Milei y Caputo fueron denunciados penalmente por incumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

La presentación también menciona posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público.
En un giro significativo dentro del ámbito político nacional, Gabriel Solano, representante clave del Partido Obrero (PO), ha formalizado una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. La denuncia, presentada ante los tribunales de Comodoro Py, acusa a estos altos funcionarios de desobediencia judicial y otros posibles delitos vinculados al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Lee también: Los rectores universitarios reclamaron que se cumpla con la Ley de Financiamiento Solano describe en su denuncia la constante omisión del Gobierno ante una orden judicial que exigía una actualización urgente de los salarios de docentes y administrativos de universidades públicas, junto con una revisión de los programas de becas estudiantiles. Esta acción está enmarcada en el contexto de la Ley 27.795, norma que ha sido una fuente de tensión entre el Poder Ejecutivo y los actores educativos.El trasfondo de este conflicto se sitúa en las decisiones legislativas y ejecutivas respecto a la Ley 27.795, sancionada por el Congreso pero inicialmente vetada por decreto presidencial. Sin embargo, ante la insistencia del Congreso, la normativa fue promulgada con la advertencia de que su aplicación dependería de un ajuste presupuestario. Este desacuerdo desembocó en una serie de litigios que llevaron a las actuales acusaciones.Destaca la decisión del juez Martín Cormick, dictada en diciembre de 2025, que urgió al Gobierno nacional a cumplir con los términos de la ley, específicamente los artículos que obligan a ajustar los salarios y becas de acuerdo a la inflación. Aunque esta decisión fue respaldada por la Cámara de Apelaciones, la implementación por parte del Ejecutivo ha sido constantemente postergada, lo que ha motivado la denuncia de Solano.Esta situación ha llegado a un punto crítico, ya que la desobediencia persistente de una resolución judicial firme podría derivar en culpabilidad penal para los funcionarios involucrados, según lo sugerido por la denuncia. Actualmente, el caso está bajo la jurisdicción del juez federal Ariel Lijo, quien decidirá los próximos pasos en este complejo proceso legal.