondos para las instituciones universitarias continúa bajo evaluación.

La disputa judicial por los fondos destinados al sistema universitario nacional sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, concedió el recurso de apelación presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Con esta resolución, las actuaciones fueron derivadas a la Cámara de Apelaciones del fuero, instancia que deberá resolver sobre la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia 759/2025. Mediante dicha norma, la administración central había supeditado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas.

La decisión judicial se produjo tras las demandas impulsadas conjuntamente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambas instituciones reclamaron la plena entrada en vigencia de la norma aprobada por el Poder Legislativo para garantizar el funcionamiento operativo y salarial del sector.

En los fundamentos presentados por el ministerio de Capital Humano, el Gobierno sostuvo que la aplicación inmediata de la ley genera un perjuicio económico de magnitud. Argumentaron que la medida impacta sobre las metas fiscales al no fijar fuentes de financiamiento claras dentro de la estructura de gastos corrientes.

Atención.

La Justicia le concedió la apelación al Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario y lo elevó a la Cámara.

El oficialismo gana tiempo para no aplicar la normativa.— Julián Alvez (@alvezjulian_) October 9, 2026

Cuáles son los argumentos fiscales y el impacto en las partidas

Desde la Casa Rosada insistieron en que el cumplimiento automático de la ley vulnera el régimen presupuestario vigente. En ese marco, plantearon que la ejecución de las partidas sin crédito asignado pone en riesgo la estabilidad del programa económico.

Por su parte, el magistrado actuante dejó establecido que la concesión de la apelación no interrumpe de manera automática los pasos vinculados a las medidas cautelares en trámite. Estas últimas disponen la actualización de las partidas de gastos de funcionamiento, recomposición salarial docente y no-docente, así como los fondos para investigación y becas.

La normativa sancionada por el Congreso establece un mecanismo de actualización periódica del presupuesto educativo sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor. Asimismo, incluye el reajuste de las becas estudiantiles para acompañar el costo de vida.

En medio de la espera, aumentan las protestas en las universidades

La derivación del expediente a la Cámara de Apelaciones ocurre en la antesala de una nueva marcha federal universitaria. Dirigentes gremiales y autoridades del CIN confirmaron que mantendrán la convocatoria para visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las instituciones públicas.

El clima de tensión en el ámbito académico se incrementó luego de protestas realizadas en sedes administrativas del área educativa. Diversas agrupaciones estudiantiles llevaron a cabo permanencias y entregas de petitorios para exigir soluciones urgentes en la transferencia de recursos.

A la espera del pronunciamiento definitivo de la alzada, la comunidad universitaria mantiene las medidas de fuerza en todo el país. La definición judicial de la Cámara Federal resultará determinante para establecer el marco de asignación presupuestaria que regirá durante el presente ciclo lectivo.