Nueva propuesta para judiciales: analizan bajar del 8% al 6% el aporte máximo a la Caja de Jubilaciones

Martín Llaryora confirmará la reducción como parte de la propuesta salarial que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentará a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). El anuncio se hará en el marco de una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo, dentro del proceso de conciliación obligatoria que busca destrabar un conflicto gremial que lleva cinco meses y afectó el funcionamiento de la Justicia.

La oferta fue objeto de ajustes en las últimas horas. El TSJ había solicitado postergar hasta este martes la audiencia originalmente prevista para el viernes, con el objetivo de terminar de definir los términos de la propuesta según adelanta el diario Comercio y Justicia.

El origen de la medida

La alícuota máxima de 8% había sido establecida en la reglamentación de la ley 11087, la norma de emergencia previsional aprobada en diciembre pasado. La rebaja al 6% se da en línea con un fallo del TSJ sobre un planteo particular contra los efectos de esa ley.

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Fuentes oficiales confirmaron que la reducción formará parte de la propuesta salarial: “La propuesta salarial incluirá una reducción del aporte máximo de ocho por ciento a seis por ciento”. Aunque solo una porción minoritaria de los empleados judiciales está alcanzada por ese tope máximo, el reclamo por bajar la alícuota había sido planteado tanto por AGEPJ como por otros sindicatos estatales, y cobró mayor fuerza tras el fallo del TSJ.

Alcance para el resto de los afectados

La rebaja no se limitará al ámbito judicial. Según pudo saberse, la decisión de extenderla a todos los alcanzados por el aporte máximo ya está tomada, aunque todavía no se definieron plazos para la firma del decreto correspondiente.

Ese decreto, a cargo del gobernador Llaryora, modificará la reglamentación de la ley previsional para hacer extensivo el beneficio. Entre los beneficiarios directos de la Caja de Jubilaciones hay unos 6.000 pasivos alcanzados por el aporte máximo, que verán reducida su contribución con la nueva alícuota.

Resignar esos ingresos adicionales le costará al fisco provincial entre $800 millones y $850 millones por mes. El monto se da en un contexto de déficit creciente en la Caja de Jubilaciones. Actualmente, Anses gira a Córdoba un adelanto mensual de $10.000 millones para cubrir un rojo previsional que ronda los $35.000 millones totales.

La medida se conoce en momentos en que el frente de gremios estatales que se había conformado en oposición al ajuste previsional, integrado originalmente por 14 entidades, aparece dividido.

El viernes se dio a conocer un documento firmado por el SEP, la UEPC, el gremio de casinos, los legislativos y Luz y Fuerza de Villa María. El escrito reclama al Gobierno provincial que cumpla con sus promesas y reduzca los efectos del ajuste aplicado tanto a jubilados como a trabajadores activos.

Los firmantes sostienen que Llaryora recibió recientemente un anticipo financiero de la Nación por $400.000 millones, y que Anses duplicó los envíos mensuales a la Caja. En base a esos datos, piden que el Gobierno morigere los efectos de los sucesivos ajustes previsionales, entre ellos la suba de aportes, el diferimiento previsional y el pago del Aporte Solidario.