Los controles que puede hacer la Guardia Urbana: puede pedir identidad, pero no cachear

La Guardia Urbana puede pedirte que te identifiques, pero no está habilitada para cachearte en un control callejero. Tampoco la juventud, la pobreza o la apariencia alcanzan, por sí solas, para justificar que te frenen. Son límites que la nueva guía pone por escrito y que llevan la discusión sobre la seguridad municipal a un terreno bien concreto: cuánto poder tiene un guardia frente al vecino.

La pregunta gana peso a medida que los municipios ocupan un lugar más visible en la seguridad. En la capital, la Guardia Urbana fue una promesa de campaña de Daniel Passerini y empezó a patrullar el 11 de marzo de 2024. La Municipalidad la presentó como una presencia preventiva para conflictos de bajo riesgo, que dejaría libres a los policías para situaciones más críticas.

El 9 de octubre de 2026, el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec) difundió la presentación de su segunda guía de actuación. La elaboraron Carla Tassile, directora de su Instituto de Seguridad y Convivencia, y Florencia Rodríguez, docente de la Licenciatura en Seguridad de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Sus pautas, construidas con aportes de universidades, funcionarios y guardias, permiten contrastar aquella promesa con las atribuciones y los resultados demostrables.

Poder

La Ley 10.954, sancionada el 20 de diciembre de 2023, habilitó a municipios y comunas a crear sus Guardias Locales de Prevención y Convivencia. La Guardia Urbana capitalina forma parte de ese esquema. Son cuerpos auxiliares de la Policía, con tareas de prevención, asistencia y mediación. Pueden actuar ante infracciones dentro de sus competencias, pero tienen vedado investigar delitos o realizar citaciones judiciales.

Compartir un operativo, entonces, no vuelve intercambiables las facultades. La guía indica que el guardia debe explicar por qué pide identificación y reclamar la intervención policial si hay que cachear a alguien. Su colaboración en revisiones físicas se limita a procedimientos autorizados de ingreso a eventos masivos. Frente a una persona poco colaboradora y de baja agresividad, lo que corresponde es contener con la palabra y convocar a la Policía, sin reducirla por la fuerza.

La nueva guía reserva el empleo de armas menos letales a agentes capacitados para situaciones excepcionales de riesgo inminente y prohíbe usarlas como castigo, intimidación o contra personas ya reducidas. Son lanzadoras Byrna que disparan proyectiles de impacto o munición con gas pimienta. La Ley 10.954 exige certificación vigente para portarlas y deja sus protocolos de uso a cargo del Ministerio de Seguridad provincial.

Ante un delito de acción pública en flagrancia, la guía admite una aprehensión civil si la urgencia impide esperar a la Policía. Exige fuerza mínima y entrega inmediata del aprehendido a esa autoridad. Es una posibilidad que el artículo 279 del Código Procesal Penal provincial reconoce a los particulares en determinados casos. No equivale a una facultad de detención policial.

La distinción importa también cuando todo empieza con un WhatsApp. Cordobeses en Alerta es un programa provincial que recibe reportes sobre emergencias, situaciones sospechosas y delitos. El 13 de mayo pasado, la Municipalidad confirmó la coordinación entre los agentes del programa, la Policía y la Guardia Urbana, que mantiene contacto con Monitoreo y el 911. Cada cuerpo conserva sus atribuciones.

Ese monitoreo amplía el alcance de los controles. El 24 de agosto de este año, la Municipalidad informó que cuatro cámaras fijas de lectura de patentes complementaban las instaladas en móviles de la Guardia. Entre el 10 de junio y el 15 de agosto, el sistema promedió 26.000 lecturas diarias y derivó 239 alertas verificadas al 911.

Esta semana, además, el municipio anunció drones para fiscalización ambiental, integrados al trabajo de Monitoreo, Promotores de Convivencia y Guardia Urbana. El comunicado describe un procedimiento por arrojo ilegal de residuos en el que se identificó al responsable y la Policía lo aprehendió.

Resultados

La guía informa que el 96,6% de los responsables locales de seguridad consultados evalúa positivamente el sistema, según una investigación de Copec y un grupo de estudios de la UNVM. Pero se trata de la mirada de quienes gestionan las guardias. Conocer la legitimidad de estos cuerpos entre los vecinos implicaría escuchar a quienes reciben el servicio.

Otro estudio de Copec, fechado en noviembre de 2025, cruzó el despliegue de las guardias locales con registros de robos, hurtos y lesiones culposas en siniestros viales. Analizó el 2024 y el primer semestre de 2025 y encontró una asociación entre mayor cobertura y menores tasas de hurtos. No obstante, el mismo informe advierte que las variaciones del delito responden a múltiples factores y no pueden atribuirse sólo a las guardias.

En Capital, la Municipalidad informó el 15 de mayo que 60 espacios públicos contaban con presencia de la Guardia Urbana y Promotores de Convivencia, y otros 51 se controlaban desde el Centro de Monitoreo Urbano. El dato del Plan de Metas 2024-2027 mide cobertura compartida: no distingue el aporte de cada cuerpo ni cuánto cambió en cada lugar.

Además, la presencia preventiva puede desplazar el delito hacia otras zonas, algo que la propia Municipalidad admitió en su balance de comienzos de 2025. Si un corredor mejora, hay que mirar también qué pasa fuera de él: parte del problema quizás simplemente se mudó de cuadra.

Controlar a la Guardia

La Ley 10.954 deja a la Provincia como responsable principal de la seguridad, mientras cada municipio organiza su guardia. En Capital, el programa depende de la Subsecretaría de Prevención y Convivencia del Tribunal Administrativo de Faltas.

Si un vecino cree que un guardia se excedió, puede presentar una denuncia ante el área municipal responsable de la Guardia y pedir constancia de recepción. El Código de Trámite Administrativo la admite por escrito, firmada, o de forma verbal, en cuyo caso debe labrarse un acta. La presentación tiene que contar qué pasó, dónde y cuándo, e incluir, en lo posible, datos del guardia, testigos y pruebas.

Si los hechos pudieran constituir un delito, como lesiones o amenazas, también se pueden denunciar ante una Unidad Judicial o una Fiscalía de Instrucción. La denuncia es gratuita, no requiere abogado y las unidades judiciales atienden las 24 horas, todos los días. El vecino puede ir directo a la Justicia, sin esperar la respuesta municipal.

Esa posibilidad de reclamar completa la discusión sobre las atribuciones. Provincia y municipios deben explicar tanto los resultados de su presencia en la calle como su respuesta ante un procedimiento cuestionado.