Política
Malvinas y Banco Central: dos proyectos centrales para el Gobierno llegan a Diputados

Después de casi un mes sin actividad en el recinto, la Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar dos proyectos cruciales para la administración de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que busca impedir el financiamiento del gasto público a través de la emisión monetaria; y la denominada Ley Malvinas, que aumenta las penas por la explotación ilegítima de recursos naturales en las islas y establece una profunda reforma en materia de defensa y seguridad nacional.
La última vez que sesionó Diputados fue el 22 de octubre pasado, cuando se aprobaron los proyectos de discapacidad y de inviolabilidad de la propiedad privada (con la Ley de Tierras restituida). Ambas iniciativas serían convertidas en ley este jueves en el Senado, en una sesión que será formalmente convocada en las próximas horas.
La reforma del Banco Central es una bandera que enarboló el Gobierno, al punto que el propio Milei presentó la iniciativa en cadena nacional el 30 de julio y días después la explicó en persona a su tropa de legisladores en Casa Rosada. El debate parlamentario se extendió más de lo previsto porque el Senado introdujo modificaciones al texto que había aprobado Diputados, y por eso el expediente volvió en segunda revisión.
Los cambios tienen que ver con la designación y remoción de los directores de la entidad monetaria. Con la redacción del Senado, que será aceptada, los nombramientos deberán ser aprobados por el Senado por mayoría absoluta (mitad más uno de los miembros, es decir, 37 votos). El desplazamiento, en tanto, deberá ser decretado por el Poder Ejecutivo con previa aprobación del Senado con la misma mayoría.
El texto original era más exigente: proponía que la remoción fuera por dos tercios de los presentes de las dos Cámaras (48 votos en el Senado y 171 en Diputados). Milei había fijado esos requisitos con la idea de garantizar un Banco Central “independiente”, haciendo que fuera más difícil correr a sus directores cuando no respondieran al poder político de turno.
Como los cambios fueron aprobados en el Senado con dos tercios de los votos, en Diputados el oficialismo se resignó a aceptarlos porque no contaba con la misma mayoría para insistir en la versión original del Gobierno. No obstante, el trago amargo no opaca lo que será un triunfo relevante para la Rosada, con una reforma que condicionará a las futuras gestiones.
El proyecto de Milei busca devolverle a la entidad monetaria el mandato único de preservar el valor de la moneda (el mismo modelo que rige en Perú) y eliminar los objetivos que había incorporado el kirchnerismo en 2012: “la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
A su vez, se prohíbe de modo taxativo al BCRA financiar el gasto público (tanto al Tesoro Nacional como a estados provinciales y municipios) a través de adelantos transitorios o de Letras Intransferibles. Milei sostiene que el Tesoro recurrió al Banco Central a través de los años para financiar el déficit con emisión, y eso derivó en los altos índices de inflación.
Ley Malvinas
El segundo de los proyectos centrales de la sesión es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue impulsada por el Gobierno en el marco del fervor nacionalista con el Mundial de Fútbol y la bandera de Malvinas que algunos jugadores de la Selección exhibieron tras la semifinal contra Inglaterra y se transformó en una imagen simbólica que recorrió el mundo.
El proyecto, cuyo mentor es el asesor presidencial Santiago Caputo, endurece las sanciones económicas y administrativas que ya estaban previstas en la “Ley Pino Solanas” (de 2011) por explotar recursos naturales en la zona del archipiélago sin autorización argentina. Incluye multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitaciones para desarrollar la actividad.
A pedido de Estados Unidos, que admitió preocupación por el posible alcance de estas penalidades sobre empresas de ese país, el oficialismo retocó la redacción original para que las sanciones solo recaigan de forma directa sobre las compañías con participación efectiva en los proyectos cuestionados (como la explotación petrolera Sea Lion), evitando que afecten de manera indirecta a fondos de inversión y otros actores financieros externos.
El proyecto Sea Lion (de capitales israelíes y británicos) es el principal eje de disputa y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar tiene previsto emitir un fallo el próximo 28 de noviembre, tras las audiencias orales en Hamburgo, Alemania, de las que participó una delegación argentina encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.
Además de las penas a empresas, el proyecto establece una reforma de fondo en el sistema de defensa. El corazón es el Consejo de Seguridad Nacional, un nuevo organismo de “coordinación” de distintas áreas que encabezará el propio presidente y que definirá la estrategia de seguridad nacional, lo que incluye la interrupción de vuelos o hundimiento de barcos.
Tras un reclamo de bloques aliados, el Congreso tendrá un rol de control sobre estas acciones, a través de una comisión bicameral integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo deberá notificarla sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas, y hasta requerir autorización en caso de que las decisiones se apliquen sobre aeronaves o buques extranjeros y representen un riesgo de guerra o represalias militares.
Uno de los capítulos más polémicos, y que corre riesgo de caer en la votación, es el que reprime con prisión de 5 a 12 años a las personas que, actuando por orden o financiamiento de Estados o agentes extranjeros, lleven adelante una “campaña de injerencia extranjera” o “actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes”.
El texto original hablaba de “campañas de desinformación” y la oposición denunció que se trataba de un ataque encubierto contra la prensa. El oficialismo retocó la redacción y dejó explícitamente afuera de las penas al periodismo y la actividad académica, pero aun así el texto no convence. El capítulo corre peligro porque necesita 129 votos positivos, que es la mayoría que fija la Constitución Nacional para las reformas electorales.
Corresponsalía Buenos Aires.






