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Polémica en Chubut por un fallo que ordena comprar carne para los presos
Ignacio Torres cuestionó un fallo que ordena comprar carne roja para presos de Chubut y dijo que no acatará una medida que considera “una locura”.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, cuestionó con dureza un fallo judicial que ordenó al Gobierno provincial comprar carne roja para las viandas de los presos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew. La resolución fue dictada por el juez Marcelo Nieto Di Biase en el marco de un reclamo por la calidad de los alimentos que reciben las personas detenidas.
La medida establece que el Poder Ejecutivo provincial debe realizar la compra en un plazo inferior a 72 horas. Mientras tanto, en los establecimientos penitenciarios se desarrollan protestas pacíficas vinculadas con la alimentación, particularmente por las condiciones de quienes se encuentran bajo tratamientos médicos y requieren dietas específicas.
Torres rechazó públicamente la decisión y aseguró que el Gobierno no está dispuesto a cumplirla en los términos que, según su interpretación, plantea la resolución.
La reacción de Ignacio Torres
En declaraciones a Radio Rivadavia, el gobernador sostuvo: “No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”.
Torres cuestionó además el accionar del juez Nieto Di Biase y lo vinculó con otros antecedentes judiciales que, según planteó, generaron conflictos con las políticas de seguridad de su gestión.
Entre ellos mencionó la demora de un allanamiento por un caso de robo de ganado en Dolavon y una decisión relacionada con el traslado presencial de un detenido considerado peligroso para realizar una terapia, situación que, de acuerdo con el gobernador, terminó con un intento de fuga.
“Estos jueces garantistas están enquistados en el Poder Judicial ideologizando la justicia”, afirmó Torres, en una de las críticas más fuertes que realizó contra el magistrado.
El mandatario también recordó un hábeas corpus presentado después de que el Ejecutivo provincial resolviera retirar los teléfonos celulares a los internos de las cárceles. Según Torres, el objetivo de esa medida era combatir las estafas que se realizan desde establecimientos penitenciarios.
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El reclamo por la alimentación en las cárceles
La discusión judicial se originó a partir de reclamos vinculados con la alimentación que reciben los detenidos en el IPP y la Alcaidía de Trelew.
Los internos llevan adelante una protesta pacífica por la calidad de las viandas y, especialmente, por la situación de aquellos que tienen indicaciones médicas que requieren una alimentación acorde con sus tratamientos.
El Ministerio de la Defensa Pública interviene en representación de las personas privadas de su libertad y llevó el reclamo ante la Justicia.
El fallo de Nieto Di Biase dispuso que el Gobierno provincial avance con la compra de carne roja para ambos establecimientos penitenciarios. La resolución generó una fuerte respuesta política del Ejecutivo, que cuestionó tanto el contenido de la medida como el criterio adoptado por el magistrado.
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Torres volvió a cuestionar al juez
El gobernador también hizo referencia a otro antecedente que atribuyó al magistrado: la liberación de una persona condenada por homicidio, a quien el juez habría considerado “mejorado” luego de verlo en la vía pública. Torres sostuvo que esa persona posteriormente reincidió y calificó el episodio como de “gravedad muy importante” por el riesgo que, según afirmó, implicó para la sociedad.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con medidas institucionales frente al accionar del juez, Torres confirmó que el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Justicia están evaluando distintas alternativas.
“Definitivamente tenemos que ponerle un punto final a estos jueces que ponen en riesgo a todos los chubutenses”, sostuvo.
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La controversia volvió a poner en el centro del debate la tensión entre las políticas de seguridad del Gobierno de Chubut y las decisiones judiciales vinculadas con las condiciones de detención y los derechos de las personas privadas de su libertad.
Torres también utilizó sus redes sociales para profundizar sus críticas y cuestionó lo que definió como “garantismo berreta”. En ese mensaje sostuvo que el Gobierno no permitirá que los delincuentes tengan “coronita” y volvió a reclamar cambios frente a lo que considera una mirada ideologizada dentro de un sector de la Justicia.
Mientras continúa la discusión institucional, el fallo mantiene abierto el conflicto entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial en torno a las condiciones de alimentación dentro de las cárceles de Chubut.
