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piden 11 años para Obregón y el decomiso de bienes por presunto lavado

El fiscal federal Federico Carniel solicitó una condena de 11 años de prisión para Braian José Obregón, propietario del conocido comercio de telefonía de Resistencia, Chaco. En tanto, para su pareja, Agostina Antonella Vargas Vispo, requirió tres años de prisión en suspenso. El pedido fue formulado ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde ambos son juzgados por presuntas maniobras vinculadas con la comercialización irregular de productos electrónicos y el lavado de dinero.Durante un alegato que se extendió por más de tres horas, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que las pruebas reunidas permitieron acreditar un esquema de comercialización de mercadería extranjera sin respaldo aduanero y la posterior incorporación de las ganancias al patrimonio de los acusados. En ese marco, atribuyó a Obregón los delitos de encubrimiento de contrabando y lavado de activos, ambos agravados por habitualidad y en concurso real, mientras que a Vargas Vispo la consideró coautora de lavado de activos agravado por habitualidad.Capitanich cuestionó la reforma electoral de Milei y puso el foco en las colectoras y las PASOAl justificar la diferencia entre las penas solicitadas, Carniel señaló que el empresario habría tenido un papel central en la organización y administración de las operaciones comerciales. Según su interpretación, Obregón dirigía el negocio, adquiría los dispositivos, participaba en transacciones con criptomonedas y decidía sobre las inversiones. Aunque también atribuyó responsabilidad penal a su pareja, consideró que su participación fue menor. “No se puede equiparar las conductas de cada uno”, afirmó. El fiscal sostuvo, además, que no encontró circunstancias atenuantes y valoró como agravantes el volumen de dinero involucrado, la magnitud del daño y las operaciones realizadas fuera del sistema económico formal.Las pruebas económicas y el pedido de decomisoEntre los elementos que sustentaron la acusación, Carniel destacó un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre 6.529 comprobantes tipo X, correspondientes a operaciones efectuadas entre 2024 y agosto de 2025. Para la Fiscalía, esa documentación permitió identificar un sistema de registro de ventas que funcionaba por fuera de la facturación electrónica habitual. Según planteó, mientras los accesorios y servicios técnicos contaban con comprobantes fiscales, una parte de la comercialización de celulares se registraba mediante recibos internos.Reforma electoral: el gobernador de Corrientes rechazó las PASO, apoyó colectoras y recibirá a MileiOtro punto relevante fueron los procedimientos realizados en agosto de 2025 en inmuebles vinculados con la firma, donde las autoridades secuestraron productos electrónicos valuados en $209.493.079,81. La acusación afirmó que esos artículos no tenían la documentación necesaria para demostrar su ingreso regular al territorio argentino. Carniel vinculó esas operaciones con la posterior adquisición de vehículos, propiedades y otros activos que, de acuerdo con su hipótesis, habrían sido financiados mediante ingresos provenientes de las actividades investigadas.Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicitó multas equivalentes a tres veces el valor de los bienes objeto del lavado de activos y el decomiso de aquellos que considera adquiridos con fondos ilícitos. El requerimiento alcanzó a los dos acusados, aunque los montos definitivos deberán determinarse mediante los cálculos correspondientes. El fiscal señaló que tomar como referencia los valores históricos de adquisición podría constituir una interpretación más favorable para los imputados.Caso Cecilia: a un año del veredicto, los Sena buscan revertir las tres perpetuasPor su parte, Obregón rechazó durante el juicio haber participado en maniobras de lavado de dinero y defendió la procedencia de su patrimonio. En su declaración, reconstruyó los comienzos de Cebra Phone, desde la venta de teléfonos usados hasta la expansión comercial, y aseguró que sus bienes fueron adquiridos con ingresos del negocio, préstamos familiares y operaciones de compraventa. Tras el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, el proceso continuará con los alegatos de las defensas. Las penas solicitadas todavía no constituyen una condena, ya que será el Tribunal Oral Federal el encargado de evaluar las pruebas y dictar sentencia.






