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Por hacinamiento, ordenan habilitar el pabellón de máxima seguridad de la U11
La Justicia intimó al Ministerio de Seguridad a explicar por qué el sector inaugurado en 2025 sigue sin uso. También prohibió el ingreso de nuevos detenidos a la Comisaría 7.
La U11 de Senillosa.
La jueza de ejecución Raquel Gass ordenó al Ministerio de Seguridad que informe en un plazo de 10 días por qué aún no fue habilitado el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11 (U11), inaugurado en diciembre de 2025, en el marco de un habeas corpus presentado por detenidos alojados en la Comisaría 7.
La acción fue impulsada por diez condenados que denunciaron condiciones de hacinamiento en esa dependencia policial, donde —según plantearon— varios internos duermen en el piso y no cuentan con acceso a espacios de recreación ni a dispositivos educativos, a diferencia de lo que ocurre en unidades penitenciarias.
Ante esa situación, la magistrada resolvió además prohibir el ingreso de nuevos detenidos a la Comisaría 7, al advertir que la ampliación del cupo podría replicar reclamos similares en otras dependencias con condiciones equivalentes o más críticas.
En su resolución, Gass también requirió a la Fiscalía de Estado que, en un plazo de cinco días, informe el grado de cumplimiento de un acuerdo firmado en marzo de 2025 ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, vinculado a la situación carcelaria en la provincia.
En paralelo, la jueza ordenó que en un plazo de 30 días hábiles se complete la ocupación del pabellón de máxima seguridad de la U11, actualmente sin uso. “Cuando se inaugura algo es porque ya se puede utilizar, pero pasaron cuatro meses y sigue cerrado”, sostuvo.
Los argumentos
Desde la Fiscalía de Estado solicitaron la revisión de la medida y argumentaron que el pabellón no está operativo por la falta de habilitación del servicio de gas por parte de la empresa Camuzzi. Frente a esto, la magistrada requirió que se informe en detalle por qué no podría completarse ese trámite dentro del plazo fijado.
Asimismo, dispuso que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa adopten las medidas necesarias en caso de incumplimiento de las órdenes judiciales.
