Por qué el debate sobre la extranjerización de tierras dejó de ser una discusión jurídica

Hay momentos en la vida democrática, en los que una decisión parlamentaria trasciende largamente el resultado de una votación. El reciente tratamiento que dio media sanción en el Senado de la Nación al mal llamado proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” —retiro de por medio de dos capítulos: el que pretendía modificar la Ley de Tierras Rurales y el de Manejo del Fuego— constituye uno de esos casos. El ambicioso proyecto inicial fue mutilado y, si bien eso puede analizarse a simple vista como un revés legislativo para el Poder Ejecutivo, creo que representa algo mucho más importante: la demostración de que, aun en tiempos de fuertes tensiones, la democracia conserva la capacidad de escuchar, corregir y evitar errores que podrían comprometer el futuro del país. La discusión sobre la Ley de Tierras nunca fue una cuestión meramente jurídica. Tampoco fue una disputa circunstancial entre oficialismo y oposición. Lo que estuvo verdaderamente en debate fue una determinada concepción del desarrollo argentino, porque detrás de cada norma existe siempre una idea de país. En varias iniciativas como esta, el Gobierno viene expresando que el crecimiento económico depende, esencialmente, de eliminar regulaciones y reducir al mínimo la intervención pública. Desde esa perspectiva, la tierra aparece como un activo más dentro del mercado, sujeto exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda; pero la tierra no es una mercancía cualquiera.

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La tierra es la producción de alimentos, el acceso al agua, la biodiversidad, el arraigo; es la identidad de nuestras comunidades, la seguridad en nuestras fronteras y la base material sobre la que se construye cualquier estrategia de desarrollo nacional. Por eso, la Argentina decidió hace años establecer límites razonables a la extranjerización de tierras rurales: no para cerrar sus puertas al mundo ni para desalentar inversiones, sino para preservar la capacidad de decidir soberanamente sobre recursos que pertenecen a las generaciones presentes y futuras. Quiero aclarar que, desde mi visión, las provincias argentinas necesitan inversiones. Necesitan capital, innovación, tecnología y financiamiento. Y no podemos pensar seriamente en nuestro desarrollo de espaldas al mundo, porque sería desconocer las transformaciones que produjo la globalización y el nuevo mapa económico internacional. Ese desafío ni siquiera debe ser un tema de discusión. Ese debate ya está saldado. La verdadera pregunta es: ¿cómo queremos hacerlo? Poseemos ventajas extraordinarias. Contamos con una de las mayores reservas de energía del planeta, minerales estratégicos, una enorme capacidad agroalimentaria, recursos forestales, algodón, industrias vinculadas al agro, conocimiento científico y universidades capaces de generar innovación. Tenemos condiciones para ser protagonistas en el desarrollo global, pero insertar a la Argentina en el mundo no puede significar ponerla a la venta. Bajo esa misma premisa, comprender la diferencia entre generar divisas y generar desarrollo es fundamental. Un modelo extractivo puede aportar los dólares que nuestra economía necesita; pero las divisas, por sí solas, no generan bienestar. El desarrollo comienza cuando esos recursos se transforman en empleo argentino, proveedores argentinos, tecnología argentina, infraestructura argentina y oportunidades para nuestras comunidades. ¿Qué respuesta les damos a quienes perdieron su empleo? ¿Qué horizonte encuentran los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral? ¿Cómo acompañamos al pequeño productor, al comerciante, a las pymes, a quienes producen todos los días y también a millones de familias endeudadas que hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes? Si la leyes que debatimos, no mejoran la vida cotidiana de quienes trabajan, entonces no estamos frente a un verdadero proceso de desarrollo. Por eso tampoco alcanza con el slogan de atraer inversiones —que por ahora no aparecen—; hay que saber negociarlas. Los países que lograron convertir sus recursos naturales en prosperidad no lo hicieron resignando toda capacidad de decisión. Al contrario, establecieron reglas claras, promovieron proveedores locales, incorporaron tecnología, impulsaron la capacitación de sus trabajadores y procuraron que una parte creciente del valor agregado permaneciera dentro de sus fronteras. Es lógico que no se trata de copiar mecánicamente modelos ajenos; pero sí se trata de comprender una enseñanza simple: los recursos naturales no producen desarrollo por sí solos. Son las instituciones, la planificación y la inteligencia con la que un país administra esos recursos las que determinan si esa riqueza se convierte en prosperidad o simplemente en una oportunidad perdida. Por eso, la verdadera discusión tampoco es entre Estado o mercado. Esa falsa dicotomía empobrece el debate público. El sector privado necesita un Estado que funcione. Se necesita infraestructura, rutas, energía, puertos, conectividad, trabajadores capacitados, seguridad jurídica y reglas previsibles. Fortalecer el Estado no significa enfrentarse con el sector privado; todo lo contrario. MIentras tanto, observamos con preocupación que muchas veces el debate nacional parece reducirse a una sucesión de enfrentamientos permanentes, donde, sumado a la falta de gestión, de obras o de programas de reactivación, el impulso de gobernar solo consiste en convertir cada diferencia en una batalla cultural y considerar enemigo a quien piensa distinto. Esa lógica puede resultar eficaz para alimentar la polarización, que puede servirle al oficialísimo en cierta medida como estrategia electoral, pero que no permite construir consensos duraderos que sirvan al conjunto. Ese horizonte no puede edificarse sobre la confrontación permanente ni sobre la idea de que todo tiene precio y nada posee un valor estratégico. Las democracias maduras no se distinguen por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad para procesarlos mediante el diálogo y el respeto institucional. Y en nuestro país, precisamente, tenemos la herramienta necesaria para construir eso: se llama federalismo; otra herramienta que este gobierno desecha, asfixiando las posibilidades de fortalecer un desarrollo equilibrado y armónico, que permita eliminar las asimetrías existentes. En este contexto, lo que ha estado ocurriendo mientras se debatía esta ley es que algo cambió en la actitud de la gente. Se ha comenzado a expresar en el seno de la sociedad un sentido de pertenencia. Frases simples, pero no por eso poco profundas, como “la Patria no se vende”, “la soberanía no se entrega” o “las Malvinas son argentinas”, parecen generar en el Gobierno una sensación de incomodidad; y se equivoca si no hace una lectura más correcta: las leyes que ha venido impulsando ya no son motivo de un debate meramente jurídico, ni se explican solamente entre periodistas o entre los sectores amigos a los que benefician. La sociedad ha comenzado a sentir que esas decisiones no le sirven, no construyen, no unen y no solucionan sus problemas. Reafirmo: hay momentos en la vida democrática en los que una decisión parlamentaria trasciende largamente el resultado de una votación. La Cámara de Diputados deberá tratar ahora el saldo del experimento legislativo que sobrevivió; y no es bueno tampoco lo que se quiere aprobar, solo sirve para destruir una de las herramientas que posee el Estado para planificar, preservar bienes estratégicos y generar la infraestructura necesaria. Ya no es solo la oposición parlamentaria, la que discute sobre estas cuestiones; ahora tenemos una sociedad que está atenta; algo a comenzado a cambiar, y eso explica, que la discusión sobre la Ley de Tierras, ya no sea una mera discusión jurídica. *Senador nacional por la provincia de Santiago del Estero y exgobernador.