Piden reabrir la causa contra Macri por el préstamo que le dio el FMI en 2018

El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso para intentar revertir el archivo de la investigación y cuestionó con dureza la forma en que se cerró el expediente.
En un giro inesperado, la causa judicial que investiga el polémico préstamo de 57.100 millones de dólares que la Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a cobrar vida en los tribunales argentinos. Se trata de un caso que había sido archivado, pero que podría ver nuevamente la luz si se aceptan los argumentos del fiscal general, José Luis Agüero Iturbe, quien ha solicitado que la causa siga su curso. Lee también: Según el FMI, la morosidad no representa un riesgo para la estabilidad financiera El expediente ha sido objeto de controversia desde su inicio. Según argumenta el fiscal Agüero Iturbe, el cierre del mismo fue precipitado y “arbitrario”, dado que todavía quedaban por realizarse varias diligencias de instrucción. Para Agüero Iturbe, la presencia misma de estas diligencias planteaba suficientes interrogantes como para evitar un cierre definitivo sin investigar adecuadamente todas las acusaciones planteadas.La causa comenzó a partir de denuncias que señalaban irregularidades durante la negociación y ejecución del mencionado acuerdo financiero con el FMI en 2018. El expresidente Mauricio Macri, junto con otros exfuncionarios de su administración, fueron señalados como responsables potenciales de estos acontecimientos, entre ellos, Luis Caputo y Nicolás Dujovne.La críticas no se limitan únicamente al cierre de la causa. El propio fiscal subrayó la necesidad de investigar a fondo el destino que se le dio a los fondos del préstamo. Duda de que una simple colección de datos sobre la deuda y la formación de activos sea suficiente para arbitrar esta situación sin un estudio detallado sobre cómo y dónde se canalizaron esos fondos.El destino de la causa está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolverá si acepta el recurso presentado. La decisión de haber archivado la causa previamente fue fundamentada en la afirmación de que no se habían encontrado pruebas de delito y que se trataba de una cuestión de política económica del Estado, fuera del alcance del control judicial. Sin embargo, Agüero Iturbe se muestra obstinado en que la investigación debe continuar, al menos mientras subsistan acciones judiciales plausibles a ejecutar para conocer mejor los posibles eventos ilícitos que involucren a exfuncionarios previamente acusados.