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Marcela Pagano denunció a Franco Mogetta por las concesiones de las autopistas nacionales




La diputada Marcela Pagano denunció al exministro de Transporte Franco Mogetta por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de corredores viales nacionales. La presentación cuestiona particularmente el proceso que desembocó en la concesión de distintos tramos de la red vial y pone el foco sobre una empresa vinculada a la familia del exfuncionario.

Según la denuncia, durante la gestión de Mogetta se habría diseñado y estructurado el programa de concesiones que posteriormente avanzó sobre las rutas administradas por Corredores Viales SA, empresa de la que el propio Mogetta aseguró, en una entrevista con Perfil Córdoba, que él no forma parte.

El planteo adquiere relevancia por el impacto económico de los corredores involucrados. Entre ellos aparece el denominado Tramo Centro, de 681,92 kilómetros, que incluye la Ruta Nacional 9 entre Rosario y el comienzo de la Red de Accesos a Córdoba, además de sectores de las rutas nacionales 19 y 34. Es una de las principales vías para el transporte de producción del centro del país y conecta zonas estratégicas de Córdoba y Santa Fe.

El proceso de concesiones, bajo la lupa

La denuncia de Pagano sostiene que el programa de concesiones fue “anunciado, diseñado y estructurado” durante la gestión de Mogetta. La diputada plantea que, mientras el funcionario estaba al frente del área de Transporte, se elaboraron los pliegos y se puso en marcha la convocatoria correspondiente a la primera etapa del esquema, que comprendía los tramos Oriental y Conexión.

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Ese punto es central en la presentación judicial porque busca establecer cuál fue el grado de participación que tuvo Mogetta en la construcción del mecanismo que posteriormente derivó en las adjudicaciones. La cuestión que deberá determinarse, en caso de que la denuncia avance, es si existió una intervención decisoria del exfuncionario en un proceso cuyos beneficiarios podrían haber quedado vinculados con su entorno familiar.

La denuncia aparece además en un contexto de transformación del sistema de rutas nacionales. El Gobierno avanzó con un esquema que apunta a transferir la administración de distintos corredores a operadores privados, mientras el Estado redefine su participación en materia de infraestructura, mantenimiento y cobro de peajes.

Dentro de ese proceso, el Tramo Centro ocupa un lugar estratégico. La Ruta 9 constituye uno de los principales corredores productivos del país y articula el tránsito entre Córdoba, Santa Fe y el área metropolitana de Rosario. Los segmentos de las rutas 19 y 34 amplían esa conexión hacia otras zonas del centro argentino.

Empresa familiar y licitaciones en Catamarca

El segundo eje de la denuncia apunta directamente a la actividad empresarial vinculada con la familia Mogetta. Pagano incorpora a su presentación información atribuida a una investigación periodística de El Disenso, según la cual una empresa familiar habría obtenido licitaciones por miles de millones de pesos en Catamarca durante el período en que Mogetta estaba al frente de Transporte.

La diputada plantea a partir de allí una serie de interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para esas obras y busca determinar si existió algún tipo de financiamiento proveniente del Estado nacional.

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El dato adquiere relevancia por la situación patrimonial del propio exfuncionario. Según la presentación, Mogetta continuaba siendo accionista de la empresa familiar al momento de asumir en el Gobierno nacional y habría percibido dividendos de esa sociedad durante 2024.

La cuestión que queda planteada judicialmente es si esa participación empresarial pudo generar una incompatibilidad o algún tipo de intervención directa o indirecta sobre fondos públicos y procesos de contratación.

No se trata sólo de determinar si una empresa vinculada a un funcionario ganó una licitación. El punto es establecer qué relación existía entre las decisiones tomadas desde el Estado y los intereses económicos de quienes estaban vinculados patrimonialmente con el funcionario. En ese sentido, la denuncia busca que se reconstruya el recorrido completo: desde el diseño de los pliegos y la convocatoria hasta las adjudicaciones y el destino de los recursos utilizados en las obras.

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