Nicolás Pino propuso integrar el campo con la energía, la minería y el turismo

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, volvió a reclamar la eliminación definitiva de los derechos de exportación durante la inauguración de la 138ª Exposición Rural de Palermo. El dirigente sostuvo que el sector agropecuario necesita reglas estables para invertir, aumentar la producción y generar empleo. En ese marco, afirmó: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”. También remarcó que las cadenas productivas del campo aportaron más de USD 83.000 millones a la economía nacional durante el último año.

Según los datos expuestos en su discurso, la actividad agrícola produjo por un valor de USD 40.000 millones, la ganadería alcanzó USD 34.000 millones y las economías regionales sumaron otros USD 11.500 millones. Pino recordó que, desde 2002, el Estado recaudó unos USD 215.000 millones a través de las retenciones. A su vez, estimó que las rebajas aplicadas durante la actual gestión dejaron cerca de USD 6.000 millones en manos de los productores. “Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”, aseguró al explicar el destino de esos recursos.

Respaldo al Gobierno y críticas a provincias y municipios

El titular de la Sociedad Rural reconoció avances de la política económica nacional, entre ellos la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la baja del riesgo país. También valoró la desregulación, la apertura de mercados y el mayor diálogo entre el Gobierno y la entidad ruralista. En ese sentido, afirmó que “la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera”. Además, sostuvo que el sector genera más de cuatro millones de empleos directos e indirectos y que su expansión impulsa también a la industria y al comercio.

Sin embargo, Pino cuestionó la presión tributaria aplicada por provincias y municipios y pidió que la recaudación vuelva al sector mediante obras y servicios. Señaló especialmente el impuesto a los Ingresos Brutos, las tasas viales que no se traducen en mejoras y los gravámenes por el traslado de mercadería entre jurisdicciones. Según planteó, estas cargas funcionan como “aduanas internas” que afectan la competitividad y contradicen el espíritu de la Constitución Nacional. “Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta”, resumió al fundamentar su reclamo.

Infraestructura, educación y crecimiento productivo

Otro de los ejes del discurso fue el atraso en infraestructura vial y de comunicaciones, al que vinculó con el denominado costo argentino. Pino reclamó mejoras en trenes, puertos y caminos rurales, estos últimos fundamentales tanto para la logística como para el acceso de las familias a escuelas y centros de salud. “Mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto”, afirmó. También pidió acelerar obras de prevención de inundaciones y desarrollar planes coordinados para enfrentar fenómenos climáticos como El Niño.

El dirigente sostuvo que, con condiciones adecuadas, el agro podría incrementar un 50% la producción de cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar la superficie forestada y producir 2.000 millones de litros adicionales de leche. Ese salto permitiría incorporar cerca de USD 20.000 millones anuales a la economía, según sus proyecciones. No obstante, aclaró que la expansión ya no puede seguir los criterios del pasado y debe considerar límites ambientales, sociales y económicos. “El futuro agroalimentario global dependerá de producir mejor”, expresó al referirse al uso eficiente del agua, la tierra, la energía y los insumos.

Tecnología, sostenibilidad y una agenda de integración

Pino anticipó que la próxima transformación del agro estará impulsada por la agricultura de precisión, los drones, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica y la trazabilidad digital. Para avanzar en esa dirección, reclamó conectividad rural y un sistema financiero capaz de otorgar créditos de largo plazo con tasas compatibles con la inversión. “Un crédito que no se puede pagar no es un crédito: es una quiebra asegurada”, advirtió. También señaló que los mercados internacionales exigen cada vez más controles vinculados con la huella de carbono, el bienestar animal, la inocuidad y el uso responsable de los recursos.

En el cierre, defendió el derecho de propiedad sobre los servicios ecosistémicos generados por los productores y cuestionó la idea de un supuesto “dominio originario” provincial sobre esos beneficios. Además, destacó la participación de la Rural en debates sobre tierras, semillas, carbono, modernización del INTA y del Senasa y apertura de mercados. Finalmente, sostuvo que el agro debe articularse con el petróleo, el gas, la minería, el turismo y la industria del conocimiento para formar grandes plataformas de desarrollo. “El campo no está en la vereda de enfrente con respecto a las demás actividades productivas. El campo nos une”, concluyó.